Nuevas imputaciones en la investigación abierta en la Audiencia Nacional por los trabajos de Villarejo para BBVA. Cuando se cumple una semana de la comparecencia en sede judicial de mandos policiales imputados por filtrar información confidencial de bases internas, el magistrado ha dado un paso más y ha citado como investigado a su entonces superior en la Comisaría General de Información. Se trata de Constancio Riaño, un inspector jefe ya retirado que, según estos cargos policiales, les ordenó buscar datos de una serie de personas que estarían en la diana de los negocios de Villarejo. Se da la circunstancia de que este jefe policial será juzgado a partir de octubre por hechos similares cometidos en otro de los encargos del agente encubierto.
En la providencia recogida por La Información, el magistrado Joaquín Elías imputa a un total de tres mandos policiales por delitos de cohecho y revelación de secretos y les cita para el próximo 24 de marzo. Se trata, además de Riaño, de Manuel Novoa y José María Serrano Ydígoras. Ambos estuvieron en el foco de Anticorrupción por el trabajo de Villarejo para el despacho de abogados Herrero y Asociados. El magistrado les implicó en el cometido tras las consultas que efectuaron en bases de datos policiales. Estos hechos, por los que Villarejo se embolsó poco más de 300.000 euros, se investigaron en el marco de una de las primeras piezas abiertas en esta causa, bautizada como Iron. Sin embargo, cuando terminó la investigación el instructor dejó al borde del banquillo a Riaño pero archivó la causa para los otros dos.
Según plasmó entonces, aunque constaría acreditado que entregaron a sus superiores datos reservados de las víctimas del espionaje, no se ha justificado que recibieran dádivas a cambio o que conocieran que cometían una ilegalidad. Precisamente ese mismo argumento es el que emplearon en su cita ante el juez los cuatro policías imputados en la pieza del BBVA. El instructor les llamó a declarar a petición de Anticorrupción al constatar que se habían hecho búsquedas con sus claves privadas. Al analizar el contenido del material estudiado, los investigadores sospecharon que detrás de estas consultas podría estar Villarejo, máxime teniendo en cuenta que una de las personas indagadas es E.I Petrov; un ciudadano de nacionalidad búlgara que compartió celda con Luis Pineda mientras cumplió prisión provisional.
'Búlgaros'
Pineda es uno de los protagonistas de la investigación al BBVA por su enemistad con el entonces presidente Francisco González y por haber sido espiado por el policía. Fue precisamente en el análisis de la documentación incautada al comisario jubilado donde los agentes constataron que los cuatro imputados (entre ellos un inspector y un subinspector) efectuaron búsquedas en el fichero Adexttra sobre ocho personas extranjeras. La documentación se encontró en la carpeta que atesoraba Villarejo bajo el nombre de 'Búlgaros' y la fecha de estas consultas coincide con el tiempo en prisión del líder de Ausbanc. Los investigadores sospechan que el banco encargó estas pesquisas al Grupo Cenyt ante el temor de que Pineda se aprovechara sus vínculos con Petrov para vengarse de González por su guerra abierta en relación a las cláusulas suelo.
En su cita ante el juez el pasado jueves los cuatro mandos policiales explicaron que no sabían qué información buscaron ni para qué y que simplemente cumplieron órdenes de su superior. Se refirieron en concreto a Constancio Riaño, que en el momento de los hechos era inspector jefe de la Sección de Relaciones Institucionales de la UCAO. Al frente de esta unidad se encontraba Enrique García Castaño, alias 'El Gordo', un 'histórico' de esta causa de corrupción por su buena relación con Villarejo. Al respecto, los policías también precisaron que las órdenes fueron verbales y que éstas no quedaron registradas en ningún fichero interno. De este modo, y escuchados sus alegatos, el juez ha seguido tirando del hilo y pide ahora explicaciones a su entonces superior en la Comisaría General de Información.
Con todo, este pasado jueves el magistrado también tomó declaración a la actual jefa de seguridad del banco. Inés Ochagavia había pedido comparecer para explicar una serie de errores que encontró en el forensic elaborad por la entidad. La directiva, que sucedió a Julio Corrochano al frente de este departamento, desmintió que tuviera poder de decisión alguno en relación a los contratos con el Grupo Cenyt por los que el BBVA pagó un total de 10,3 millones de euros entre 2004 y 2017. Además, aportó correos y otra documental que probaría, según expuso, que mandó correos sobre los trabajos de Villarejo porque Julio Corrochano ya se había jubilado pero dejando claro siempre que eran cosecha del comisario retirado. No obstante, los investigadores pusieron el foco en este punto y le insistieron con el hecho de que figurara en copia en en muchas comunicaciones internas en las que se trató de estos asuntos.
Más material de Villarejo
En ese punto la directiva dijo que atesoraba material nuevo relativo a los trabajos de espionaje y que los aportaría a la causa un día después, cuando volviera para seguir declarando ante el juez. Se trataba de documentos que recopiló por orden del director de comunicación del banco, Tobin, y del exresponsable del área de regulación y control interno del BBVA Eduardo Arbizu, tras el estallido en prensa de los lazos del banco con el espía. Sin embargo, cuando acudió de nuevo a la Audiencia Nacional suavizó el tono y no entregó las facturas a las que se había referido el día anterior. Al respecto fuentes del banco explicaron que no hay más material inédito sobre este asunto y que el Juzgado Central de Instrucción número 6 ya tiene el resultado de todas las pesquisas internas que realizó PwC.
Como consecuencia de su declaración, la defensa de Pineda pidió un registro del domicilio de Ochagavia en aras a requisar las facturas y contratos a los que ella hizo mención. En su escrito, Pineda justificó la diligencia asegurando que se había producido un "cambio drástico" de su testimonio que justificaba la intervención del juzgado. El banco, por su parte, aportó un escrito este mismo martes en el que confirmaba que la información contenida en la carpeta de Google Drive a la que hizo alusión Ochagavia ya había sido aportada a la causa por parte de la entidad pero que volverían a presentar los documentos al juzgado. El magistrado, por su parte, está a la espera de conocer el resultado de la investigación encargada a la Policía Judicial para que revise los 2,3 millones de hits que entregó el banco de la pericial encargada a PwC.
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