La multinacional Indra quiere evitar ir a juicio por la causa de la caja B del PP de Madrid. Consciente de que esta investigación penal está aproximándose a su fin, la empresa ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional para pedir que se le desligue de cualquier irregularidad. El magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, imputó a la consultora hace poco más de un año al considerarla como un instrumento de desvío de fondos del Gobierno regional de entonces. En este tiempo la compañía se ha mantenido en un discreto segundo plano hasta que ahora ha irrumpido en la causa para negar sobrecostes en las adjudicaciones y pedir el archivo de su imputación.
La firma está bajo la lupa de los investigadores después de que la UCO apuntara al desvío de poco más de un millón de euros para costear en 'B' las campañas de Aguirre. Los agentes implicaron a la firma en la supuesta financiación irregular de los comicios de 2007 y 2011 mediante adjudicaciones 'a dedo' para los recuentos de aquellas elecciones. Incluso se apuntó a una doble contratación de un mismo servicio para abultar la factura. Sin embargo, la defensa de Indra -que ejerce el prestigioso letrado Ignacio Ayala- asegura que "no han existido sobrecostes, duplicidades e irregularidades" en la adjudicación de todos estos procesos electorales.
De hecho, se ha amparado en el peritaje resultado de una investigación interna que entregó la consultora a la Audiencia Nacional el pasado mes de junio. Al respecto explican que la diferencia de precio en las adjudicaciones de 2007, 2001 y 2015 "está justificada en la variación de los servicios" y que la rentabilidad de esos contratos osciló entre un 22% y un 31%. De este modo, minimiza el impacto de las acusaciones de Anticorrupción que no solo actuó contra exaltos cargos de la empresa como el exCEO Javier de Andrés, sino que también destacó que, ante estas presuntas prácticas irregulares, la compañía "nunca activó ni aplicó protocolo alguno". Precisamente este es el punto que sustenta las imputaciones de las personas jurídicas y que la firma rechaza de plano respondiendo que tiene un sistema de control "eficazmente implementado".
Versos sueltos de la compañía
"Lo que ahora nos interesa es destacar que los hechos supuestamente cometidos en el entorno de Indra se habrían llevado a cabo por cuatro o cinco profesionales de un concreto departamento, dentro de una organización que aglutina a 49.000 empleados y que las cantidades económicas relacionadas con tales hechos rondarían el millón de euros, en una empresa con una facturación de más de tres mil millones de euros anuales", reza el escrito al que ha tenido acceso La Información. Se trata de un argumento que ya recogió el representante legal de la consultora en su cita ante el juez en octubre de 2019. Entonces explicó que descubrieron facturas sospechosas con la mercantil Formaselect y con Swat. Sus respectivos gestores, Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz, son dos de empresarios que Anticorrupción vincula a una supuesta financiación irregular del PP.
Igualmente apuntó al despido o la salida de la entidad de las personas implicadas en estos hechos (entre ellas el entonces director de operaciones Santiago Roura) y añadió que no era posible que se efectuaran pagos de 100.000 euros en metálico en tanto la "caja chica" no guardaba tanto efectivo. De este modo no desmiente la acusación de Anticorrupción contra algunos de los implicados en Púnica pero sí desvincula a la firma de cualquier responsabilidad penal. "Ya hemos tenido ocasión de destacar que las estrictas limitaciones a anticipos de efectivo que establecía la normativa interna de la entidad impedían toda posibilidad de obtener cantidades como las que supuestamente habrían sido integradas. Es indudable que ese dinero no pudo haber salido de las cajas de Indra y que, en caso contrario, ello habría tenido que producirse previa elusión de los controles", añade.
De esta forma responde a las acusaciones de la Guardia Civil que apuntó que Roura hizo diversos pagos en efectivo en el año 2014. La UCO sostuvo que entregó en el interior de un coche 10.000 euros al informático Alejandro de Pedro (considerado como 'conseguidor' de la trama); otros 10.000 a Demométrica Investigación de Mercados y 90.000 a Madoz, considerado "colaborador habitual en la financiación del PP madrileño". Ahora, Indra trata de desligarse de estos supuestos versos sueltos y saca pecho de su programa de 'compliance' y de su código ético para insistir en que los mecanismos de prevención no fallaron ante estas conductas individuales. "A resultas de todo lo expuesto, Indra no puede ser declarada responsable de los hechos indiciariamente atribuidos a algunos de sus empleados", recalca.
Presiones del PP de Madrid
Cabe recordar que el magistrado no solo implica en este supuesto circuito ilegal a excargos de Indra sino también a antiguos consejeros del gobierno de Esperanza Aguirre. Tal es el caso de Salvador Victoria. El también exportavoz de la Comunidad de Madrid ha pedido sin éxito en varias ocasiones al juzgado que archive su causa. El magistrado sigue vinculándole a los trabajos de mejora de reputación online que hacía De Pedro y por los que luego habría cobrado con dinero público mediante un sistema de facturas falsas. En una de las veces que el instructor de la causa le denegó el archivo razonó que existían "indicios serios" de su implicación en la trama y se amparó en las declaraciones del exCEO de Indra, Javier de Andrés, el cual dijo que recibió presiones de Victoria para efectuar los pagos de Indra.
A quien sí exoneró de cualquier responsabilidad fue a Javier Monzón. El anterior presidente de Indra, imputado en la causa en septiembre de 2019, consiguió que el magistrado le archivara la causa en una decisión que luego ratificó la Audiencia Nacional. En contra del criterio de la Fiscalía, García Castellón entendió que, en una compañía de la magnitud de Indra, la máxima cabeza no podía responder penalmente por los hechos cometidos por un reducido grupo de empleados y añadió que no había indicios de que conociera los hechos. "No existe acto o norma alguna que determine un deber de supervisión y vigilancia en la figura del presidente", dijo al respecto el magistrado recordando además que la dimensión de la empresa hace que las labores de Presidencia sean ajenas a este tipo de control.
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