La renovación del Consejo General del Poder Judicial (GCPJ) podría estar más cerca tras dos años de tira y afloja en las negociaciones. Los hechos acaecidos en la última semana han sido determinantes para que Gobierno y Partido Popular acerquen posturas en aras a salir del bloqueo actual. Aunque ambos han mantenido líneas rojas que no estarían dispuestos a saltar, las advertencias de Bruselas y los reproches de los jueces han provocado un acercamiento que, según fuentes cercanas a las negociaciones consultadas por este diario, podría llegar a buen término.
Para entender la fotografía actual hay que volver al mes de julio. Entonces, el CGPJ paralizó por segunda vez los nombramientos discrecionales pendientes ante el avance de las negociaciones entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la formación que lidera Pablo Casado. Hasta ese momento, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, se había dirigido por carta en cuatro ocasiones a las presidentas del Senado y del Congreso instando a una renovación del órgano, en funciones desde diciembre de 2018. El acercamiento a principios de ese mes entre Casado y Sánchez apenas duró unas semanas y se vio truncado por la línea roja que trazó el PP a los ataques de Pablo Iglesias contra el Poder Judicial y el Rey Emérito.
Este parón, que se escenificó por parte de los equipos negociadores como una ruptura sin posibilidad de vuelta atrás, podría sufrir un nuevo viraje. Las fuentes consultadas explican que las negociaciones nunca llegaron a romperse del todo debido principalmente a la buena sintonía entre el interlocutor del PP y consejero madrileño de Justicia, Enrique López, y el ministro del ramo, Juan Carlos Campo. No obstante, el asunto preocupaba en el mundo de la judicatura hasta el punto que el propio Lesmes expuso en su discurso de apertura del año judicial en presencia del Rey Felipe VI que el bloqueo existente constituía una "seria anomalía" que había que subsanar. El tradicional corrillo posterior al acto, aunque marcado por la crisis de la covid, de nuevo tuvo como tema estrella el futuro incierto del órgano de gobierno de jueces así como el 'veto' del PP a que Podemos se hiciera con tres de las 20 vocalías a renovar en el CGPJ.
En el punto de partida
La escalada de tensión ha ido en aumento hasta que esta misma semana los dos socios de Gobierno registraban una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para cambiar el sistema de elección de los vocales. La propuesta, que al tramitarse en la cámara baja elude los informes preceptivos que sí se hubieran elaborado si la iniciativa hubiera sido del Ejecutivo, levantó ampollas en el CGPJ y puso en pie de guerra a tres de las cuatro asociaciones mayoritarias de jueces, las cuáles advirtieron de que la norma tenía visos de inconstitucionalidad. Ese mismo martes, los jueces europeos avisaron que España no solo no está cumpliendo con las recomendaciones del grupo GRECO del Consejo de Europa sino que actuaba en la dirección contraria al facilitar con el cambio que la elección de vocales se pueda hacer con mayoría parlamentaria y, por tanto, sin el debate político que marca la Ley.
El siguiente toque de atención lo dio Bruselas al considerar que mermaría la independencia de los jueces e implicaría una mayor politización de la Justicia, acercándose de esta forma a sistemas como el instaurado recientemente en Polonia. La señal de alarma hizo temer también por la recepción de 140.000 millones de euros del fondo europeo de recuperación para hacer frente a los estragos de la pandemia. Sin embargo, aunque es muy poco probable que esta partida se vea afectada por los cambios legislativos impulsados por Podemos y PSOE, la presión de Bruselas y la intención del Ejecutivo de sacar adelante su proposición de ley han hecho mover ficha a los negociadores.
Así, el primero en acercar posturas fue el consejero madrileño Enrique Lopez, el cual, en entrevista al diario La Razón se mostró abierto a retomar el diálogo aunque, eso sí, sin reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Su declaración de intenciones fue bien recibida por el presidente del Gobierno el cual desde Bruselas aceptó la invitación en aras a llegar a un acuerdo "mañana mismo". El líder popular, Pablo Casado, respondió añadiendo que habrá acercamiento si acepta la 'contrarreforma' de despolitización de la Justicia que su grupo parlamentario prevé presentar este mismo lunes en la cámara baja.
Retirada de las candidaturas
Al margen de estas líneas rojas, la clave sigue siendo el reparto de las 20 vocalías entre jueces y magistrados y juristas de reconocido prestigio. Las fuentes consultadas explican que en el segundo intento de acuerdo del pasado mes de julio (el primero se truncó tras la filtración de un whatsapp de Ignacio Cosidó), se puso sobre la mesa una distribución de diez vocales elegidos por el PP mientras que los otros diez (incluido la presidencia) los escogería el partido del Gobierno, el cual mantiene que sea una mujer la persona que sustituya a Carlos Lesmes. De encauzarse este acuerdo, el PSOE propondría diez vocales de los cuáles uno sería por parte del PNV, de manera que Podemos no participaría en esta renovación del órgano.
La falta de consenso político y la utilización del CGPJ han terminado por cansar al órgano de jueces, los cuáles consideran que aunque situación de bloqueo no podía extenderse por más tiempo, la vía por la que ha optado el Gobierno tampoco es la adecuada porque España se aleja de este modo de las recomendaciones que viene efectuando Europa desde 2013. Así lo expusieron fuentes del órgano de gobierno a este diario mientras que desde las asociaciones de jueces se habló de "disparate" y de que el texto acabaría ante el Tribunal Constitucional. Pese a ello, el hartazgo de los jueces viene de lejos y ha provocado que Foro Judicial Independiente proponga al resto de asociaciones la retirada de sus candidatos como "único gesto que está a la altura del desafío de la reforma".
El 'no' al ministro
"Los ciudadanos no pueden entender que, cambiándose las reglas del juego sobre la marcha, haya asociaciones que se sigan prestando al control político de la Justicia", reza la asociación, la cual siempre ha rechazado participar en el reparto de vocales. Por su parte, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria (AJFV) han anunciado que no acudirán a encuentros con el ministro Campo mientras el Ejecutivo no retire la proposición de ley registrada a comienzos de la semana pasada. Un gesto que viene a romper con la tónica mantenida los últimos meses en los que se han incrementado las reuniones entre los interlocutores en aras a dar solución a los problemas de acumulación de trabajo y falta de medios que se han agravado tras la covid.
Los desencuentros se producen en un contexto especiamente tenso. En este último año el Poder Judicial ha respondido hasta en dos ocasiones a las críticas vertidas por Pablo Iglesias en relación a la independencia de los jueces emitiendo sendos comunicados del todo inusuales en los que pedía al vicepresidente segundo del Gobierno "responsabilidad institucional". A ello hay que añadir la polémica surgida en torno a la última entrega de despachos a la nueva promoción de jueces y que, por vez primera, no contó con la presencia de Felipe VI desde que es Jefe de Estado. Un gesto que fue duramente criticado por la judicatura y se achacó a las exigencias de las formaciones independentistas en plena negociación del borrador de los presupuestos con el Gobierno. Moncloa, por su parte, desmintió esta versión y dijo que su ausencia se debía a motivos de seguridad.
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