La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se va a convertir en una de las cuestiones más acuciantes para el nuevo Gobierno que integran el PSOE y Podemos. La situación de parálisis política que ha vivido el país en los últimos meses ha pasado factura al sector la judicatura y se ha dejado sentir especialmente en el órgano de Gobierno de los jueces, el cual permanece en funciones desde diciembre de 2018, momento en que terminó el mandato de Carlos Lesmes. Desde entonces, el también presidente del Tribunal Supremo se ha dirigido en numerosas ocasiones a la clase política para pedir el inmediato desbloqueo de la situación; máxime después de que el vicepresidente del alto tribunal, Ángel Juanes, se jubilara el pasado mes de octubre quedando su puesto sin sustituto.
Es por ello que las principales asociaciones de jueces del país coinciden en la necesidad de que se avance en este sentido ante el riesgo de descrédito hacia la Justicia española. Así lo expresa en declaraciones a este medio Ignacio González Vega, portavoz de la mayoritaria Juezas y Jueces para la Democracia. En su opinión, renovar a los 20 vocales que integran el CGPJ así como los altos cargos del Tribunal Supremo es un asunto urgente, si bien desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente van más allá y reclaman un cambio en el sistema de elección de vocales. El objetivo es que sean los miembros de la carrera judicial los que propongan a los jueces y magistrados que integran el CGPJ y no los partidos políticos con representación en el Congreso y el Senado.
El descontento en el mundo de la judicatura en este sentido ha ido en aumento especialmente tras los últimos 'percances' del Tribunal Supremo tales como el cambio de criterio en relación a quien asume los impuestos relativos a las hipotecas o el último intento de renovación de CGPJ. La filtración en prensa de las negociaciones entre el PP y el PSOE a finales de 2018 hizo saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo que incluía el nombramiento como presidente del alto tribunal de Manuel Marchena. Su renuncia a sustituir a Lesmes tras hacerse públicos unos mensajes de Ignacio Cosidó sobre el presunto control a ejercer de la Sala de lo Penal derivó en un bloqueo que se prolonga desde hace trece meses y se alargará, según las fuentes consultadas, al menos hasta mediados de este año.
El relevo en la Fiscalía General del Estado
Otro de los asuntos más urgentes que tendrá que asumir el nuevo Ejecutivo de coalición es el relativo a la sustitución de la fiscal General del Estado, María José Segarra. Aunque el Gobierno podría renovar el mandato que asumió en junio de 2018, todo apunta a que habrá un sustituto de la jurista en un momento en que el Gobierno de Sánchez intenta dar un nuevo impulso a la relación con las formaciones independentistas de Cataluña. Con todo, el proceso de renovación afecta también al Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora. Aquí de nuevo jugarán un papel esencial las negociaciones parlamentarias puesto que acaban de expirar los cargos de cuatro de los doce integrantes del tribunal de garantías, entre ellos el de su actual presidente Juan José González Rivas.
"Hay una parte de la independencia del Poder Judicial que tiene que ver con la percepción de los ciudadanos de esa independencia. Los informes que se manejan desde el ámbito del Consejo de Europa apuntan a la existencia de un problema de apariencia de imparcialidad y eso hay que abordarlo porque, al final, acaba deteriorando la credibilidad no solo del Poder Judicial sino de todas las instituciones", asegura al respecto el portavoz de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, en referencia a las advertencias del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco).
A estas reivindicaciones se añaden otras con las que también han tenido que lidiar el exministro de Justicia Rafael Catalá y la actual representante de esta cartera en funciones, la fiscal Dolores Delgado. Entre ellas destacan los graves problemas de plantilla y de medios materiales que ralentizan el funcionamiento de la Justicia. Así, mientras en Europa la media es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes en España la cifra se reduce a 11. Las fuentes consultadas denuncian que, en determinadas ocasiones, pasan tres meses hasta que se cubre una vacante en la Administración de Justicia, sin olvidar que los jueces de instrucción carecen en muchas ocasiones de soportes administrativos para avanzar en las investigaciones (especialmente cuando demandan informes o análisis periciales dependientes de otros ramos).
La desjudicialización de la política
Aunque España aprueba en lo que respecta a la resolución de pleitos (se calcula que la cifra asciende a cinco millones y medio al año), las asociaciones de jueces buscarán en esta nueva legislatura que se aprueben más medidas a favor del sistema del arbitraje en aras a evitar la continua saturación de los juzgados españoles. Un claro ejemplo de ello podría ser el asunto relacionado con la deriva soberanista en Cataluña. Aunque una vez arranca un procedimiento judicial, éste tiene que avanzar con el máximo respeto a su independencia, sería conveniente, según consideran, que los asuntos de índole política se resuelvan exclusivamente en la esfera política.
Así lo consideran por ejemplo González Vega o Fernández Vaquero ante las continuas referencias del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la necesidad de "desjudicializar la crisis catalana". Por su parte, Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), entiende que el mayor problema es que se está ante un "sistema politizado", especialmente en lo que respecta al sistema de renovación del CGPJ, y que el verdadero reto que debe afrontar ahora el nuevo Ejecutivo de PSOE y Podemos es apostar por una estructura de Poder Judicial más democrática, más cercana y, consecuentemente, más independiente.
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