La enmienda del PP centraba su rechazo al proyecto de ley de pensiones en la derogación del factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013, sin detallar en ella el mecanismo que lo sustituirá.
El proyecto del Gobierno, acordado por sindicatos y patronal, deroga el factor de sostenibilidad y recupera el IPC para subir pensiones.
Los sindicatos programan una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para defender la reforma pactada en el diálogo social y 'engrasar' una tramitación parlamentaria que se augura complicada.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la primera pata de la reforma y espera ahora que llegue al Congreso para su tramitación después de verano.
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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones alcanza un consenso con los sindicatos y la patronal para subir las pensiones con el IPC y acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
Los pensionistas orensanos cobran 650 euros menos que los vizcaínos. La brecha de género supera los 450 euros, debido a los peores empleos. Uno de cada tres autónomos necesita complemento a mínimos.
Este acuerdo dará lugar a un anteproyecto de ley que debería aprobarse próximamente en Consejo de Ministros de forma que dé tiempo a culminar su trámite parlamentario y entrar en vigor antes de fin de año.
Cree que sería "demasiado prematuro" llevar esta reforma al Consejo y subraya que ésta no se va a tramitar como Real Decreto-ley, sino como ley, por lo que antes tiene que pasar trámites como la audiencia pública.
La última propuesta del Gobierno a empresarios y sindicatos plantea derogar de forma inmediata el factor de sostenibilidad del PP e incorporar en seis años un nuevo mecanismo de solidaridad entre generaciones.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha comparecido en la Comisión del Pacto de Toledo para dar cuenta de las negociaciones que mantiene con agentes sociales y Europa.
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Su respuesta ha sido negar en repetidas ocasiones que las reformas vayan a suponer recortes, afirmando ante un diputado de Bildu que "sus inquietudes no están en absoluto justificadas".
La reforma del ministro provoca dudas en el seno del Gobierno y entre los agentes sociales por el planteamiento de introducir un mecanismo de reparto que permita la equidad entre generaciones.
El ministro ha detallado algunos puntos de la reforma en la que trabaja como sustituir el actual factor de sostenibilidad por otro que deje de estar vinculado directamente a la esperanza de vida de cada generación
El líder del partido en el Senado, Javier Maroto, asegura que hay que leer muy despacio el decreto sobre desahucios para ver a quien beneficia de verdad.
El Gobierno gastará más de 1.400 millones de euros en subir las prestaciones con el IPC, 3.000 millones en el Ingreso Mínimo Vital y otros 300 millones adicionales en equiparar las bajas de paternidad a 16 semanas.
Invita a buscar un modelo de revalorización no atado al IPC, a vincular la pensión inicial a la esperanza de vida o a estudiar las cuentas nocionales ante las incertidumbres que amenazan a la Seguridad Social.
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