En junio de 2018 BBVA ordenó una investigación interna para esclarecer las contrataciones del banco con José Manuel Villarejo. El asunto se puso en manos de PwC y sirvió a la entidad para defenderse de las acusaciones e insistir en que, al margen de la investigación penal que se sigue en la Audiencia Nacional, había abierto una vía paralela para depurar responsabilidades. Dos años y dos meses después, la situación se ha dado la vuelta y el 'forensic' se ha terminado convirtiendo en un quebradero de cabeza para la entidad, hasta el punto que ha llegado a pedir que se pusiera coto a las investigaciones por el uso que estaban haciendo del mismo las presuntas víctimas del comisario jubilado.
La situación comenzó a torcerse en febrero de este año. Javier López Andreo, socio responsable de Forensic en PwC en España, fue llamado a declarar para que explicara los pormenores del trabajo. Se trató de las primeras diligencias que se acordó tras levantarse el secreto de sumario en esta pieza novena del caso Tándem, lo cual implicó que los abogados de acusados y defensas estuvieron presente en la cita judicial. En ella, el perito defendió el sistema empleado (técnica del mapa de calor) para detectar todos los ficheros y palabras clave de los sistemas analizados y explicó que en un primer momento apartó de los resultados iniciales las búsquedas sobre el Grupo Hostil (Sacyr Vallermoso), Luis del Rivero, Fernando Martín (Martinsa Fadesa) o Luis Pineda.
Sus declaraciones dieron pie a que algunos de los letrados formularan férrea protesta por las prioridades de la investigación interna, mientras BBVA aclaró que se actuó de esa forma por una cuestión de celeridad puesto que el juzgado venía reclamando estos avances para la causa. En junio, toda vez levantado el estado de alarma, el perito volvió a declarar en sede judicial aunque en esta ocasión su testimonio provocó el enfado del juez y de los fiscales Anticorrupción. En esta última cita se le advirtió que aunque fuera un perito de parte tenía que colaborar con la Justicia ya que, de lo contrario, se podría deducir testimonio por delito de desobediencia. En esta ocasión, el socio de PwC dijo que el el informe del banco se empleó en el litigio abierto contra el exdirectivo Antonio Béjar por su despido en verano de 2019 y que de las búsquedas se eliminó el nombre de Carlos Torres.
Víctima de su forensic
En ese momento, muchas de las defensas lanzaron una batería de escritos al instructor en aras a solicitar que se incorporasen al sumario todas las búsquedas realizadas, sin expurgo. Algunas, como la del empresario Luis del Rivero o José Domingo Ampuero (expresidente del BBVA) fueron más lejos e incluso se ofrecieron a costear un nuevo forensic con los 442.999 hits encontrados sobre Grupo Hostil. Con este nombre bautizó el agente encubierto a Sacyr y todo su entorno en el marco del primer encargo efectuado por el banco, en 2004, que tenía por objeto frenar el intento de la constructora de tomar el control del consejo. Francisco González defendió al respecto que detrás de esta maniobra se encontraba el Gobierno de Zapatero.
La petición de diligencias llevó al banco a pedir que se zanjara esta línea de investigación y a lanzar un duro reproche a las acusaciones personadas en la causa. Según dijo, las víctimas del comisario jubilado estaban jugando "a pedirlo todo a ver si encuentran algo que les venga bien" y a hacer una suerte de auditoría general contra la entidad, imputada en verano de 2019 por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares. Además, advirtió que, de acceder a las peticiones y entregar todos los correos corporativos y archivos digitales se vulneraría la intimidad de terceros que nada tienen que ver con el procedimiento penal así como el secreto de empresa.
Tras estudiar la situación, el magistrado optó por reclamar al banco los 2,3 millones de hits encontrados en el forensic además de otros 223 correos electrónicos analizados durante la investigación interna, la cual todavía sigue abierta. Tras requerir todo este material lo ha puesto en manos de la Policía Judicial de la causa para que hagan una nueva búsqueda limitándose exclusivamente a los hallazgos que tengan que ver con la relación laboral del banco con Cenyt. De este modo, accede de forma parcial a las peticiones de las acusaciones aunque pone coto a esta nueva línea de investigación matizando que se adoptarán las "garantías necesarias" para el manejo de esta información y se excluirán documentos y comunicaciones privadas que no forman parte del objeto de esta pieza.
El departamento de Seguridad
En ese sentido rechaza la petición del exdirectivo de Riesgos Antonio Béjar de incorporar todos sus correos corporativos, pero adopta nuevas diligencias que pueden tornarse en contra del banco. En concreto, accede a interrogarle de nuevo para que explique lo que a su juicio son contradicciones del forensic. Y también solicita el organigrama completo del departamento de Seguridad Corporativa desde el año 2004 hasta la actualidad, además de un listado con la totalidad de personas adscritas al mismo. En lo que a Béjar respecta, el exdirectivo -que se desmarcó de la línea oficial del banco y colabora con la Justicia- rechaza estar detrás de las órdenes de pago a Villarejo, tal y como lo recoge el forensic.
Por eso pidió al instructor que requiriera a BBVA las normas internas que regulan la ejecución de pagos y varias citaciones sobre empleados vinculados a las labores de transferencias de factura a Cenyt. El juez rechaza esta parte y recuerda que el banco tiene derecho a no facilitar nada que pueda resultarle incriminatorio debido a que rinde cuentas con la Justicia por los pagos a Cenyt de 10,3 millones de euros. De hecho, insiste que solo se va a analizar lo recogido en el forensic. Ahora bien, accede a tomarle declaración a él y al exalto cargo del banco Julio Arturo Sáenz de Buruaga de la Cruz, por el conocimiento que pudiera tener de la emisión de facturas. Béjar ya apuntó en sede judicial que tanto la contratación como los pagos se efectuaron por orden de Julio Corrochano (entonces jefe de seguridad) y por la excúpula del banco.
Precisamente, las conclusiones del forensic al apuntar a este departamento como el responsable de los lazos con Villarejo han provocado que la actual jefa de seguridad, Inés Díaz Ochagavia, solicite su declaración en el caso. Será la primera vez que sea interrogada en sede judicial, en donde denunciará irregularidades de este forensic. Además, el juez deja claro que también quiere escuchar a Elena Martín, antigua secretaria de Corrochano. De ahí que la onda expansiva de esta investigación de parte haya terminado por abrir nuevas vías de investigación en aras a esclarecer más detalles sobre las contrataciones del comisario con el entramado del banco.
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