La constructora OHL ha aportado a la Audiencia Nacional una extensa documental relativa a todos los movimientos bancarios ligados a su filial Constructora de Proyectos Viales de México (CPVM). Se trata de 15.400 folios, en su mayoría extractos del Banco Santander, que reflejan los pagos y los ingresos que efectuó de la multinacional entre los años 2007 y 2019. Sin embargo, en los asientos no hay ni rastro de las operaciones que llevó a cabo a finales de 2007, entre las que se encontraría el pago en dos transferencias por importe total de 2,5 millones de dólares que se habrían ordenado efectuar a Suiza como comisiones a cambio de conseguir la adjudicación ese mismo año de la construcción del tren de Navalcarnero (Madrid).
El grupo aportó toda esta documental -recogida en cuatro cajas y a la que ha tenido acceso La Información- a petición expresa del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga el pago de presuntas mordidas desde la filial de México a cambio de adjudicaciones en Andalucía, Canarias y Extremadura. El instructor al frente del caso Lezo abrió el pasado año una nueva pieza en la macrocausa para indagar estos hechos después de que la UCO hallara una veintena de archivos de audio en el domicilio del exdirectivo Paulino Hernández. El considerado como 'Villarejo de OHL' grabó conversaciones durante más de tres años con otros exaltos cargos en las que despachaban sobre el pago de mordidas para licitaciones de obra pública.
El material entregado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional recoge los movimientos bancarios que se efectuaron desde la filial mexicana durante un total de 12 ejercicios, además de documentos de firmas mancomunadas para autorizar a los directivos a operar con las cuentas; actas notariales certificando los cambios de administradores y facturas telefónicas de la compañía mexicana Telmex. Los documentos reflejan cómo en noviembre de 2007, año en que se efectuó la transferencia de 2,5 millones de euros a una cuenta suiza del empresario Adrián de la Joya, los apoderados eran Adolfo Enrique Soto y Manuel Crespo.
La tesis de Soto
El primero de ellos confirmó en su declaración policial en calidad de testigo que efectivamente el 3o de noviembre de ese año se le ordenó realizar una transferencia "sin que recibiese justificación documental que la amparase", tal y como plasma la UCO en un informe remitido a la Audiencia Nacional a finales de 2018. El propio Soto aseguró que era la primera vez que ocurría y pidió al exidrectivo de control Felicísimo Ramos justificación para efectuar el pago a la sociedad Lauryn Group Inc, si bien no tuvo respuesta.
Aunque Ramos declaró no recordar quien le encargó ordenar a México efectuar el pago, el material hallado por los agentes en el registro de su domicilio a finales de 2017 fue clave para avanzar en las pesquisas. La Policía Judicial encontró un 'pendrive' en el que apuntaba el pago de las mordidas que los investigadores cifran en 40 millones de euros. Las mismas se habrían realizado entre los años 2006 y 2009 aunque en la documental bancaria aportada ahora por OHL simplemente se reflejan pagos a clientes del grupo y por proyectos. Destacan los relativos al complejo de lujo 'Mayakobá' en la Riviera Maya o la licitación por tramos de las principales autopistas del país norteamericano.
Documentos Excel
Con todo, la multinacional que fundó el empresario Juan Miguel Villar Mir también aporta a la Audiencia Nacional una hoja Excel que desglosa 48077 movimientos bancarios comprendidos entre los años 2003 y 2008. De acuerdo con la misma, el 30 de noviembre de 2007 se registraron 26 actuaciones aunque ninguna de ellas coincide con el presunto pago de las mordidas de Navalcarnero. Estos hechos concretos se investigan en la pieza tercera del caso Lezo en el marco de la cual se imputó al expresidente del grupo y al exconsejero Javier López Madrid. Ambos negaron tener conocimiento alguno del pago de una comisión que, de acuerdo con las anotaciones de la libreta de López Madrid tenía que acabar en manos de 'Nacho'. Los investigadores sospechan que se refería al expresidente madrileño Ignacio González pero él niega este extremo.
En esta pieza novena Anticorrupción indaga las mordidas que se habrían pagado desde la filial mexicana y de la que habrían sido receptores una serie de funcionarios y cargos públicos, entre los que se encuentran el expresidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife Luis Suárez Trenor y el exconsejero de Obras Públicas del Gobierno canario Antonio Castro, ambos imputados en la macrocausa. Los audios que obran en el sumario recogen conversaciones en las que participó el exdirector general de la compañía Rafael Martín de Nicolás relativas al pago de comisiones para conseguir licitaciones públicas. En una de ellas los interlocutores acordaron dar una "terna" del 3% de las obras del puerto de Granadilla (Canarias) a 'Luis', en referencia a Luis Suárez.
Por su parte, los imputados que han declarado en sede judicial hasta el momento niegan estos hechos. Algunos de ellos como Martín de Nicolás o Andrés Román Solórzano, el exdirector territorial en Canarias de Sato, filial de puertos de OHL, aseguraron que estas partidas eran las relativas al pago de suministros. Los exaltos cargos descartaron pagos en 'b' en las obras de puerto de Granadilla en Canarias o de La Estaca en El Hierro. Según explicaron, eran cuantías que abonaban en metálico a los proveedores puesto que en determinadas zonas, como las islas Canarias se trabaja con intermediarios para garantizar que se les abastecen los suministros.
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