Gobierno y líderes independentistas tienen un objetivo común: averiguar la 'X' de Pegasus, es decir, quién o quiénes están detrás de sus respectivos espionajes. Para ello, cada equipo jurídico ha desarrollado una estrategia distinta al poner el asunto en manos de varios tribunales. El Ejecutivo ha acudido a la Audiencia Nacional, mientras que los políticos y activistas nacionalistas se han repartido entre los juzgados ordinarios de Barcelona y Madrid y el Tribunal Supremo. En principio, unos diez frentes judiciales que pueden llegar a estar presente, como mínimo, en cinco países europeos. Aunque parece claro que el autor de los ataques no es el mismo, en todas las situaciones coinciden las dificultades para localizar al responsable, debido a los problemas para rastrear este sofisticado programa de origen israelí.
El escándalo de Pegasus saltaba el pasado 18 de abril con la publicación de un informe elaborado por la plataforma Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y recogido por la revista 'The New Yorker'. En él se alertó del presunto espionaje a más de 60 independentistas y algunos de sus abogados entre 2017 -punto culmen del 'procés' en Cataluña- y 2020. A juicio de los perjudicados, detrás de lo que se ha denominado como 'Catalangate' estaría el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo cual ha generado cierta polémica, por un lado, ante las dudas de si existió autorización judicial para los 'pinchazos' telefónicos y, por otro lado, por si el Gobierno de Sánchez ordenó espiar a algunos de sus socios de investidura.
Para dirimir responsabilidades políticas, el Congreso ha celebrado la Comisión de Secretos Oficiales -a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de seguridad-, en la que la directora del CNI, Paz Esteban, compareció este jueves. Para responder a las acusaciones de los independentistas, la jefa de los servicios de inteligencia mostró las autorizaciones del Tribunal Supremo para espiar a 18 dirigentes independentistas, entre los que se encontraban el presidente catalán, Pere Aragonès, y dos personas del entorno del 'expresident' Carles Puigdemont. De este modo, se desvinculó de las 'escuchas' al resto de personas que aparecen en el listado publicado por la revista estadounidense, apuntando a dos posibles 'culpables': un país extranjero o determinados "organismos descontrolados" del propio Estado español, según indicó Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.
Avalancha de querellas
Antes de conocerse estos datos, los independentistas ya preparaban una avalancha de querellas y demandas en distintos juzgados. Uno de los primeros en intentar abrir la vía judicial ha sido el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye -y también espiado-, que ha presentado una querella en los juzgados de instrucción de Madrid contra la empresa israelí creadora de Pegasus, NSO Group; dos de sus filiales; y sus tres propietarios. Así, ha solicitado la práctica de una amplia batería de diligencias para aclarar si se cometió un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos y descubrir si "el Gobierno de España, el CNI, o cualquier organismo o empresa pública o privada española, o que trabaje con entidades españolas" ha sido usuaria de Pegasus.
Contra estas sociedades también se han dirigido los dirigentes de la CUP y de Ómnium Cultural. Sin embargo, sus querellas han sido interpuestas en los juzgados de Barcelona, al entender que es el órgano judicial competente para investigar los hechos, ya que los espionajes se cometieron en el lugar de residencia de los afectados. En concreto, se han dirigido al Juzgado de Instrucción de Barcelona número 32, que desde hace casi dos años analiza la infección con Pegasus de los móviles del expresidente del Parlament Roger Torrent y del exalcalde de Barcelona Ernest Maragall. Precisamente este procedimiento es una muestra de las dificultades que tienen los jueces para resolver un caso de este tipo, pues lleva más de año y medio esperando a que las autoridades israelíes faciliten determinada documentación solicitada. A ello hay que sumar las pocas huellas que deja el programa informático, que complica rastrear el origen de la infección y la identificación del atacante, según advierten expertos en ciberdelincuencia.
Asimismo, la artillería legal se extenderá a tribunales de otros países. Según explicaron el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont -huido de la Justicia- y el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras -indultado de su condena por el delito de sedición- también se presentarán demandas en otros países como Francia, Suiza, Bélgica, Alemania y Luxemburgo, lugares en los que se encontrarían algunos de los perjudicados en el momento del espionaje. De hecho, el abogado Gonzalo Boye ya ha confirmado que denunciará ante la Justicia de Portugal que la presunta intrusión del 'software' Pegasus en sus dispositivos móviles coincide con un viaje que realizó a la isla Madeira para reunirse con abogados alemanes. El 'asalto' informático habría tenido lugar en fechas que coincidirían con la negociación de los indultos a los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo. "Era un tema delicado. No fue un viaje de vacaciones, fue un viaje de trabajo", remachó el letrado.
También por la vía civil
De forma paralela a la vía penal, el expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente Josep Costa han señalado que acudirán a la vía civil a través del Tribunal Supremo, órgano competente para investigar a aforados. Y es que su iniciativa irá dirigida contra Pedro Sánchez, en calidad de "máximo responsable de los servicios de inteligencia del Estado español", y contra el Ejecutivo, por presuntamente haber vulnerado seis derechos fundamentales. En caso de su inadmisión, recurrirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Cabe recordar que, desde el principio de la polémica, el Gobierno se ha desmarcado de Pegasus, una postura que ha mantenido incluso después de conocerse el 'hackeo' del CNI a Aragonès, pues ha asegurado que ni lo ordenó ni lo sabía. Aún así, el 'president' catalán ha urgido a "desclasificar" la autorización judicial que permitió su 'pinchazo' telefónico y ha trasladado al presidente de Gobierno la necesidad de hablar "cara a cara" sobre el asunto.
El espionaje al presidente de la Generalitat fue uno de los que se desvelaron en el informe de Citizen Lab, pero no se conocía con exactitud quién lo llevó a cabo. Es más, Aragonès ya anunció, antes de las últimas revelaciones, su intención de presentar una querella individual. Algunas fuentes jurídicas consultadas por La Información han indicado que en su caso podría pedir el amparo de los magistrados de la Audiencia Nacional, ya que estos son los encargados de velar por los derechos de los altos organismos e instituciones nacionales. De hecho, así lo señaló el juez instructor José Luis Calama en el auto en el que se declaró competente para investigar la denuncia de la Abogacía del Estado por los espionajes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Margarita Robles.
Los espionajes al Gobierno
Precisamente, dos semanas después de que estallara el 'Catalangate', el Gobierno confirmó que el líder del Ejecutivo y la titular de Defensa también habían sido víctimas de Pegasus. Por ello, los servicios jurídicos del Estado acudieron a la Audiencia Nacional para descubrir quién 'entró' en el móvil de Sánchez en dos ocasiones, el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo del mismo año, coincidiendo con una de las mayores crisis migratoria y diplomática con Marruecos y con la negociación de los indultos a los independentistas; y una vez en el dispositivo de Robles, en junio de dicho año. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha decretado durante un mes el secreto de la causa, ya que en el análisis de los dispositivos electrónicos se puede encontrar "información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento".
Por el momento, la Audiencia Nacional no investiga si más miembros del Gobierno se han visto perjudicados con el polémico programa espía. No obstante, existe la posibilidad de que la Abogacía del Estado amplíe su denuncia, ya que los ministros han entregado sus terminales al Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al CNI, para que los analicen. Una vez se verifique si alguno de los teléfonos examinados tiene trazas del 'software' israelí, los servicios jurídicos del Estado estudiarán la necesidad de poner los nuevos hallazgos en conocimiento del juez instructor.
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