La Audiencia Nacional ha dado impulso a la investigación abierta contra Antonio Mas Samora por una presunta estafa piramidal en la venta de espacios publicitarios. El magistrado al frente de la causa, Manuel García Castellón, ha dado luz verde a que se requiera a un total de seis bancos y a la Agencia Tributaria información relativa al entramado del empresario -conocido como el 'Madoff catalán' para seguir el rastro del fraude que se había cometido con este negocio y que ascendería a los 200 millones de euros, según acreditó el Sepblac.
La causa, que arrancó hace más de tres años en sendos juzgados de Madrid y Barcelona, toma impulso en aras a acreditar la actividad real de las empresas del entramado así como sus movimientos bancarios. Por ese motivo el magistrado pone ahora el foco en los bancos en aras a que aporten información detallada de las cuentas que tuvo abiertas el empresario catalán a su nombre y al de sus sociedades Ata Producciones (constituida en Barcelona en el año 2003) y Publiolimpia, mercantil clave en el procedimiento. Los requerimientos se dirigen a Banco Sabadell, BBVA, Santander, Ibercaja y Bankinter y Bankia. Sobre esta última se había pedido la imputación en la causa como persona jurídica pero el magistrado la ha declinado al considerarla "innecesario".
La solicitud (que también se amplió a Mapfre o la aseguradora Solunion) se produjo a tenor de la implicación en los hechos de un empleado de la entidad, el cual ya figura como imputado. El procedimiento, que sigue bajo la batuta de los Mossos d'Esquadra, suma más de un millar de perjudicados (entre los que se encuentran Paloma Segrelles o Michael Domecq) por este supuesto timo que habría consistido en la simulación de la adquisición de espacios publicitarios en televisión para venderlos a todo tipo de inversores. En esta trama están implicadas las mercantiles Caná Cuatro (de la familia San Martín) y Publiolimpia, de la que ahora el magistrado reclama más información tributaria. Los investigadores sospechan que la primera canalizó y atrajo los potenciales inversores mientras que la segunda fue la que habría simulado la venta de espacios publicitarios ofreciendo además una rentabilidad alta.
11 firmas imputadas
Sin embargo, la familia San Martí trata de desligarse de este asunto asegurando que fueron víctimas del negocio de Mas y que su empresa entró en concurso de acreedores porque Publiolimpia no le devolvió los beneficios acordados. Tanto es así que ofrecieron a los afectados de esta supuesta estafa piramidal un total de 10 millones de euros (6,9 millones por el capital perdido más otros tres extra). El instructor no solo no comparte ese criterio sino que ha estrechado el cerco sobre el papel de Caná Cuatro y ha acordado la imputación de cuatro hijos de Julio San Martín, de acuerdo con el auto al que ha tenido acceso La Información. El motivo reside en que todos ellos fueron consejeros tanto de esta sociedad como de la firma Monteprados la cual constituyó una UTE con otra de las empresas del Madoff catalán.
De hecho, Monteprados forma parte del grueso de personas jurídicas que también se ve salpicada por esta estafa piramidal. El magistrado cita a un total de 11 sociedades entre las que se encuentran las principales firmas de este entramado. De este modo implica en el procedimiento a Caná Cuatro, Publiolimpia, Monteprados, o Ata (propiedad de Mas). Las víctimas de este negocio sospechan que las dos familias fueron de la mano en este supuesto timo y que se valieron del entramado para canalizar los fondos para la compra de espacios publicitarios. Al respecto, el magistrado también acuerda llamar a declarar como testigo al miembro del Sepblac autor de un informe con fecha de marzo de 2019 en el que advirtió de una operativa sospechosa por valerse de fondos de paraísos fiscales.
El dinero de Suiza
El documento elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de España y recogido por este diario advirtió de que una de las cuentas vinculadas a la red canalizó más de 1,1 millones de euros procedentes de Suiza. Los fondos se destinaron a otras mercantiles del entramado registradas en Alemania además de la propia Publiolimpia. La firma en cuestión recibió un total de 2,1 millones de euros con conceptos de campañas publicitarias tales como campaña Repsol Mas 2015 (300.000 euros), campaña Moto GP (350.000 euros) o campaña Copa del Rey 2015 por importe de 150.000 euros. El órgano advirtió al respecto que la documentación aportada para justificar este movimiento de fondos no era suficiente. En lo que respecta a Publiolimpia explicó que la firma se dedicaba a la compra-venta de espacios publicitarios (vinculados principalmente con eventos deportivos) y que financiaba su actividad con préstamos privados.
Estos ingresos provenían de inversores los cuáles recibían un retorno con beneficios en función de la rentabilidad que se obtenía de las campañas publicitarias. La irregularidad, según el Sepblac, reside en que parte de esos fondos que debía retornar al bolsillo de los perjudicados provenía de sociedades radicadas en Luxemburgo y Suiza de las que no se tiene información. De hecho, el propio organismo dedicado a la prevención del blanqueo de capitales advirtió que existían serios indicios de que el principal acusado habría cometido delito de blanqueo de capitales apoyándose en sus firmas. Llegó a recibir transferencias por importe de 201 millones de euros, muchas de las cuáles provenían de paraísos fiscales y de empresas pantalla creadas para dificultar el rastreo del movimiento de capitales.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios