La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no ha conseguido por el momento desatascar el prometido subsidio para más de medio millón de parados que han agotado sus prestaciones durante la pandemia, debido a las reticencias que ha generado esta iniciativa en el área económica del Gobierno. Sin embargo, la factura millonaria que supondría esta ayuda sí está contemplada en el incremento del gasto que experimentará el próximo año la partida para prestaciones por desempleo, según confirman a La Información fuentes del Ministerio de Trabajo.
La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, afirmó este miércoles durante la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 en el Congreso de los Diputados que el coste de la medida será "perfectamente asumible" en el incremento del 20% que experimentará el año que viene la partida de prestaciones por desempleo, que escalará hasta los 25.012 millones de euros. Según indicó Gualda, el impacto presupuestario de las personas que han perdido la prestación y no han tenido ningún tipo de ingreso durante el estado de alarma asciende a unos 262 millones de euros.
Desde Trabajo, sin embargo, indican que el impacto presupuestario de este eventual subsidio todavía no está cerrado, porque en estos momentos se están "ajustando las características". Sí garantizan que la medida está incluida dentro de la partida de prestaciones por desempleo, aunque no aparece desglosada en el Proyecto de Ley de Presupuestos. En cualquier caso, la intención de Díaz es volver a poner esta iniciativa sobre la mesa del diálogo social, donde los sindicatos están ejerciendo una especial presión, para activar el subsidio cuanto antes y que pueda llegar a más de 550.000 beneficiarios, según sus propias estimaciones.
Hace apenas una semana se informaba en estas páginas de que el Ministerio de Trabajo se estaba dando de bruces con la Vicepresidencia de Asuntos Económicos en su intento por sacar adelante este prometido subsidio que acumula más de tres meses de retraso. Hay que recordar que se trata de una ayuda de 430 euros para los parados que hayan agotado sus prestaciones desde el estado de alarma y hasta el 30 de septiembre. La medida se introdujo por iniciativa sindical en el II ASDE (Acuerdo Social en Defensa del Empleo) firmado en junio con el Gobierno y las organizaciones patronales y Trabajo la tiene prácticamente lista, pero no ha llegado a ponerla sobre la mesa del diálogo social porque hasta ahora tenía el freno de Economía.
Aunque el Ministerio de Trabajo no ha llegado a trasladar de manera oficial el eventual impacto presupuestario de esta medida, el gasto que insinuó ayer la secretaria de Estado de Presupuestos podría quedarse corto. Un cálculo rápido aproxima el desembolso a los 710 millones de euros, tomando como referencia una triple nómina de 430,27 euros para 550.000 beneficiarios. La idea de Yolanda Díaz era poner este subsidio en marcha durante tres meses, según trascendió en agosto, pero los sindicatos apostaban por una mayor cobertura que se alargara durante seis meses ante las dificultades para encontrar empleo en el contexto actual. De ahí que todavía se estén "ajustando las características", como afirman en Trabajo.
Lo que es seguro es que, según el Proyecto de Presupuestos, el gasto en desempleo ascenderá en 2021 a 25.012 millones de euros (24.661 millones para el pago de prestaciones y los 351 millones restantes para gastos de funcionamiento), un 20% más que en 2020. Aunque hay que tener en cuenta que la partida presupuestada inicialmente para este año se ha visto alterada por la pandemia y ha quedado completamente desfasada por la escalada del paro y los ERTE. De hecho, a la espera de cómo evolucione el mercado laboral en el último trimestre, los técnicos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ya estiman que la factura final de este año podría superar los 30.000 millones, frente a los 20.820 presupuestados.
En el Proyecto de Presupuestos el Gobierno explica este incremento para dar respuesta a "las necesidades de protección de los desempleados en un contexto de crisis provocada por la pandemia". Así, se incrementan los recursos para financiar la protección de los nuevos beneficiarios que resultan del impacto en el mercado laboral de la crisis sanitaria y se incluyen dotaciones para la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de las medidas para los trabajadores en ERTE, aunque no se descarta ampliar este último concepto si la situación sanitaria no mejora y son necesarias nuevas prórrogas de los ERTE, según adelantan desde Trabajo. Además, se incorpora el impacto de la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que afecta al cálculo de las prestaciones.
La subida en más de 4.000 millones del gasto en desempleo obedece principalmente a la evolución que se prevé de los colectivos objeto de protección. En este sentido, el Gobierno explica que, ya antes del estallido de la crisis Covid en marzo se venía registrando una subida "importante" de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo respecto a 2019. Así, en febrero de 2020 era del 65%, mientras en febrero de 2019 era del 61%. Esto, según el Ejecutivo, evidencia "la eficacia del sistema de protección por desempleo y explica en parte la evolución creciente de las dotaciones de esta política para el próximo ejercicio, si bien es la actual situación económica originada por la crisis sanitaria lo que motiva principalmente un aumento del número de beneficiarios de las distintas prestaciones".
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