El botín de campaña de unos Presupuestos escritos sobre papel mojado

El control presupuestario constituyó históricamente la gran razón de ser que dio origen a la configuración de los Parlamentos en los grandes Estados democráticos, pero el mercado persa que se ha instalado estos últimos años en el Congreso de los Diputados ha esterilizado los más nobles y genuinos debates acerca del estado de situación límite que padecen las cuentas públicas en nuestro país. La inmediatez de un año típicamente electoral como el que se avecina en 2023, con múltiples consultas a cara de perro en las urnas, y la instrumentalización grosera de la política fiscal y tributaria como un arma arrojadiza entre los dos grandes bloques del arco parlamentario ofrecen un panorama desalentador de cara al saneamiento de esa empresa anónima que por ser de todos parece que no es de nadie y que responde por la razón social de España, SA.

Los nuevos Presupuestos del Estado que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han pactado como botín de campaña electoral tienen una trascendencia especial porque, aparte de arramplar con los últimos víveres de la despensa, deberán ser previsiblemente prorrogados a la vuelta de un año. La confrontación política exacerbada a partir de la convocatoria de las generales previstas para finales de 2023 bloqueará cualquier revisión presupuestaria con vistas al ejercicio de 2024, que es cuando van a aflorar las más graves consecuencias de los dispendios y tropelías fiscales con que los gobernantes de cualquier condición y pelaje tratan de ganarse ahora el favor de los ciudadanos. La vinculación y cercanía temporal de los comicios autonómicos con las elecciones legislativas constituye una mezcla explosiva en medio de una crisis global donde todo es susceptible de empeorar.

La ministra Montero, la de Hacienda, ha visto el cielo abierto después de que los temerosos contables de Bruselas hayan prorrogado un año más la llamada cláusula de salvaguardia del Pacto Fiscal en Europa. Un salvoconducto para gastar lo que no está en los escritos presupuestarios que permitirá al jefe del Ejecutivo echarse un baile con sus socios de legislatura sobre la tumba de la economía nacional. El Gobierno se dispone a vestirse de fiesta dejando las miserias a dormir que diría Serrat, sin reparar en los preceptos que la Ley española de Estabilidad establece como contrapartida para abrir de par en par la caja de caudales. La normativa es rotunda y exige la presentación en el Parlamento de un Plan de Reequilibrio de las cuentas públicas, no vaya a ser que por la caridad entre la peste y la flexibilidad de la Unión Europea se interprete como una patente de corso para alimentar el instinto manirroto de los que disparan con la pólvora del Rey.

En círculos empresariales empiezan a considerar a Pablo Hernández de Cos como el principal candidato a dirigir el timón de la economía española en un Gobierno de Núñez Feijóo

Sánchez se ofrece siempre dispuesto a partir el bacalao en su pose pública con la amiga Ursula von der Leyen aunque después hace caso omiso de todas las advertencias que los organismos continentales de supervisión vienen emitiendo oficialmente para preservar una política fiscal prudente en nuestro país. María Jesús Montero se ha olvidado de las previsiones económicas del llamado semestre europeo que se hicieron públicas en mayo instando a limitar los gastos corrientes financiados a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo. Pese a la corrección continua y unánime que sufre el cuadro macro, con una estimación cada vez más recortada de crecimiento económico, no parece que Hacienda vaya a comulgar con las recomendaciones de los padres de la patria comunitaria. Más bien, todo lo contrario, porque la alegría de una recaudación tributaria emborrachada de inflación ha desinhibido cualquier tentación de ajustar el presupuesto a las necesidades reales de la crisis.

Una vez más el primero en poner el dedo en la llaga es el gobernador del Banco de España, a quien en círculos empresariales empiezan a considerar como futuro hombre fuerte para dirigir la nave económica de España en un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo. A decir verdad, las proclamas de Pablo Hernández de Cos han sido desde el primer momento el contrapunto de la errática política económica instaurada, es un decir, por el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, pero no por ello se puede olvidar que las admoniciones del responsable monetario datan de tiempos muy anteriores a la llegada del político gallego a la presidencia del Partido Popular. No ha existido ningún proselitismo ideológico en la función institucional del gobernador quien tampoco se ha mostrado muy feliz con las bajadas de impuestos propiciada por los barones populares en lo que el Banco de España considera una ‘peligrosa vorágine’ fiscal.

Como máximo representante del Banco Central Europeo (BCE) en nuestro país Hernández de Cos no habla a humo de pajas y considera que el populismo tributario de estas últimas semanas supone echar más leña al fuego de una hoguera financiera en la que se está quemando el crédito del Estado. Los políticos españoles parecen ajenos al giro de 180 grados que ha adoptado Fráncfort en su estrategia monetaria y han convertido la política presupuestaria en un arma de destrucción masiva para el futuro del erario público una vez se complete la hoja de ruta que Christine Lagarde viene insinuando de forma más o menos velada. De aquí a finales de año es muy factible que el BCE apriete de nuevo las tuercas con otras dos subidas de tipos, entre 50 y 75 puntos básicos cada una, lo que conduciría el precio oficial del dinero a un entorno del 2,50% para el año 2023.

Nadia Calviño y Teresa Ribera presumen de que España no padecerá escasez de recursos financieros ni energéticos. Pero la cuestión no es solo el abastecimiento, sino el precio que habrá que pagar por ellos

Nadia Calviño podrá consolarse con la idea de que España tiene cubiertas sus necesidades de financiación de la misma manera que hace su colega Teresa Ribera cuando augura que no habrá problemas de suministro de gas en el próximo invierno. Los abastecimientos de dinero y de energía están asegurados, malo sería, pero la cuestión es el precio de la hijuela que se va a dejar el Tesoro para pagar el cupón del bono del Estado, cuyo coste en el mejor de los casos va a triplicar la previsión oficial del Gobierno para el año en ciernes. Peores serán las consecuencias para los prestatarios de hipotecas, con un euríbor cuatro veces superior al de hace menos de un año, lo que puede suponer la puntilla para esa inmensa mayoría de economías familiares de la clase media trabajadora que invoca continuamente Pedro Sánchez en su manida tarjeta de campaña electoral.

El año 2023, con sus flamantes Presupuestos escritos sobre papel mojado, no tiene otra expectativa económica que la incertidumbre. Si la guerra de Putín se recrudece en los próximos meses, el BCE se verá obligado a otorgar carta de naturaleza a un escenario adverso que apunta a una contracción de la eurozona del 0,9% para el próximo ejercicio con una inflación superior al 6%. El panorama no parece idóneo para encarar un largo proceso electoral, pero el Gobierno y su corte de los milagros confían en que los tecnócratas del Ministerio de Economía se las idearán para pasar de puntillas sobre el empedrao. Se podría decir que Pedro Sánchez, siguiendo el proverbio chino, ha decidido no descalzarse hasta llegar a la orilla del río. Todo sea que después de estar toda la noche nadando, el líder socialista termine ahogándose de madrugada. El socorrista que venga detrás necesitará algo más que un botiquín de primeros auxilios.