Pieza parcialmente secreta

El exnúmero 2 de Interior busca acceder al relato secreto de Bárcenas y su chófer

Recrimina que estas diligencias de calado las mantenga en la más estricta reserva mientras la causa apunta ya a exaltos cargos del Partido Popular.

francisco martínez audiencia nacional
Martínez y su defensa en las inmediaciones de la Audiencia Nacional. 
Agencia EFE | L.I

La investigación parcialmente secreta del espionaje a Luis Bárcenas está poniendo nerviosos a mandos policiales y políticos implicados en ella. Si primero fue el comisario jubilado José Manuel Villarejo quien protestó por esta decisión del juez, ahora hace lo propio Francisco Martínez. El que fuera secretario de Estado de Seguridad bajo el Gobierno de Mariano Rajoy quiere acceder a esta parte de la pieza que el instructor mantiene oculta para no poner en peligro la investigación que tiene como objetivo final esclarecer quién dio las órdenes de impulsar el espionaje ilegal a Luis Bárcenas.

En el marco de esta 'subpieza' ha declarado, hasta el momento, el que fuera chófer del extesorero del PP, Sergio Ríos Esgueva, y el propio político, que este lunes vuelve a sentarse en el banquillo al retomarse el juicio por la reforma de la sede de Génova. Los investigadores decidieron apartar del conocimiento de todos los imputados estas diligencias para proteger el rumbo de una investigación que, precisamente, apunta a exaltos cargos del Partido Popular. De hecho, y tal como y como pudo saber este diario, Ríos Esgueva, que fue captado como confidente por la policía patriótica, explicó en su declaración de diciembre al juez las órdenes concretas que recibió de los mandos policiales que impulsaron la trama para sustraer a Bárcenas las pruebas que tendría de la caja B del partido. 

Pero hubo más. Ríos Esgueva, que fue de los primeros imputados en esta pieza séptima del caso Tándem, sacó a relucir otro nombre también vinculado al operativo Kitchen y fue el de María Dolores de Cospedal. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió su imputación en septiembre poco antes de levantarse el secreto de sumario de esta línea de investigación. El Ministerio Público, que también actuó contra Ignacio López del Hierro, se amparó en los audios que obran en el sumario y según los cuáles el marido de la exministra habría actuado de nexo entre José Manuel Villarejo  y el chófer a través del inspector Andrés Gómez Gordo. Este último, apodado por Villarejo como 'cospedín', fue el jefe de seguridad de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha. 

Pendientes de Bárcenas

El objetivo del comisario jubilado era captar al entonces chófer como confidente para que sustrajera la documentación de Bárcenas relativa a una financiación opaca en el partido. De hecho, el propio Ríos Esgueva ya apuntó en esa dirección en un su primera declaración en la causa, en enero de 2019. Sin embargo, esta última intervención la ha hecho a puerta cerrada a decisión del magistrado que opta por ocultar temporalmente a las partes lo que investiga en este apartado. En el marco del mismo ha declarado también Bárcenas (hasta en dos ocasiones) y su hijo; ambos como perjudicados de la red. Por lo tanto, se están produciendo avances de calado que algunos de los imputados en la causa quieren tener controlados.

En este contexto, el magistrado Manuel García Castellón aclaró en un auto el pasado 24 de febrero que no se está ante una nueva pieza de la macrocausa Tándem sino que es la misma solo que está parcialmente secreta. De este modo, los investigados quedan al margen y no pueden personarse al tratarse de unas diligencias en las que ya figuran. Un escenario que denuncia el exnúmero dos de Jorge Fernández Díaz en un escrito dirigido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso La Información. Su abogado razona al respecto que tendrían que recibir al menos los autos en los que se prorroga el secreto y denuncia que, lejos de ello, se están enterando del avance de la causa por lo que se publica en los medios de comunicación. 

"Sin estos elementos, las partes personadas no pueden ejercitar su derecho fundamental al recurso", reza el escrito, el cual recuerda que la pieza estuvo secreta desde su creación en noviembre de 2018 hasta el pasado mes de septiembre. En ese tiempo los investigadores tomaron declaración al chófer así como a otros mandos policiales implicados en la causa tales como el exDirector General Adjunto (DAO) de la Policía Eugenio Pino; el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño o el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. Además, también recabaron pruebas determinante, protegidas inicialmente por la Ley de Secretos Oficiales, como son los pagos que se efectuaron a Ríos Esgueva y otros confidentes con fondos reservados del Estado.

Conocemos a través de los medios que se ha tomado declaración al Sr. Ríos y al Sr. Bárcenas sin la posibilidad de someterles a contradicción, a pesar de ser personas que ya han declarado en reiteradas ocasiones en esta instrucción". 

Sin embargo, el magistrado volvió a dejar esta parte de la causa protegida del resto de imputados, entre los que se encuentran los antiguos mandos de Interior. El exnúmero dos de ese departamento concluye ahora que esta decisión del juzgado constituye una "asimetría", una "clara merma al derecho de igualdad de armas" y hace especial hincapié en que estas diligencias secretas pueden tener un "impacto significativo" para el devenir de esta investigación. El avance de las pesquisas y las declaraciones de los antiguos mandos policiales acabaron por salpicar al exministro del Interior y su segundo, los cuáles, tras su imputación formal, protagonizaron un tenso careo en sede judicial lleno de reproches y en el que ninguno asumió la responsabilidad de este encargo. 

Más bien al contrario, el enfrentamiento se recrudeció principalmente después de conocerse que Martínez había llevado ante notario unos mensajes del entonces ministro en los que se daba instrucciones concretas de la operación. El cruce de acusaciones terminó con la entrega al juez del terminal telefónico de Fernández Díaz, que niega rotundamente ser el autor de estas comunicaciones. Hace apenas unos días, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 pedía a la Policía Judicial que vuelva a estudiar el dispositivo en aras a determinar si acuerdan más diligencias. El exministro, por su parte, se negó asegurando que era "improcedente", que ya habían buscado sin éxito estos mensajes y que el dispositivo podría contener información "muy sensible".

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