El BBVA cree que es "absolutamente improcedente" que la directora global jurídica del banco pueda ser llamada a declarar en la Audiencia Nacional para explicar los pagos al comisario jubilado José Manuel Villarejo por los presuntos servicios de espionaje encargados y que se investigan en el marco de la pieza 9 del caso 'Tándem'. Así, responde a la petición del que fuera responsable de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias Antonio Béjar, que insiste en que María Jesús Arribas comparezca como testigo ante el juez instructor Manuel García Castellón para interrogarla sobre la información remitida al juzgado que detalla las facturas abonadas a Cenyt y sus correspondientes autorizaciones.
En un escrito con fecha del 17 de mayo, al que ha tenido acceso La Información, la entidad afirma que la petición de Béjar "carece de sentido", ya que Arribas, como responsable de los servicios jurídicos del banco, tan sólo se limitó a enviar "por correo electrónico" un "cuadro o tabla" en el que se indicaban los servicios pagados a las empresas de Villarejo, la persona encargada de verificar que el trabajo contratado tuvo lugar, así como el responsable de autorizar los pagos.
Según un informe de la Unidad de Asuntos Internos incorporado al sumario de la causa, entre los años 2004 y 2017 Villarejo habría recibido 10,2 millones de euros procedentes del BBVA para costear sus labores de espionaje. Por estos hechos, la entidad está investigada como persona jurídica en la pieza 9 del caso 'Tándem'.
El escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 recuerda que la recopilación de la información fue encargada a PricewaterhouseCoopers (PwC) y que Arribas "ni tan siquiera firma" los documentos trasladados al juez. Por ello, tacha de "inútil" la diligencia solicitada por el también expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), que fue despedido en septiembre de 2019 tras saltar a la luz su presunta implicación en los encargos a Villarejo, y por lo que se encuentra investigado en el marco del caso 'Tándem'.
BBVA afirma que lo que quiere hacer Béjar con la declaración solicitada es "negar" que él fue quien autorizó el pago de una determinada factura, tal y como consta en la pericial realizada. Así, le insta a que directamente refute la conclusión que extrae PwC de las "evidencias" plasmadas en su informe, puesto que la "declaración de la directora de los servicios jurídicos nada puede aportar", pues "nada sabe" de cómo la consultora formó su criterio técnico para elaborar su informe pericial, ni qué documentación consideró relevante a esos efectos.
Secreto profesional
Como hiciera en otro escrito similar del pasado mes de abril contestando a esta misma petición formulada por Béjar en su intento de desvincularse del conocido como 'caso Villarejo', BBVA insiste en que la directora global jurídica "no podría contestar a la mayoría de las posibles preguntas que se le formularan por estar sujeta a las obligaciones que le impone el secreto profesional".
El exdirectivo del banco no comparte esta postura y en un escrito posterior dirigido al juez criticó duramente que se invocara al derecho de secreto profesional con "vehemencia" y "desprecio". "No nos parece que nuestro escrito de 15 de abril incurriera ni en vehemencia ni mucho menos en desprecio hacia nadie", replica la entidad bancaria, que asegura que tan solo se limita a cumplir con su deber y derecho de defensa, "con mayor o menor fortuna, pero de forma leal".
Pero la contestación no queda aquí, pues el escrito continúa diciendo que "informar al instructor de que un hipotético testigo no puede prestar declaración por estar sujeto al secreto profesional no es sino actuar lealmente con la Administración de Justicia". Asimismo, recuerda que Arribas no solo es abogada interna de BBVA, sino que forma parte del equipo de defensa de la entidad y que "por increíble que le pueda parecer a la representación del señor Béjar, los abogados internos también pueden actuar como defensores de la empresa en la que trabajan".
Por todo ello, considera "inadmisible" la declaración de la directora jurídica porque supondría "obligar" a los letrados del banco a prestar declaración en esta causa, vulnerando así el derecho de defensa de BBVA. Se busca "indebidamente interrogar como testigo a una parte investigada utilizando para ello a quien forma parte junto con los abogados externos del equipo de defensa de la entidad", concluye el escrito.
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