El pasado 5 de enero se formó la nueva Asamblea de Venezuela. Como estaba previsto, la mayoría de los diputados son de partidos chavistas, sobre todo del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido fundado por Hugo Chávez y que ahora preside Nicolás Maduro. Este dominio asolador se debe a que los partidos de la oposición no se presentaron a las elecciones. Con ello se cierra el último capítulo de un plan diseñado para que los chavistas tengan el control de todos los poderes en Venezuela: el Ejecutivo, con un gobierno chavista presidido por Nicolás Maduro. El Judicial, con un Tribunal Supremo plagado de chavistas. Y el Legislativo, con un parlamento de inmensa mayoría chavista.
Pero a este innegable dominio le falta una pata: el apoyo del pueblo. En las pasadas elecciones legislativas (6 de diciembre) hubo una abstención del 70%. Es decir, la inmensa mayoría de los venezolanos ha dado la espalda al chavismo, incluido millones de votantes chavistas que ya no creen en quienes ejercen el poder. La popularidad de Maduro es inferior al 15%, la más baja de su mandato.
Maduro está ante la siguiente alternativa: proseguir con la política económica chavista que ha arruinado al país, ha empobrecido a la población, ha hundido al bolívar y ha provocado el exilio de cinco millones de venezolanos… O bien, cambiar de rumbo y deshacer gran parte de las medidas que se han tomado en 22 años de chavismo.
Desde el punto de vista económico, es muy difícil predecir con exactitud cuál va a ser la el camino que va a tomar la Venezuela de Maduro, puesto que en los últimos años ha tomado decisiones arbitrarias como prohibir hablar del dólar en el mercado negro, hasta elogiar la dolarización de la economía.
Pero algunos indicios serios hacen pensar que Maduro está admitiendo el fracaso de sus medidas económicas. Hasta Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, ha reconocido esta semana el fracaso de los planes económicos comunistas aplicados a la nación asiática. Uno de los indicios de que las cosas pueden estar cambiando en Venezuela es que, desde 2019, el presidente Maduro ya no prohíbe el uso del dólar en las transacciones diarias del país.
El año pasado dijo en varias ocasiones que la dolarización ha sido una "válvula de escape". De hecho, el dólar ha estabilizado la economía y ha controlado relativamente la inflación. Los venezolanos se han volcado en el dólar debido a la hiperinflación sufrida por el país en los últimos cuatro años. Ahora Maduro afirma que entre la revolución bolivariana y el dólar hay "una complementación".
Hay otra razón por la que Maduro está obligado a cambiar de rumbo. Donald Trump aprobó una serie de órdenes ejecutivas por las cuales cualquier persona física o jurídica que comercie con el estado venezolano se arriesga a sufrir sanciones económicas. Eso incluye comprar petróleo a Venezuela, una materia prima que está en manos del estado a través de PDVSA. Las ventas de PDVSA han caído un 90% y ahora el país está más ahogado que nunca desde el punto de vista económico.
Como medida defensiva, Maduro reaccionó el año pasado aprobando (en una asamblea fraudulenta) la llamada Ley Antibloqueo. Con esa ley, Maduro tiene plenos poderes para actuar frente a la emergencia económica, y puede disponer a su antojo de las empresas públicas. El proyecto de Maduro es ir privatizando las empresas para que EEUU no tenga excusas a la hora de sancionar a Venezuela. Como no lo puede llamar "privatización", puesto que enardecería a los más ortodoxos chavistas, Maduro buscará otro nombre. Así lo cree la patronal venezolana Fedecámaras, cuyo presidente afirmó a La Información que "una importante ala del gobierno quiere ir a la privatización".
En un encuentro mantenido con periodistas venezolanos en televisión en diciembre de 2020, el presidente Maduro afirmó que estaba abierto de brazos a la inversión nacional e internacional, y que no le importaba lo que dijera "la izquierda trasnochada" aunque le acusaran de traidor.
"Tenemos la Ley Antibloqueo; está la nueva Asamblea Nacional que va a desarrollar un conjunto de leyes para flexibilizar la inversión en la actividad económica venezolana. Venezuela está abierta al mundo para la inversión", dijo ante las cámaras, semanas después.
