Ocho altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez comenzaron a cobrar una indemnización de hasta 7.000 euros mensuales días antes de decretarse el estado de alarma. Así lo desvela la Oficina de Confictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que acaba de dar a conocer qué ministros o secretarios de Estado durante la anterior legislatura están cobrando esta compensación por los dos años de incompatibilidad que fija la ley. En ese tiempo no deberían poder ejercer un puesto en la empresa privada, aunque como en el caso de la exresponsable de política macroeconómicas de Nadia Calviño, hay excepciones.
El único ministro de Sánchez que está cobrando esta indemnización, siempre según los datos que aporta el Departamento de Carolina Darias en el Portal de Transparencia, es José Guirao, el titular de Cultura y Deporte, que cesó en el cargo el pasado 12 de enero, cuando comenzó a recibir una mensualidad de 4.990,54 euros. La semana pasada se conoció que se reincorporaba a la Fundación Montemadrid, de la que salió el 13 de junio de 2018 para incorporarse al consejo de ministros, por lo que habrá recibido cuatro nóminas y casi 20.000 euros por el año y medio que estuvo en el Gobierno.
En situación similar se encuentra el Félix Sanz Roldán, exsecretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La fecha de su cese fue el 5 de julio de 2019 y tiene derecho a una indemnización de 6.848,98 euros hasta el 1 de julio de 2021. Comenzó a percibirla el 1 de agosto de 2019, pero el Gobierno no había actualizado esta información hasta ahora.
Otro secretario de Estado cesado que tiene derecho a 6.848,98 euros al mes de indemnización es Octavio Granado, el que fuera responsable de Seguridad Social con Magdalena Valerio al frente del Ministerio de Trabajo. Hay que recordar que Granado era profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Burgos antes de ser llamado por el Gobierno de Sánchez para incorporarse a su segunda etapa en el Ejecutivo.
En idéntica situación se encuentran Juan Pablo de la Iglesia, exsecretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe con Josep Borrell en el Ministerio de Exteriores; Luis Aguirano, que fue secretario de Estado para la UE; Fernando Martín-Valenzuela, exsecretario de Estado de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación; y Consuelo Rumi, que fue responsable de Migraciones. Todos tiene derecho a percibir 6.848,98 euros/mes hasta octubre del 21 o septiembre de ese año, en el caso de Rumi.
María José Rienda, por su parte, que fue presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y que también tuvo rango de secretaria de Estado, ha percibido una indemnización de 5.907,76 euros. Semanas después de ser sustituida por Irene Lozano se reincorporó a su anterior trabajo en la estación de esquí de Sierra Nevada.
Estas indemnizaciones se han abonado a todos los cargos del Gobierno que fueron cesados y tuvieron que permanecer en el 'paro' durante varios meses. Así, tras la moción de censura de 2018, catorce de los quince secretarios de Estado del Ejecutivo de Mariano Rajoy reclamaron la correspondiente cuantía. Todos eran unos referentes en sus materias como números dos de los diferentes ministros o del presidente y la vicepresidenta, y de la noche a la mañana se vieron 'condenados' al ostracismo de los dos duros años de incompatibilidad a la que deben estar sometidos.
Estos catorce exsecretarios de Estado del Gobierno del PP cobraron 6.549,33 euros mensuales y comenzaron a percibir la indemnización apenas unos días después de ser desalojados del poder. La prestación económica se encuentra tasada por ley (Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado) y equivale al 80% de su retribución anual durante el ejercicio del cargo durante, como máximo, los dos años siguientes al cese.
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