Martes, 18.02.2020 - 23:57 h
Pide que se reconozca su inmunidad

Revuelta en la Abogacía mientras su 'jefa' elude firmar el escrito sobre Junqueras

Algunos abogados del Estado afean la postura de los servicios jurídicos del Gobierno al poder entenderse como un "blanqueo de la extorsión".

Consuelo Castro Rey, abogada general del Estado
Consuelo Castro Rey, abogada general del Estado. / Archivo

El escrito de la Abogacía General del Estado en defensa de la inmunidad de Oriol Junqueras ha levantado ampollas entre un sector crítico dentro del cuerpo que no solo no comparte el criterio adoptado en plenas negociaciones de investidura con ERC sino que, además, considera que puede entenderse como un "blanqueo de la extorsión", tal y como figura en unas comunicaciones internas intercambiadas entre los más reacios a este documento de la Abogacía el cual, además, no cuenta con la firma de su máxima representante, Consuelo Castro.

El hecho de que la postura oficial de los servicios jurídicos del Gobierno venga únicamente respaldada por Rosa María Seoane -representante de la Abogacía en el juicio del 'procés'- no ha pasado desapercibido para algunos abogados del Estado, teniendo en cuenta el momento en el que se conoce su postura. Fuentes de la Abogacía consultadas por este diario consideran que la ausencia de la firma de Consuelo Castro se hace por parte del Ejecutivo con el fin de evitar que el escrito adquiera un tinte político. No obstante, al margen de a quien se atribuya, lo cierto es que el apoyo a la inmunidad del líder de ERC no ha sentado especialmente bien a los miembros más veteranos de la Abogacía, que lo entienden como una concesión a ERC en plena negociación de investidura de Pedro Sánchez.

Es por ello que a lo largo del día de ayer se articuló un movimiento de protesta liderado por el prestigioso jurista Miguel Vizcaíno el cual remitió un "comunicado" al resto de miembros del cuerpo en el que dispara no solo contra el criterio oficial de la Abogacía, sino también contra el comunicado hecho público el domingo por el Consejo Directivo de la Asociación de Abogados del Estado. En el mismo, la asociación rechazó de plano injerencias y presiones en su criterio acerca de la situación de Junqueras, sobre el que pesa una condena de 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. 

La "coacción" de ERC

"Muchos esperábamos que los portavoces de la Asociación rechazasen, sin paliativos y en concreto, la coacción por parte de ERC, aceptada al parecer por el Gobierno. En efecto, ERC condicionaba su aceptación a determinado acuerdo político a que el escrito de la Abogacía fuera del agrado de la propia ERC", reza el comunicado interno en el cual se hace hincapié en que lo ocurrido no es más que una "injerencia insoportable en la independencia de criterio" a la par que contaminaba la postura a adoptar fuera cual fuera su sentido. "Este es el meollo del problema: la falta de reacción, inmediata y contundente, frente al propósito de hacer de la Abogacía un instrumento al servicio de unos intereses partidistas", añade.

El sector más crítico con el proceder de la Abogacía considera que las circunstancias que envuelven la redacción de este escrito que viene a respaldar en líneas general el criterio de la Justicia europea sobre la situación de Junqueras, hará creer a muchos "que se ha blanqueado la extorsión", siempre según esta comunicación interna que ha circulado entre determinados miembros en activo y retirados de la Abogacía General del Estado y a la que ha tenido acceso La Información. Cabe recordar que los servicios jurídicos del Gobierno de Pedro Sánchez tenían de plazo hasta el próximo 2 de enero para emitir el dictamen solicitado por el alto tribunal.

Se trata de un pronunciamiento requerido por la Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena y que choca de frente con el criterio mantenido por la Fiscalía del Tribunal Supremo, la cual considera que Junqueras está inhabilitado y que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no se corresponde con el momento actual de los hechos. Esto es así porque la defensa del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña recurrió a Europa en junio, cuando éste se encontraba en prisión provisional. Pese a ello, la decisión de la Justicia europea se ha producido en una situación bien diferente toda vez que en la actualidad, el 'exnúmero dos' de Carles Puigdemont está condenado en firme a 13 años de cárcel por lo que la prisión en la que se encuentra en la actualidad ya es firme.

Situación sin precedentes

Precisamente ese es el eje troncal que enfrenta a la Abogacía con la Fiscalía y sobre el que tendrá que decidir la Sala de lo Penal toda vez que ya ha incorporado las posturas de los personados en la causa del 'procés'. De este modo, el tribunal afronta una deliberación interna en aras a decidir si Junqueras efectivamente sigue habilitado para ejercer como eurodiputado tras su elección en los comicios europeos del pasado mes de mayo o, por contra, su situación actual es de inhabilitado para ejercer como cargo público, teniendo en cuenta la condena en firme para los implicados en la deriva soberanista del pasado 14 de octubre. 

Ello implicaría que Junqueras no estaría autorizado para abandonar la cárcel y recoger su acta de diputado, tal y como pide la Abogacía, la cual, no obstante, reconoce en todo momento la "total validez" de la sentencia del procés. Con todo, también queda por pronunciarse la Junta Electoral Central (JEC). Precisamente tanto la Justicia europea como lo servicios jurídicos del Gobierno consideran que Junqueras sigue siendo inmune porque la JEC no se ha manifestado sobre su incompatibilidad para ejercer como diputado. De este modo, un pronunciamiento en esta dirección acorde a lo expuesto en la LOREG sería trasladado al alto tribunal y al TJUE, dando pie de este modo a acordar su inhabilitación como cargo político.

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