Las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial vuelven a sufrir su enésimo revés. El terremoto político producido esta mañana tras conocerse la moción de censura en Murcia contra el PP y su posterior derivada en la Comunidad de Madrid ha acabado por salpicar de manera directa a las conversaciones que se siguen para sellar un pacto de renovación del Poder Judicial. "Volvemos a la casilla de inicio", han dicho fuentes de las negociaciones consultadas por La Información en relación a este asunto asegurando que la fractura, en este momento, es absoluta.
Hace apenas una semana el acuerdo entre Gobierno y Partido Popular parecía una realidad. Sin embargo, el cruce de reproches y la 'cuota de poder' que fuera a tener Podemos en el nuevo órgano de gobierno de jueces volvió a dejar la cuestión en punto muerto. Desde entonces las conversaciones se habían seguido produciendo entre los negociadores iniciales, esto es: el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, Enrique López. El escollo principal reside en la figura del magistrado José Ricardo de Prada. La propuesta del PSOE sigue siendo vetada por la formación que lidera Pablo Casado al considerar que no puede ser candidato por el turno de juristas.
Además, también rechazan darle el visto bueno al magistrado de corte progresista ya que integró el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó y condenó al PP como responsable civil subsidiario de la trama Gürtel. Las discrepancias sobre esta propuesta, no obstante, eran vistas tanto por un lado como por otro como un obstáculo que se terminaría superando para renovar un CGPJ que lleva en funciones más de 26 meses. Sin embargo, los cambios en el terreno político que se han ido precipitando a lo largo de la mañana y que han tenido como epicentro la Comunidad de Madrid, han vuelto a tumbar cualquier posibilidad de pacto, al menos a corto plazo. En el CPGJ vuelven a tomarse este asunto con resignación y no confían en una salida cercana al conflicto, según las fuentes consultadas por este diario.
Lesmes mantiene los plenos
Lo cierto es que los vaivenes políticos en esta negociación están afectando al calendario trazado ya que, aunque en un principio se suspendieron los nombramientos pendientes de aprobar, finalmente salieron adelante tras la convocatoria de un Pleno extraordinario. Eso sí, se retiraron del orden del día dos elecciones clave en el Tribunal Supremo (Sala Civil y Social) a la espera de un acuerdo que no ha llegado a producirse. Además, las votaciones estuvieron más ajustadas que en anteriores nombramientos de jueces donde imperó un mayoría más amplia. En esta última ocasión, había discrepancias acerca de si dar luz verde a estas candidaturas -algunas de ellas pendientes desde hace más de un año- o bien esperar a la 'fumata blanca'. Con todo, el órgano sigue adelante y el 25 de marzo celebrará su próximo Pleno.
Y ello pese a que el propio Carlos Lesmes ha pedido en numerosas ocasiones que lleguen a un pacto de renovación de los 20 vocales porque se trata de un mandato constitucional. Incluso llegó a suspender hasta en dos ocasiones los nombramientos pendientes a lo largo del año 2020 ante las noticias de un acuerdo inminente. El pasado verano las negociaciones parecían encauzadas cuando un nuevo 'encontronazo' entre Partido Popular y Podemos por las críticas al Rey Emérito volvieron a poner el marcador a cero. A finales de año el acercamiento entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Casado se materializó en un nuevo impulso al diálogo, esta vez encargado a Félix Bolaños y Teodoro García Egea.
Cruce de vetos
El acuerdo -que también incluía la renovación del Tribunal Constitucional, de RTVE y del Defensor del Pueblo- se daba por hecho cuando el 25 de febrero, y tras dos días de vetos cruzados, la cuerda se terminó por romper. Tal y como adelantó La Información, el estancamiento se produjo con el veto del Gobierno al magistrado Alejandro Abascal, que ejerce de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Fuentes de Moncloa lo vinculado al caso Villarejo -que instruye el titular de ese juzgado, Manuel García Castellón- y apostaron porque decayera su candidatura. El PP respondió manteniendo el pulso con De Prada y con la magistrada Victoria Rosell, la cual al final habría decaído de las quinielas.
De este modo pareció tambalear los nombres cerrados en la lista del acuerdo hace más de dos años, cuando la filtración de un whatsapp de Ignacio Cosidó apuntando al control de la Sala de lo Penal del Supremo previo juicio de la trama Gürtel, dio al traste con la renovación. Las fuentes consultadas aseguran que poca modificación ha habido en relación a las propuestas, si bien los últimos desacuerdos cuestionaron incluso las quinielas que se barajaban para la presidencia del CGPJ y del alto tribunal. Y es que hasta el momento los nombres que se pusieron sobre la mesa fueron los de las magistradas del Supremo Lourdes Arastay, Ana Ferrer y Pilar Teso, siendo esta última la que se perfilaba como la elegida por su perfil progresista moderado. El PSOE mantiene que quiere que, por primera vez en la historia, sea una mujer la que presida la institución.
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