Isabel Rodríguez insiste en que miembros socialistas provenientes de Ministerios tales como Economía, Seguridad Social o Educación se deben involucrar en las conversaciones en representación del Ejecutivo.
La ministra y Schmit han destacado también los avances en materia de transparencia en la igualdad retributiva y en los trabajadores de reparto en plataformas digitales.
Sin embargo, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos ha dejado claro que es "preferible" que tanto patronal como sindicatos se sumen al acuerdo.
La Inspección de Trabajo examina las relaciones laborales de alta en la Seguridad Social a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude y advierte de los contratos que deben convertirse en indefinidos.
En los primeros meses del año se registraron 2.603 convenios colectivos con efectos económicos en 2021, pero solo 513 se han firmado este mismo ejercicio.
Lasquetty critica el reparto "a dedo" realizado por el Ejecutivo y asegura que Trabajo reservó parte de este paquete para destinarlo "sin criterio ninguno" a País Vasco, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana.
La vicepresidenta segunda agrega que sí se pueden suprimir partes de ella como se hizo con la anulación del despido de un trabajador en baja médica.
Los directores generales de la Vicepresidencia económica y del Ministerio de Seguridad Social son los encargados de evaluar el impacto de las políticas económicas del Gobierno en sus respectivos ámbitos.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo encarga un estudio para evaluar las necesidades de adaptación al puesto del personal que haya sido diagnosticado de coronavirus y mejorar su empleabilidad.
La vicepresidenta económica logra 'colarse' en la mesa de la reforma laboral. La ministra de Trabajo exige fijar los contenidos en una reunión previa con Pedro Sánchez. Los choques se resolverán al más alto nivel.
Carolina Vidal, secretaria de Acción Sindical y Formación Sindical en Comisiones Obreras Castilla-La Mancha y esposa del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, entra en la cúpula del sindicato.
"Los avances se están haciendo desde el Ministerio de Trabajo y hay que seguir poniéndolos en marcha", recuerdan los portavoces del partido morado.
Ambos partidos han solicitado al Ministerio de Trabajo un estudio sobre el coeficiente de parcialidad aplicado al cálculo de las prestaciones y subsidios por desempleo.
El Gobierno negocia con los agentes sociales una tasa de temporalidad máxima en las plantillas del sector privado, aunque baraja la posibilidad de establecer distintos niveles en función del tamaño de la compañía.
Gobierno, patronal y sindicatos volverán a abordar este asunto en la reunión de la mesa de reforma laboral de la semana que viene, pero Trabajo ya marca sus propuestas y propone límites a la temporalidad.
El Ministerio de Trabajo va a simplificar el nivel asistencial de desempleo, agrupando las prestaciones existentes en un único subsidio cuya cuantía ascenderá al 80% del indicador de referencia (IPREM).
La vicepresidenta segunda recibe a 20minutos en plena negociación presupuestaria y cuando 1,5 millones de personas cobran el nuevo SMI.
El Gobierno cambia el Real Decreto-ley a última hora y modifica los importes de incremento del crédito para la financiación de acciones formativas, aumentando las cuantías para las empresas de menor tamaño.
El choque entre Díaz y Escrivá por asuntos como la formación en las microempresas, los frentes con la patronal y la presión de los sindicatos complican una de las mesas clave para los fondos europeos.
Los tres sindicatos firmantes piden a la ministra "soluciones inmediatas" para la plantilla, mermada por el aumento del número de jubilaciones.
La organización empresarial quiere negociar con Gobierno y sindicatos la equiparación del marco legal de las agencias de empleo al estándar europeo y un papel más relevante en la canalización de la temporalidad
La patronal y los sindicatos acusan a la Seguridad Social de bloquear las negociaciones con sus ausencias. Hay desacuerdo entre los ministerios, que tienen que remitir una propuesta conjunta a los agente sociales.
En la reunión entre Trabajo y los agentes sociales ha habido un acercamiento respecto a la necesidad de que las empresas vuelvan a solicitar un nuevo ERTE, cuya vigencia empezaría el 1 de noviembre.
El Salario Mínimo ha pasado de 641,6 euros en 2011 a los 965 euros actuales. Mientras, las pensiones lo han hecho de 806 a 1.035. Los beneficiarios rondan los 935.000, según la memoria que recoge la medida.
"La resolución es clara cuando especifica lo de 'antes de dar cumplimiento a la sentencia' de la Audiencia Nacional", dice el sindicato USO.
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