El BBVA trata de poner fin a la polémica generada por su investigación sobre el caso Villarejo. Las dudas sobre el forensic que elaboró PwC y la entrega 'por fascículos' de las conclusiones alcanzadas llevaron a la Audiencia Nacional a encargar a la Policía Judicial que estudiara uno a uno los 2,3 millones de hits (evidencias) encontrados sobre los trabajos de espionaje que realizó José Manuel Villarejo para el banco entre 2004 y 2016. Ahora, tras el análisis de todo este material, el banco apunta que no se han encontrado evidencias nuevas porque no las hay.
"La Unidad de Asuntos Internos no ha localizado esos ítems supuestamente 'ocultos' sobre los que las acusaciones han hecho continuas insinuaciones. No ha ocurrido porque, sencillamente, esos ítems 'ocultos' no existen", dice la defensa del banco en un escrito al que ha tenido acceso La Información. La respuesta de la entidad, que está imputada en este procedimiento como persona jurídica, se produce después de que la actual jefa de seguridad, Inés Ochagavia, compareciera ante el juez el pasado 11 de marzo para arremeter contra el forensic del banco. En su comparecencia, la sucesora de Julio Corrochano explicó que atesoraba más material del que se había aportado a la causa y se comprometió a aportarlo en sede judicial al día siguiente.
Sin embargo, la directiva reculó dando pie a que fuera el banco el que aportara esa documental. Se trata de facturas y contratos desde el año 2004 que se incluían dentro del Google Drive al que Ochagavia hizo alusión y que recogían proyectos como el que se realizó sobre el Grupo Prasa. El mismo costó al banco cerca de 2 millones de euros y consistió en rastrear los activos de esta constructora por un impago con el banco de 100 millones de euros. Se da la circunstancia de que un total de 26 de estos documentos no se pudieron abrir correctamente, de acuerdo con otra documental aportada también por el banco. "Fue la propia Sra. Díaz Ochagavía quien se ofreció a entregar ese contenido, aunque después cambiara de criterio por razones que desconocemos", explica ahora la entidad que preside Carlos Torres.
En pie de guerra por el forensic
En su respuesta, el banco explica que pese a las dudas que suscitó esta confesión de la actual jefa de seguridad, el material ya se había aportado con anterioridad a la causa. En la cita judicial, los fiscales cuestionaron este extremo y por eso pidieron la documental en cuestión. Con todo, no es la primera vez que la Fiscalía Anticorrupción plantea dudas sobre este asunto. Durante la declaración del socio de PwC, Javier López Andreo, el pasado mes de marzo, los fiscales requirieron al perito que aportara determinados emails y ficheros a la causa tras declarar éste que alguna de las búsquedas realizadas no se entregaron en un primer momento a la Audiencia Nacional. Dijo que se trataba de los hits relativos a los espionajes a Luis del Rivero (Sacyr) o a Luis Pineda (Ausbanc), entre otros.
Esas declaraciones provocaron el enfado de los investigadores, que le recordaron que tenía que colaborar con la Justicia aunque fuera un perito de parte. Pero no fueron los únicos. Las 'víctimas' de todos estos trabajos denunciaron estos hechos y apuntaron que las pesquisas encargadas por la entidad no recogían la totalidad del material sobre Villarejo. Algunos incluso pidieron que se les facilitara a ellos el bruto de los documentos de PwC para realizar su 'contra-investigación'. El magistrado denegó estas pretensiones y ordenó a Asuntos Internos un análisis en profundidad de todas las evidencias localizadas por la auditora. Cinco meses después, el resultado es, según el banco, que no se ha localizado ninguna "información novedosa" sobre los proyectos por los que el Grupo Cenyt cobró 10,28 millones de euros.
El oficial policial adelantado por El Confidencial se divide en dos partes, siendo la primera la relativa a la técnica utilizada por PwC para identificar todo lo que atesoraba el banco que tuviera que ver con el espía. "En esta primera parte la UAI no hace ni una sola valoración negativa de la investigación interna de BBVA, no detecta ninguna anomalía en la revisión llevada a cabo por PwC sobre esos mismos 2,3 millones de ficheros, ni se refiere tampoco a ninguna supuesta ocultación de documentación relevante", responde la defensa letrada de la entidad. En la segunda parte Asuntos Internos recoge 140 ítems relativos a todos los archivos localizados. De nuevo dice BBVA que muchas de esas evidencias se entregaron en julio de 2019, días antes de su imputación en esta pieza novena del caso Tándem.
En estos años, empresarios y políticos que figuran como perjudicados en la causa han reprochado sistemáticamente a la entidad que haya actuado con opacidad en relación a este asunto. Sin embargo, BBVA insiste en que han colaborado con la Justicia llegando a aportar alrededor de 9.000 ficheros en una treintena de escritos. Con todo, la causa sigue avanzando y la próxima cita será este mismo miércoles cuando el magistrado Manuel García Castellón interrogue a tres mandos policiales (uno de ellos el inspector jefe Constancio Riaño) tras imputarles la pasada semana por consultas en las bases de datos de la Policía para los encargos particulares de Villarejo. Su citación se produjo después de que otros cuatro agentes de la Comisaría General de Información, también investigados en la causa, se desligaran de este asunto y apuntaran a órdenes de su superior, que entonces era Riaño.
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