Algunas empresas de hecho ya han sido privatizadas. Agroisleña, una empresa agrícola de fundada por canarios, y nacionalizada por Hugo Chávez en 2010 con el nombre de Agropatria, fue vendida en 2020 a una empresa privada llamada Grupo Agrollano 2019. Para cerrar esta operación se basó en el poder que le daba la Ley Antibloqueo.
Aunque se trate de una privatización poco transparente y asignada a dueños desconocidos, todo indica que a este movimiento seguirán más en 2021. Maduro lo llamará seguramente "alianzas", pues es la palabra que empleó en la rueda de prensa internacional en las elecciones pasadas, ante una pregunta de este medio. "Gracias a la Ley Antibloqueo ya se ha avanzado de manera espectacular en nuevas alianzas en varios campos de la inversión en la economía", dijo Maduro en una reciente comparecencia en televisión.
La falta de transparencia, aunque parezca increíble, es una de las potestades que le da la Ley Antibloqueo. De hecho, sobre estas alianzas, comentó. "No puedo decir mucho. Es la característica de la Ley Antibloqueo: hacer sin decir, y decir cuando ya se haya hecho".
Maduro quiere establecer "alianzas" que le permitan recuperar los niveles de producción del pasado de empresas nacionalizadas o expropiadas: mineras, agrícolas, eléctricas, bancos… La gestión "bolivariana", comandada por inexpertos, y corruptos, ha llevado a la ruina a la mayor parte de estas empresas. Venezuela, antaño productora de café y cacao, ahora tiene que importar esos productos. Incluso la gasolina es importada, a pesar de que Venezuela contaba con una de las mayores refinerías del mundo, Amuay, hoy desatendida, sometida a permanentes explosiones y con muy bajo nivel de producción.
Para que su plan tenga éxito, Maduro tendría que dar algo que no ha sido muy común en los mandatos chavistas: garantías legales. Pocos empresarios se arriesgarán a invertir en un país que cuyo máximo dirigente asaltaba empresas al grito de "¡Exprópiese!", y que de la noche a la mañana arruinaba las inversiones y las expectativas. A mediados de esta semana, la primera vicepresidenta de la nueva Asamblea, Iris Varela, ha propuesto confiscar los tierras y bienes en Venezuela de los venezolanos que viven en el exterior, y hasta revocarles la nacionalidad. Dijo que lo haría contra aquellas personas acusadas de traición a la patria y conspiración, lo cual puede incluir a cualquiera que ellos consideren sus enemigos políticos. Anuncios como ese no ayudan mucho a garantizar la confianza de inversores.
Tampoco anima el hecho de que invertir en Venezuela es hacerlo en el país donde, según el último informe de la ONU, se cometen todo tipo de violaciones de los derechos humanos, incluidos torturas y asesinatos.
Ahora bien, en este movimiento de piezas de ajedrez chavistas que aparentemente reculan, los ganadores pueden ser los empresarios, nacionales o internacionales, quienes a medida que ganen poder, irán avanzando sus piezas en el tablero para ganar poder contra su mayor enemigo: Maduro.
¿Hasta qué punto Maduro permitirá que incrementen su poder económico los empresarios o banqueros? Si algo tiene Maduro y su entorno es la capacidad de ver todos los escenarios e imponerse usando cualquier medio. Así lo hizo cuando fue desmontando el poder de la Asamblea nacida en 2015, que le fue arrebatada por la oposición. Cuando el 6 de diciembre pasado logró, en unas elecciones fraudulentas, retomar el control, afirmó varias veces que "hemos sido muy pacientes". Al terminar el mandato de esa Asamblea, el 5 de diciembre, Juan Guaidó ya no tenía legitimidad internacional, razón por la cual la UE no le reconoció más como presidente interino de Venezuela.
Los nuevos pasos del gobierno venezolano hacia la privatización o las alianzas empresariales, si es que se cumplen, tendrán muy en cuenta todos los escenarios. El más importante para Maduro es no perder el poder. Por un lado tratará de contener la presión de los chavistas más radicales y, por otro lado, tratará de sortear las sanciones, creando alianzas con empresas e inversores privados, para aliviar la situación económica de una población sumida en todos los males que se puedan imaginar: desde la inflación y el estancamiento, hasta la escasez y la profunda pobreza.
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