El Pleno avala la prórroga del estado de alarma pese a ERC que se alinea con Torra

"Comparezco ante la Cámara para solicitar tiempo". Así lanzaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la petición a los miembros del Congreso de una prórroga del estado de alarma con motivo de la crisis del coronavirus: "Es un sacrificio para todos", zanjaba. Momentos después, el Pleno daba su respaldo a los nuevos plazos pese a la abstención de ERC, Junts, Bildu y la CUP que, finalmente, se han alineado con Junts y el rechazo que ya anticipó el president Quim Torra, quien marcó la línea roja en la declaración de un confinamiento total. Sánchez ha emitido su petición después de que la Cámara hubiera otorgado su aval a los tres reales decretos de medidas extraordinarias para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus por el país. Sánchez ha aprovechado su intervención para poner en valor el papel de los servicios sanitarios y el del propio Ejecutivo: "No ha habido un solo día, un solo momento, una sola hora en que este Gobierno haya dejado de actuar". 

"Cada vez es más evidente el desafío al que hace frente la humanidad", ha trasladado el líder del PSOE, "El virus golpea con dureza". El presidente pedía así al resto de miembros de la Cámara una extensión del periodo de alarma, del que este miércoles se cumplen once días. "Estoy seguro de que todos, con independencia de la ideología, somos conscientes de que también debe de haber ciertas extensiones", ha alegado Sánchez, contra la propuesta de ese confinamiento total que han pedido ciertas autoridades autonómicas y que, según el socialista, "pondría en peligro la cadena de suministro".

"Concreta, ambiciosa y potente". La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, describía así las medidas adoptadas por el Gobierno central como respuesta al brote de coronavirus, ante las butacas vacías que componen la fotografía del Congreso de los Diputados este miércoles. Calviño ha aprovechado su intervención para adelantar ayudas al alquiler y nuevas medidas económicas, en el marco del Pleno donde esta tarde se debate ese primer plan de choque contra la pandemia. En concreto, los tres decretos aprobados en apenas una semana, que incluyen medidas extraordinarias, económicas y sociales, frente a la crisis del coronavirus. Entre ellas, la ampliación del estado de alarma hasta el próximo 11 de abril que, si se cumplen las previsiones, obtendrá el respaldo de la Cámara.

La socialista ha insistido en que el Gobierno está trabajado para responder a aquellos ciudadanos para los que la crisis del Covid-19 ha supuesto la  imposibilidad de pagar el alquiler. Sin olvidar las particularidades de este  mercado, donde conviven operadores públicos, grandes propietarios, con personas que dependen de esta renta para subsistir. En este sentido, Calviño se ha mostrado favorable a actuar en el mercado del alquiler tras señalar hace unos días que se debía "reflexionar" sobre los posibles efectos adversos de una posible suspensión del pago de estas rentar, como ya se decretó para las hipotecas.

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"Esta crisis que estamos sufriendo es excepcional y transitoria. Nuestro país es fuerte. Cuenta con importantes activos, el primero de ellos una población madura y solidaria y saldremos de esta situación sin ningún género de dudas". Calviño ha aprovechado su intervención para lanzar un mensaje tranquilizador a la ciudadanía. Las palabras de la ministra también han incidido en la necesidad de una estrategia contundente frente a la crisis: "De las decisiones que tomemos ahora dependerá la futura recuperación". Estrategia que la vicepresidenta ha calificado como "concretas, ambiciosas y potentes".

Pese a la línea roja del confinamiento total que marcó el president Quim Torra, con el que se alinearán -si se cumple lo anunciado- los miembros de ERC, la CUP y EH Bildu. El PSOE y Unidas Podemos obtendrán el voto favorable del Partido Popular y Ciudadanos, que ya han avanzado su 'sí' a las tres normas. Se trata de tres decretos leyes que el Ejecutivo de coalición ha aprobado en solo una semana y que serán defendidos ante el resto de los grupos por la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

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La mayoría de los partidos políticos del Congreso ha respaldado derogar el artículo 52 d. del Estatuto de los Trabajadores, que permitía el despido por acumular bajas médicas en un determinado periodo de tiempo. La derogación parcial de la reforma laboral ha copado las primeras intervenciones del pleno, aunque no todo han sido halagos. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha criticado una reforma 'descafeinada' de la misma y ha confirmado que su formación se abstendrá este miércoles  en la votación en la que el Gobierno solicitará a la Cámara Baja la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 11 de abril: "Exigimos más valentía", ha apuntado. Así, Rufián ha respaldado las exigencias del president de la Generalitat, Quim Torra, y ha suscrito su exigencia de un confinamiento total de la población. Previsiblemente, esta será también la opción por la que se inclinará el PNV. 

La intervención del catalán, ha llegado después de que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, haya reivindicado la derogación del despido objetivo por acumular bajas médicas justificadas, "nunca ir a trabajar enfermo por miedo a ser despedido":  "Lo sabíamos entonces, pero ahora esa evidencia se ha convertido en verdad absoluta, incontestable, cuando afrontamos la crisis sanitaria causada a escala global por el coronavirus", ha aseverado, ante un hemiciclo casi  vacío.

En concreto, el artículo 52.d avalaba el despido objetivo "por faltas de asistencia al trabajo aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5 % de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses". Este miércoles, solo VOX y Foro Asturias se han disgregado del conjunto de la Cámara y han votado 'no', mientras que el PP se ha abstenido, y el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Ciudadanos, Compromís, la CUP y el BNG han defendido su convalidación. Por su parte, JxCAT y Más País también apoyarán el decreto ley por vía telemática.

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Los diputados de Vox han centrado su discurso en, a diferencia de en otras autonomías, concentrar todas las competencias de Cataluña en el Gobierno central, mientra se extienda el estado de alarma. Además, han dirigido su discurso a la cuestión derivada de los inmigrantes irregulares a los que, al carecer de permiso de trabajo, solicitan que se les cobre una cuota de asistencia para gozar de la cobertura del Sistema Nacional de Salud. En esta línea, desde Vox apuestan por extender su estancia en los CIES, antes de proceder a “su expulsión inmediata”, al concluir este estado de restricciones contra la pandemia. A nivel económico, el partido ha defendido congelar los impuestos sobre los servicios básicos -agua, luz- “a todas las familias”, así como la cuota de autónomos y las obligaciones fiscales a las pymes.

Por su parte, desde el Partido Popular han registrado una batería de 136 medidas frente a la crisis del Covid-19, después de sopesar su posición y decidir no presentar propuestas alternativas a la prórroga del decreto del estado de alarma, que se convalidará esta noche en el pleno. Así, el partido de Pablo Casado ha sido el único grupo mayoritario de la oposición que no ha enmendado el texto del real decreto para ampliar el estado de alarma. Además, los 'populares' han incidido en la polémica de las marchas aprobadas por el Gobierno después de que la pandemia eclosionara en España. . Entre otras peticiones, el partido ha solicitado una recopilación de "todas las manifestaciones y eventos multitudinarios autorizados y celebrados en la Comunidad de Madrid entre el 15 de febrero y el 9 de marzo", además de un control del número de asistentes de cada cita.

"Vamos a estar todos juntos en este momento, es un momento crítico", ha valorado Mario Garcés Sanagustín, diputado del Partido Popular. Garcés ha anticipado que su partido aprobaría los tres reales decretos aunque se ha hecho eco de la crítica más generalizada de la oposición, la inclusión en uno de ellos del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión que controla el CNI.