La caída del Banco Popular no deja de sumar frentes judiciales. A la investigación que sigue la Audiencia Nacional por la debacle de la entidad hace poco más de dos años, se añaden ahora nuevas diligencias recientemente incoadas en otro juzgado de la Audiencia Nacional. En este caso concreto el foco se centra en el papel que tuvieron tanto Deloitte como la Junta de Resolución Única (JUR) en el desenlace del banco que acabó en manos del Santander por el simbólico precio de un euro.
Por ese motivo, los mismos accionistas que presentaron el escrito de denuncia, solicitan ahora a la magistrada María Tardón que acuerde una importante batería de diligencias de cara a averiguar "qué administraciones públicas, qué personas y bajo qué órdenes concretas" acordaron la retirada "masiva y coordinada" de fondos del Popular en el primer semestre de 2017 provocando la fuga de liquidez. De este modo, y de acuerdo con el documento al que ha tenido acceso La Información, pide a la magistrada que requiera copia "íntegra, sin tachaduras ni censuras" del informe de Deloitte que determinó que existía un valor negativo de 2.000 millones.
Los minoristas del banco extinto y cuya defensa ejerce el bufete de abogados Colls, solicitan a la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional hasta un total de siete medidas en este nuevo frente judicial contra los implicados en la caída del Popular. A falta de que la magistrada acceda a los requerimientos propuestos por los querellantes, las peticiones se centran en indagar los pormenores del informe de Deloitte Bélgica que advirtió sobre las pérdidas del entonces sexto grupo bancario de España. Y no solo eso sino que quieren acreditar quien lo encargó, en qué fecha concreta así como lo relativo al pago de este servicio.
La oferta del Santander
Este nuevo procedimiento penal por la caída del banco tiene también como protagonista a la JUR en tanto los accionistas quieren que aporte el expediente de subasta del banco presidido en el momento de los hechos por Emilio Saracho y que certifique "la hora y el día exactos" en que el banco que preside Ana Botín presentó su oferta de compra. El motivo, según detalla el escrito, es que el propio Santander habría reconocido ante el TJUE que presentó su puja fuera de plazo, lo que a su juicio podría derivar en la nulidad de la subasta y posterior adjudicación del Popular
La magistrada Tardón incoó diligencias de investigación para estudiar la denuncia y dio traslado al Ministerio Fiscal en aras a que se pronuncie acerca de su competencia en los hechos y las diligencias a practicar. De este modo, a falta de que Anticorrupción incluya su versión sobre el asunto, lo cierto es que este nuevo procedimiento penal se abre camino en la Audiencia Nacional, la cual ya indaga la posible responsabilidad penal que los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho y otros exaltos cargos tuvieron en el fin de un banco que sufrió una fuga de 16.000 millones de euros en sus últimos meses de vida provocando su asfixia total.
19.000 millones de diferencia
La decisión de Tardón de dar los primeros pasos para investigar esta otra parte de los hechos provocó que el bufete en cuestión presentara un escrito de ampliación de denuncia con el objetivo prioritario de esclarecer cuál era el verdadero valor del banco en aquel entonces. Según alegan, se produce una desorbitada diferencia de valoración entre los auditores de Deloitte y la de los peritos del Banco de España puesto que estos últimos estimaron que, a fecha de la resolución, el Popular tenía unos fondos propios de 11.000 millones de euros.
Los expertos del supervisor determinaron en su pericial que el informe de valoración económica de Deloitte no era válido para juzgar la contabilización del banco. "Se trata de un informe provisional en el que se hacen hipótesis de inversión que podría hacer un posible comprador pero que no son las mejores de entre las que podrían adoptar los gestores del banco", expusieron los inspectores Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández en su trabajo incorporado a la causa que instruye el juzgado del magistrado José Luis Calama Teixeira.
"O bien los peritos del Banco de España que han tardado catorce meses en elaborar su informe faltan a la verdad, o bien Deloitte Bélgica y la Junta Única de Resolución han cometido un presunto fraude, estafa, falsificación de documentos, imprudencia profesional y engaño que ha llevado a la ruina a los 305.000 accionistas de Banco Popular", reza el escrito el cual resalta que existe una "injustificada diferencia" de valor de 19.000 millones de euros en tanto Deloitte expuso que el valor del banco era de menos 8.000 millones. Aunque la causa está en su fase más incipiente, la trascendencia de las pesquisas ha hecho que más inversores minoristas soliciten su personación en la misma, tal y como ha podido saber este diario.
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