El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el secretario general de Junts Per Catalunya, Jordi Turull, han firmado este mediodía en Bruselas un pacto de cuatro años, que va más allá de un mero apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas han cedido al incorporar en el texto la amnistía para casos de la denominada "lawfare" o judicialización de la Justicia que afectaría a todos los relacionados con el procés entre 2012 y 2017, tal y como había venido reclamando la formación independentista catalana. A cambio, el partido de Carles Puigdemont garantizaría una legislatura estable con su más que previsible apoyo a las leyes clave que vaya sacando adelante el Ejecutivo, como la de los Presupuestos Generales del Estado.
Socialistas y JxCat constatan que la situación política actual permite alcanzar un acuerdo para "abrir una nueva etapa" y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña, incluso partiendo de posiciones divergentes, desarrollar una dinámica para su resolución en términos diferentes a los de la última legislatura y "procurar la gobernabilidad durante la XV Legislatura atendiendo a la composición de las Cortes Generales resultante de las elecciones celebradas el 23 de julio de 2023", según reza el texto firmado por ambos partidos.
Al filo del mediodía, Cerdán y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, han firmado este jueves en Bruselas el acuerdo que desbloquea la investidura de Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE podría recibir el respaldo del Congreso de los Diputados la próxima semana, aunque aún está por determinar la fecha del debate que se fijará cuando el candidato traslade de forma oficial a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que cuenta con los apoyos necesarios para que la investidura prospere.
El pacto de apenas cuatro páginas -en las que no se incluye el contenido de la amnistía- se ha cerrado una semana después de lo previsto inicialmente, ya que la imputación del juez García Castellón a Puigdemont por terrorismo a causa de las protestas de Tsunami Democràtic tensó las conversaciones. Si bien, este no es el último escollo que debía superar Sánchez dado que está por culminar el acuerdo con los representantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que se mantienen discretos sobre el estado de las negociaciones. Al tiempo que Santos Cerdán, designado por Ferraz para llevar también ese intercambio de posturas ha admitido que su prioridad en los últimos días ha sido cerrar los flecos restantes con Junts.
Una semana después del pacto con ERC
La rúbrica también se ha producido siete días después de que los socialistas escenificasen el pacto con ERC que incluye la condonación de la parte de la deuda que Cataluña mantiene con el Estado y está ligada al ciclo económico (15.000 millones de euros, alrededor del 20%), así como el traspaso de Rodalies (Cercanías). Esta medida será aplicable también al resto de comunidades autónomas, que podrían beneficiarse de la quita de una parte de su deuda, aunque no se hubieran acogido a los mecanismos extraordinarios de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómico. De hecho, la propia vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, salió al paso de las críticas vertidas por las comunidades del PP garantizando la igualdad de trato a todos los territorios.
La demora del pacto con Junts obedece precisamente a que los independentistas han venido reclamando una redacción suficientemente clara y contundente de la ley de amnistía para evitar que quedasen fuera de la amnistía personas del entorno de Puigdemont. No obstante, los negociadores han trasladado que el contenido de la proposición de ley no se dará a conocer hasta la próxima semana y Santos Cerdán ha afirmado que los jueces serán los encargados de interpretar a qué nombres da cobertura el texto. A las 14:00, hora peninsular, está previsto que comparezca ante los medios el propio expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que también lo hará desde la capital belga.
