Habemus acuerdo para ampliar la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional para todas las familias vulnerables. El Gobierno de coalición ha superado las diferencias de las últimas horas y han llegado a un pacto para vetar los lanzamientos en viviendas por impago tanto de la hipoteca como del alquiler, según confirman fuentes gubernamentales que han participado en las negociaciones. Tanto PSOE como Unidas Podemos han tenido que ceder para alcanzar el pacto final en unas conversaciones mantenidas entre el Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos y la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 que capitanea Ione Belarra. La decisión afecta tanto a las viviendas de los bancos y fondos de inversión como a las de los particulares más modestos, pero con alguna diferencia.
Había importantes disensiones entre socialistas y morados que han podido solventarse en un miércoles de intensas negociaciones. En primer lugar, y probablemente esta fuera la principal diferencia entre los socios, por el papel que deben jugar los servicios sociales a la hora de certificar la vulnerabilidad de una familia de cara a un posible desahucio. El PSOE ha aceptado que sean los profesionales asistenciales de comunidades autónomas y ayuntamientos quienes certifiquen al juzgado, a través de un informe preceptivo, que los afectados por el alzamiento se encuentran en una situación límite. Los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente ese informe en el caso de que los afectados/as aleguen vulnerabilidad.
Para Unidas Podemos era esencial que exista en el momento efectivo del desahucio una alternativa habitacional para poder realojar a los afectados. Es decir, que la familia tiene que estar ubicada en otra vivienda antes de ejecutar el desahucio. El Ministerio de Transportes ha aceptado clarificar mejor esta situación y serán las Comunidades Autónomas las que ofrezcan esta alternativa habitacional. Será siempre una vivienda considerada "digna", no un albergue, por ejemplo.
Habrá también una diferenciación entre grandes propietarios y los tenedores más modestos. Para los de Pablo Iglesias era fundamental que cualquier tipo de ayuda, exención o, incluso, la participación directa del Estado a través del pago de una alternativa habitacional esté dirigida a los dueños de pisos modestos que complementan sus rentas con estos alquileres, pero no ha sido posible incluir esa mención. Los morados querían que los bancos y fondos de inversión ofrecieran soluciones a las familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler, en el caso de que el piso vaya a quedar vacío y lo han conseguido. De esta forma, en el pacto se incluye que las familias en precario en viviendas de grandes tenedores -propietarios de más de una decena de viviendas- podrán acceder en un periodo de tres meses una nueva vivienda proporcionada por las CCAA. Esta situación afecta a las "okupaciones".
En las conversaciones entre socialistas y morados se ha hablado, asimismo, de que la administración puede ofrecer a la familia en riesgo de desahucio abonar un alquiler, ya sea en la vivienda en la que reside y que no puede pagar o en otra. Se trata del "Programa de ayudas al alquiler de vivienda" para sectores de población con escasos medios económicos que ofrece el pago de hasta 900 euros al mes durante cinco años.
PSOE y Unidas Podemos también han tenido fricciones por la duración de la medida. El equipo de José Luis Ábalos quería que el decreto de prohibición de los desahucios se limitara hasta el próximo 9 de mayo, que es cuando finalizará, en principio, el actual estado de alarma, pero los morados querían más. Se ha impuesto el criterio de los socialistas.
Los desahucios han salido pero la prohibición del corte de los suministros básicos se encuentra totalmente estancada. En este terreno la negociación la lleva la Vicepresidencia cuarta de Teresa Ribera con Unidas Podemos. Ningún avance y el tiempo juega en contra de los negociadores. El frío es una realidad y las compañías energéticas ya han amenazado a sus clientes de paralizar el servicio de agua, luz y gas si prosiguen los impagos.
El acuerdo en el Gobierno llega después de que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu retiraran la enmienda conjunta que habían presentado a los Presupuestos para prohibir los desahucios hasta el 2022, al considerar que se ha alcanzado un acuerdo dentro del Gobierno para promover esta medida a través del decreto que se aprobará en un próximo Consejo de Ministros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios