A través de una proposición no de ley los 'populares' pedirán el miércoles que la Comisión de Defensa del Congreso reconozca públicamente la labor del Cuerpo Nacional de Inteligencia y a todos sus miembros.
A pesar de que no se puede identificar claramente a un responsable de este escándalo, los ciudadanos ven riesgo de ruptura en la coalición de Gobierno por el uso de Pegasus.
Han dedicado la mayor parte del tiempo del encuentro, que ha durado hora y cuarto, a hablar del espionaje, así como de la "situación judicial" del expresident y del "resto de los exiliados" tras el referéndum del 1-O.
El Gobierno minimiza el choque con ERC, PNV y Bildu por Pegasus. Espera que el ruido se rebaje y descarta una ruptura total con sus socios. Hay medidas del pacto de coalición pendientes, como la tasa rosa.
La decisión cumple con la resolución parlamentaria de llevar a los tribunales los posibles 'pinchazos' a los móviles de más de 60 independentistas, iniciativa respaldada por PSC-Units, ERC, JxCat, CUP y comunes.
Su debilidad política y las constantes peleas con sus “socios” de investidura hacen que el panorama actual del presidente del Gobierno no sean nada halagüeños pese a que marque las distancias con el PP.
El presidente de la Generalitat ha señalado que "si alguien se piensa que cesando a la directora del CNI intentará con esta cortina de humo pasar página de este caso, absolutamente se equivoca".
La visita se produce en medio de la polémica por Pegasus y con el debate sobre cómo aplicar la cuota del 25% después de que Junts se haya descolgado del acuerdo para cambiar la Ley de Política Lingüística.
El ministro de presidencia, Félix Bolaños, explica que, tras el cese de Esteban, el Gobierno busca abrir una nueva etapa para reforzar sus capacidades en materia de ciberseguridad y luchar contra el ciberespionaje.
La pasada semana, Calama decretó el secreto de esta investigación a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras admitir a trámite la inicial denuncia de la Abogacía del Estado.
Los hechos denunciados por el abogado de Puigdemont serán analizados por la magistrada Cristina Díaz, quien ha ocupado puestos en el Ministerio del Interior o en el Gobierno regional de Cristina Cifuentes.
En el Gobierno saben que cualquier aclaración que hagan, incluida la opción de que fue el CNI quien decidió actuar por su cuenta, va a ser muy difícil de entender por sus socios independentistas sin más ceses.
El ministro ha elegido un segundo plano en el escándalo, pero entre sus competencias están monitorizar y vigilar las acciones cibernéticas de otros Estados que puedan tener impactos en los intereses españoles.
Los nacionalistas dejan claro que, ante la posibilidad de elecciones anticipadas que dieran a Feijóo un nuevo Gobierno, los populares no tendrían su apoyo si cuentan con Vox y carga contra el cese de la jefa del CNI.
Busca una empresa de tecnológica, a la que pagará 50 millones de euros, que implante las medidas más innovadoras de ciberseguridad en la Generalitat. Mientras, Ada Colau renovará 7.900 líneas móviles.
La Moncloa ha hecho público esta mañana un informe realizado por el CNI, que confirma el ataque a varios ministros y al antiguo embajador en Rabat. Los indicios apuntan a Marruecos
Esperanza Casteleiro, secretaria de Estado de Defensa, es la elegida por la ministra para sustituir a Paz Esteban. Es una veterana de los servicios de Inteligencia, donde llegó a ser secretaria general.
Tras 40 años en la casa ha sido relevada como consecuencia del caso Pegasus precisamente cuando se cumplen 20 años del nacimiento del CNI, heredero del Centro Superior de Información de la Defensa.
Se ha convertido en la primera víctima del espionaje a móviles de políticos a través del sistema Pegasus, entre ellos, el propio presidente Pedro Sánchez y varios ministros.
El ministro de Asuntos Exteriores acudirá el miércoles a la reunión de la Coalición Global contra el Estado Islámico donde coincidirá con su homólogo marroquí, Naser Burita, en plena polémica por el caso Pegasus.
Tras el ataque al SEPE, el espionaje a móviles y la guerra en Ucrania, el sector público no ha dudado en conceder contratos millonarios para proteger sus telecomunicaciones y renovar y reforzar sus teléfonos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid entiende que desde el Ejecutivo se ha sido "torpe" porque han dado "gasolina" al independentismo para su "victimismo" en el momento en el que están "más débiles".
La Audiencia Nacional ya investiga el ataque informático a Pedro Sánchez y Margarita Robles, mientras que los independentistas preparan una batería de demandas y querellas, por la vía penal y civil, en varios países.
Página 1 de 5