A la importante lista de testigos citados para declarar en la Audiencia Nacional por el caso del Banco Popular se suman la presidenta del Santander, Ana Botín, y el expresidente del Santander España, Rodrigo Echenique. El magistrado José Luis Calama Teixeira ha acordado su testifical para los próximos 28 de mayo y 4 de junio, respectivamente, con el objetivo de esclarecer los motivos que provocaron la caída de la entidad que acabó resuelta por la Junta Única de Resolución (JUR) a mediados del año 2017.
De acuerdo con la providencia de este mismo martes, las cédulas de citación se entregarán a través de la representación procesal del Banco Santander, entidad que el magistrado imputó en enero del pasado año al considerar que debía responder penalmente por estos hechos en calidad de heredero del Popular. Sin embargo, la Sala de lo Penal rectificó esta decisión y levantó su citación como persona jurídica dejando sin efecto esta imputación. Con todo, y una vez practicados los interrogatorios de todos los investigados en este procedimiento y de los peritos del Banco de España, ahora le toca el turno a los testigos.
El pasado mes de noviembre el instructor acordó las testificales del actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella, (18 de marzo) y su antecesora en el cargo, Elvira Rodríguez (4 de marzo). Tras ellos seguirá el día 11 de ese mes el exgobernador del Banco de España Luis María Linde y, finalmente, el exministro de Economía y actual vicepresidente del BCE Luis de Guindos, citado para el próximo 2 de abril. En una providencia separada, Calama Teixeira determina que Guindos preste declaración por videoconferencia toda vez que incorpora a la causa un nuevo escrito del exministro en el que precisa los motivos por los que prefiere declarar desde Alemania.
No declarará por escrito
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 zanja de esta forma el asunto de la testifical de De Guindos después de que este solicitara declarar por escrito. El exministro de Economía alegó problemas de desplazamiento para acudir en persona a la sede de la Audiencia Nacional en Madrid. Explicó que su traslado a España implicaría desatender sus "responsabilidades profesionales" como número dos del BCE, con sede en Frankfurt. Los argumentos no convencieron al magistrado que le respondió que iba a mantener la fecha prevista del 2 de abril y que, si la opción de cambiar la fecha no le convencía, entonces podría optar por la vía 'informe' aunque, eso sí, expresando sus argumentos "de forma taxativa".
El procedimiento penal encara esta nueva fase de testificales tras más de dos años de instrucción en la Audiencia Nacional. La causa, que comenzó investigando el magistrado Fernando Andreu, arrancó en octubre de 2017 a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras la querella interpuesta por algunos perjudicados por la resolución del Banco Popular. El objetivo era indagar si se produjeron irregularidades en la ampliación de capital que llevó a cabo la entidad en 2016 por 2.505 millones de euros. Igualmente el instructor estudió en una pieza separada si se produjo delito de manipulación de mercado ya en la última etapa del banco mediante la filtración de presuntas informaciones falsas que buscarían hacer caer el valor de la acción.
Versiones contrapuestas
En los interrogatorios practicados hasta el momento, el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral se interesó especialmente por estos dos episodios que habrían llevado al banco a una fuga masiva de depósitos hasta su resolución y posterior compra por el Banco Santander. En sus declaraciones en sede judicial el que fuera presidente del sexto grupo bancario español hasta principios de 2017 expuso que la entidad era solvente y que no hubo instrucciones veladas para financiar la ampliación de 2016. Igualmente expuso que el banco era solvente, que se cumplieron con los requerimientos necesarios y que su salida de la presidencia vino auspiciada por la consejera Reyes Calderón y el inversor mexicano Antonio del Valle, hecho este último que los dos investigados rechazaron.
Saracho, por su parte, defendió su gestión en los últimos meses de vida del banco y dijo que el exCEO Francisco Gómez ordenó refinanciar la ampliación con 400 millones de euros. También razonó que esta corrección llevó a la entidad a remitir un hecho relevante el 3 de abril de 2017 a la CNMV a sabiendas del efecto que tendría el mismo en el mercado. Ya en el turno del peritaje, los expertos del Banco de España encargados de este informe expusieron sus conclusiones ante el magistrado y reiteraron que la entidad era solvente a finales de 2016 aunque las cuentas no eran saludables. Con todo, sentenciaron que el fin de la entidad se produjo por una fuga de depósitos de 16.000 millones de euros en apenas tres meses.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios