El presidente de la Generalitat reclama transparencia y aclara que una reunión en sí sola no resuelve el problema del espionaje, por ello espera medidas concretas y compromiso para llevarlas a cabo.
La líder de la formación naranja asegura que ERC seguirá apoyando al Gobierno porque "van a conseguir lo que no consiguen de nadie más", tras conocer que mantendrán un encuentro para abordar el espionaje.
El organismo, siempre discreto y oculto a la sociedad, preparaba una conmemoración con idea de tratar de dar a conocer su labor a la ciudadanía y poner en valor el trabajo que realizan sus 3.000 profesionales.
Para clausurar las jornadas anuales del Cercle d'Economia y asistir al acto de entrega del premio a la Construcción Europea que otorga este "lobby" empresarial a Ursula von der Leyen.
Dos meses después de las escuchas ilegales al presidente, Economía acordó con Defensa desarrollar un centro de ciberseguridad que se encargara de proteger a la Administración General de los ciberataques.
El presidente emite un "caso cerrado" para poner fin a las discrepancias entre dos de sus ministros más importantes. Moncloa ve una "negligencia" en el espionaje al jefe del Ejecutivo y ministros y apunta al CNI.
El presidente de la Generalitat asegura que la autorización judicial para acceder a los móviles de los líderes independentistas "aumenta la gravedad" de los hechos y por ello pide "una respuesta al más alto nivel".
Fuentes de Moncloa han desvinculado al Gabinete de Pedro Sánchez de esa decisión, de la misma forma, subrayan que no sólo desconocían la investigación del CNI, sino que ni siquiera pueden o deben saberlo.
El ministro defiende que las relaciones internacionales no se basan en conjeturas ni especulaciones, si no en hechos y desvela que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya ha analizado su dispositivo móvil.
"Solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos", afirma.
El ministerio reconocía limitaciones para detectar vulnerabilidades y afrontar amenazas avanzadas. Cinco compañías, entre ellas Telefónica, Vodafone e Hisdesat, se repartieron un contrato de 170 millones.
Presidencia considera una brecha de seguridad grave el espionaje al teléfono de Sánchez y no confirma la continuidad de la jefa de los servicios de Inteligencia. No descarta descubrir nuevos móviles atacados.
El 'pinchazo' a sus dispositivos electrónicos coincide con un viaje que realizó a la isla lusa de Madeira en las mismas fechas en las que se negociaban los indultos a independentistas catalanes.
La Comisisón Europea asegura que no dispone de capacidad para actuar sobre esta cuestión y señala a las autoridades nacionales como las responsables de estudiar cada caso que se dé en su territorio.
El presidente de la Generalitat acusa al líder del Ejecutivo central de "dinamitar" la vía del diálogo con su gestión de este caso y urge a marcar un "punto de inflexión", para "depurar" responsabilidades.
El Ministerio Público hace esta petición un día después de que el juez abriera una investigación para tratar de averiguar quién está detrás de la infección de los móviles del presidente y de la ministra de Defensa.
ERC ha pedido a la titular de Defensa que dimita, mientras que el PNV califica la situación de "desastre". El PP critica que Robles no defienda en el Consejo de Ministros a los funcionarios del centro de Inteligencia.
El acceso del programa espía a los móviles se ha sofisticado. Ya no es necesario pichar el mensaje recibido para recibir el ataque y cada vez es más complicado encontrar la huella del 'software' y su procedencia.
El juez Calama pregunta al Ministerio Público qué diligencias se deben practicar para averiguar quién está detrás de la infección con Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa.
Los dispositivos de todos los ministros se analizarán tras detectar la intrusión ilícita en los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa durante el año pasado, según confirma el Ejecutivo.
La empresa israelí NSO Group asegura que se comprometerá a investigar "cualquier sospecha de uso indebido" y que "cooperaremos y ayudaremos con cualquier investigación gubernamental".
El Gobierno comunicó este lunes que había presentado, a través de la Abogacía del Estado, una denuncia por el presunto espionaje al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa.
El juez Calama considera que tiene competencia para indagar sobre la existencia de un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos y pregunta a la Fiscalía qué diligencias se deben practicar.
Podemos y la izquierda parlamentaria habían reclamado la creación de esta comisión y han criticado duramente a los socialistas por su oposición a constituirla. Sánchez si deberá comparecer en la Cámara.
Página 1 de 5