Lunes, 09.12.2019 - 03:31 h
Pidió declarar voluntariamente 

Púnica: el hombre clave de Indra rompe 5 años de silencio y declara por pagos al PP

La UCO le acusa de entregar 110.000 euros en mano al 'conseguidor' de la red y otros empresarios vinculados a la caja opaca del PP madrileño.

santiago roura
Santiago Roura fue imputado a finales de 2014 tras el estallido del caso. / Dicyt.

El que fuera director de operaciones de Indra Santiago Roura ha optado por romper el silencio judicial que ha mantenido prácticamente desde su imputación en la causa Púnica hace ahora cinco años. El empresario, considerado como una de las figuras clave en el presunto entramado de desvío de fondos desde la multinacional, solicitó al magistrado instructor declarar en sede judicial después de que la UCO le atribuyera el pago de 110.000 euros a empresarios salpicados en este macroprocedimiento de corrupción.

El magistrado Manuel García Castellón accedió a la petición formulada por la defensa de Roura y le citó para el próximo lunes 30 de septiembre. Su interrogatorio se producirá apenas días antes de que desfilen por sede judicial el expresidente de Indra Javier Monzón y un representante legal de la empresa, tras su reciente imputación como persona jurídica. Sin embargo, en el caso de Roura es diferente puesto que su comparecencia en esta pieza novena del caso Púnica sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño, se produce a petición propia, informan fuentes jurídicas a este diario.

Su primera y única declaración en el procedimiento se produjo en diciembre de 2014 tras su imputación en esta macrocausa liderada por el exsecretario general del PP Francisco Granados. Desde entonces, Roura ha preferido mantener un perfil bajo, sin embargo, las pesquisas de la UCO incorporadas a la causa y que han derivado en la investigación de cerca de una treintena de personas, le han llevado a pedir una comparecencia voluntaria. En concreto, los investigadores señalaron directamente a Roura como la persona que efectuó tres pagos en mano por encargo directo del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. 

Pagos de hasta 90.000 euros

Los agentes apuntan que tanto Roura como el exconsejero delegado de la entidad Javier de Andrés tuvieron una "participación activa" en el concierto urdido por los entonces líderes del PP madrileño y en el que utilizaron las arcas de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) como fuente de ingresos del partido. De este modo fue como Indra se convirtió en instrumento de desvío de fondos desde ICM, siempre según los investigadores. 

Los acusados amañaron las licitaciones del servicio de recuento de voto en las campañas autonómicas de 2007 y 2011 así como en las generales de 2008. Aunque el concepto de prestación a realizar se mantenía estable, la cuantía de los contratos aumentó considerablemente comicio tras comicio. El magistrado sitúa en la cúspide de este entramado a dos personas clave en la causa: por un lado, el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria y, por otro, el exconsejero delegado de ICM José Martínez Nicolás. Ambos están imputados en esta pata concreta del procedimiento. 

Tanto uno como otro dieron indicaciones a la cúpula de la mercantil española de cara a efectuar los pagos en efectivo. Los desembolsos las llevó a cabo siempre Roura, según expone la Fiscalía Anticorrupción. El primero de los tres pagos efectuados fue de 10.000 euros al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, a quien le entregó esta cuantía desde el interior de un vehículo. El informático, al frente de la compañía EICO, elaboró diversas campañas de mejora de imagen 'online' para consejeros como el propio Victoria, Lucía Figar así como a Esperanza Aguirre o Ignacio González con motivo de las elecciones. Se les acusa de costear todos estos servicios con dinero público pese a tratarse de un asunto de índole personal.

El segundo pago, también de 10.000 euros se efectuó al empresario Miguel Ángel de la Fuente y el tercero, que ascendió a 90.000, lo entregó en mano a otra mercantil clave en esta pieza, Swat. A esta última estaba vinculado el empresario Juan Miguel Madoz Echevarría, considerado por la UCO como uno de los protagonistas más activos en la presunta financiación paralela de las campañas electorales de Esperanza Aguirre. Tanto es así que junto con Óscar Sánchez Moyano (Formaselect Consulting) confeccionaron facturas falsas a Indra con importe superior a 1,13 millones de euros. 

Tras la declaración de Roura, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 interrogará a Monzón y a la entidad. En su auto de ordenación de esta pieza 9 expuso que desde la mercantil nunca se activó ni aplicó ningún protocolo dirigido a evitar este tipo de situaciones; por lo que todo apunta que en su interrogatorio el juez les preguntará acerca de esta dinámica de desvío de fondos, así como por los responsables de que efectivamente se efectuaran las entregas de dinero a empresarios vinculados a la caja opaca de los populares madrileños. 

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