El Gobierno ya tiene un plan de legislatura y depende de Europa. El éxito o el fracaso del Gobierno de coalición de las izquierdas a la hora de sacar a España de la crisis en que la ha sumido la pandemia se medirá por la capacidad que demuestre el Ejecutivo para optimizar el aprovechamiento de los cerca de 140.000 millones de euros entre transferencias directas y préstamos baratos que tendrá a su disposición en la ventanilla de Bruselas a lo largo de los próximos años.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pelearon duro en Bruselas durante meses para conseguir el apoyo financiero de Europa para su Plan de Reconstrucción. Conseguido el objetivo, ahora les toca demostrar la visión y la capacidad de gestión suficiente para que esos fondos se conviertan en el trampolín que el Gobierno espera para modernizar la economía española y asegurar su transición hacia una economía más digitalizada y más respetuosa con el medio ambiente...y también para alcanzar los ambiciosos objetivos económicos a los que se ha comprometido. A corto plazo, conseguir que la economía española crezca un 9,8% en 2021 y recupere el próximo año buena parte de la prosperidad perdida en este año de pandemia; a medio plazo, alcanzar el PIB anterior a la crisis sanitaria a finales de 2022 y no a finales de 2023 o 2024 como auguran los analistas.
Moncloa va a poner toda la carne en el asador para conseguirlo. De momento ya ha decidido que no va a esperar a que la lenta maquinaria europea se ponga en marcha y libere los fondos comprometidos - algo que podría ocurrir a partir del verano de 2021 - para empezar a gastar. Sánchez quiere poner en marcha su Plan de Reconstrucción lo antes posible y está decidido a emitir deuda durante la primera mitad del año para poner en marcha los planes de inversión previstos sin tener que esperar a los fondos procedentes de Europa. La maniobra generará un cierto sobrecoste a las arcas públicas, pero desde el área económica del Gobierno entienden que éste se verá compensado con creces por la generación de actividad económica que se producirá en cuanto se empiecen a ejecutar las inversiones previstas.
Los 'superpoderes' de los fondos europeos
La Vicepresidencia de Asuntos Económicos le tiene mucha fe a la capacidad tractora que pueden tener los fondos europeos sobre la economía española. Tanta que ha calculado que sumarán 2,6 puntos al PIB en 2021 y generarán una recaudación fiscal como nunca antes ninguna inversión generó en España. Los hay menos optimistas. El Banco de España cree que la aportación al crecimiento será de la mitad como mucho, en parte porque entiende que España no tendrá capacidad para ejecutar los más de 26.000 millones durante 2021, y organismo privados como Funcas entienden que su aportación estará en torno a 1,5 puntos anuales.
Desde el departamento que dirige Nadia Calviño se defienden sus estimaciones con el argumento de que las inversiones previstas en el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia generarán un dinamismo sin precedentes. ¿Por qué? Por los ámbitos a que se destinan: el 70% de los mismos se aplicarán a proyectos de transición ecológica y digitalización, dos de los ámbitos donde el tejido productivo español acumula un mayor déficit y dónde las necesidades llevaban localizadas desde hace tiempo...a la espera de disponer de los fondos para darles cobertura.
El Gobierno confía en que la existencia de un diagnóstico previo permita una aplicación más sencilla y ágil de los fondos europeos en aquellos proyectos que ya estaban planteados o como mínimo perfilados. Hará falta porque las estadísticas de la Comisión Europea indican que la capacidad de España para absorber fondos europeos no se caracteriza precisamente por su vigor. La ejecución media está en el 30% y eso que España apenas gestiona unos 3.000 millones de fondos europeos al año. En 2021 serán más de 26.000 millones.
Las empresas ven alguna objeción más. La ejecución de los fondos va a depender en su totalidad de la Administración Pública, lo que consideran que puede retrasar su asignación y comprometer su mejor aprovechamiento, y además solo la mitad van a dirigirse a proyectos desarrollados por el sector privado. Según los cálculos realizados por CEOE, los fondos que llegan al sector privado movilizan cuatro veces más recursos que los que se orientan al sector público.
Un marco legal más favorable...y una gobernanza enrevesada
Para optimizar la capacidad de la Administración española para absorber fondos europeos el Gobierno acaba de aprobar un Real Decreto - que no entrará en vigor hasta el próximo 1 de enero - que trata de remover los obstáculos legales y los cuellos de botella administrativos que de alguna manera dificultaban la aplicación efectiva de las inversiones públicas. Desde el Gobierno se espera que esta herramienta legal sirva para reducir a la mitad los plazos ordinarios de tramitación de la asignación de subvenciones públicas o de los procedimientos de contratación.
Uno de los aspectos que despiertan más dudas es el esquema de gobernanza escogido por el Gobierno. La definición estratégica de la hoja de ruta a la que servirán los fondos procedentes de Europa le corresponderá a la Vicepresidencia de Asuntos Económicos de Nadia Calviño, que se encargará de la definición del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el Gobierno tiene previsto llevar en enero a Bruselas, con su pack de reformas estructurales incluido. Sin embargo, la selección de los proyectos de inversión que de alguna manera concretarán ese planteamiento estratégico se hará de la Comisión de Recuperación, sobre la que Calviño no tendrá control, ya que en ella estarán representados todos los ministros, cuatro secretarios de estado y otros cinco altos cargos entre los que destaca la directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Mercedes Caballero, que será la interlocutora del Gobierno con Europea y la máxima autoridad en materia de gestión de los fondos.
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