Además de otra subida en los salarios, el sindicato también reclama que las entidades financieras pongan límites a los tipos de interés que ofrecen en los préstamos a sus propios empleados.
Los importes abonados no podrán deducirse en el impuesto de sociedades ni repercutirse al cliente, algo que vigilará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que estará sujeto a sanción.
La entidad se suma a los dos recursos dado a conocer ayer por las patronales, que no solicitaron finalmente medidas cautelares contra el tributo que podrían haber supuesto la suspensión temporal del mismo.
Con esta tasa, el Gobierno pretende recaudar 3.000 millones en dos ejercicios para financiar en parte las medidas sociales aprobadas para hacer frente a la subida de los tipos de interés y la inflación.
La asociación y los sindicatos pactan un incremento complementario al 1% del convenio para compensar el incremento de los precios en las nóminas de las plantillas. Como mínimo el alza será de 1.000 euros.
La patronal avanza tras el 'parón' en las reuniones que se llevaban a cabo desde mayo entre sindicatos y la asociación con el objetivo de valorar medidas que paliasen el impacto de la inflación sobre las plantillas.
Para las organizaciones firmantes del convenio, el tiempo "ha llegado a su fin", puesto que las plantillas no pueden seguir dilatando esta espera y necesitan una respuesta contundente al desequilibrio salarial.
La patronal que agrupa a las antiguas cajas de ahorro, donde Caixabank tiene el mayor peso, es la única del sector financiero que no ha revisado todavía la subida salarial del 1% prevista para este ejercicio de 2023.
La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ante la escalada inflacionista que atraviesa la economía ha obligado a revisar los convenios colectivos de muchos sectores para incorporar mejoras salariales.
La vicepresidenta segunda ha recalcado que la medida supone "un pequeño paso", aunque no es la respuesta que defienden desde su grupo, UP, y ha señalado que no repartirá "las cargas de la crisis".
La AEB se ha reunido con CCOO, UGT y Fine en busca de una revisión salarial para mitigar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados y emplazan a la reunión del 29 de septiembre para acordar medidas.
El 81% de las entidades ha avanzado en la adopción de medidas para mejorar la atención personalizada a clientes mayores de 65 años o personas con discapacidad con la atención presencial de 9:00 a 14:00
CECA y ESBG ha suscrito una declaración que establece que el precio de los préstamos "debe incluir" todos los costes soportados por los bancos, "incluidos los impuestos".
Las cinco principales entidades financieras obtuvieron un beneficio neto de 10.132 millones de euros entre enero y junio. Ahora afrontan la decisión del Gobierno de aplicarles un nuevo gravamen.
Las asociaciones AEB y CECA han recordado que la negociación debe realizarse sobre los "principios básicos" del sistema tributario español, como son "la igualdad, no discriminación y capacidad económica".
La cita, "al más alto nivel", no está confirmada pero sí adelantada por la banca, que sentará a su patronal y principales dirigentes del Santander, BBVA y Caixabank para tratar el impuesto anunciado por Sánchez.
Desde la AEB han manifestado su sorpresa por el anuncio del Ejecutivo, argumentan que podría provocar una menor actividad económica. La AEB señala que las entidades pagan más impuestos que otros actores.
Las entidades de CECA acuden de la mano de Sagardoy Abogados al primer encuentro con sindicatos tras activar la cláusula de revisión ante el cambio radical del entorno.
La Asociación Española de Banca (AEB), en línea con CECA, ha asumido el reto planteado por la sección sindical de activar la cláusula para la apertura de los Observatorios ante el cambio radical del entorno.
La entidad andaluza prepara su relevo con el nombramiento de un nuevo directivo en su representación en la vicepresidencia del consejo de administración de la patronal bancaria.
El ala sindical se subleva y pide abrir el Observatorio Sectorial para revisar los acuerdos con cada patronal tras el giro del IPC. La presidida por Fainé ya ha aceptado, pero no lo ha hecho por ahora la de Kindelán.
En cuanto a las deudas hipotecarias, las entidades concedieron 226.285 moratorias hasta finales de junio, un 83,1 % de las 226.285 solicitadas.
En 2018 una norma obligó a que fuesen las entidades financieras las que pagasen este impuesto en lugar del cliente, como venía siendo habitual.
El plan contempla una atención más personalizada en oficinas físicas, con mejores horarios en ventanilla para realizar operaciones habituales.
"El problema que ha puesto de manifiesto Carlos San Juan existe, es distinto al que teníamos identificado y es real", ha asegurado José María Roldán.
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