El plan de acción que el Gobierno remitirá a Bruselas antes de que arranque el próximo mes de mayo no incluirá nuevas subidas de impuestos, al menos de forma inminente. Eso es lo que el área económica del Gobierno está trasladando en los contactos discretos que está manteniendo con diferentes actores del tejido económico y de la sociedad civil en las últimas semanas para informarles de las líneas maestras de la hoja de ruta que el Ejecutivo está negociando con los funcionarios de la Comisión Europea en el marco del Plan de Inversiones y Reformas, según aseguran a La Información fuentes conocedoras del contenido de estas reuniones.
En estos encuentros de alto nivel, en los que la representación del Gobierno está corriendo a cargo de la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón; la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda; y el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón; se está transmitiendo el mensaje de que el Gobierno no tiene intención de comprometer nuevas subidas de impuestos para obtener ingresos extra de cara a 2022 sino que, en tanto se consolida la recuperación económica, la idea es esperar a ver cómo funcionan en materia recaudatoria las medidas fiscales ya aprobadas en los Presupuestos de 2021, los nuevos impuestos puestos en marcha - la 'tasa Google' y la 'tasa Tobin', los que están en fase de aprobación, como el impuesto a los residuos; y las nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal, en que el Gobierno confía para obtener más de 800 millones anuales.
Las fuentes consultadas especifican que en esas reuniones los miembros del área económica del Gobierno enfatizan de manera singular que la reforma fiscal que se quería abordar a corto plazo ya se ha puesto en marcha y que, más allá de que se pueda introducir algún ajuste de baja intensidad, no habrá nuevas medidas fiscales de entidad hasta que no se conozca el diagnóstico y las propuestas de cambio sobre el sistema fiscal que haga el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal, cuya configuración ultima estos días el Ministerio de Hacienda.
También trasladan que ésa será la hoja de ruta que se remitirá a Bruselas, de modo que el Gobierno fiará el retorno a una cierta normalidad de las cuentas públicas a los ingresos extra derivados de las medidas fiscales ya adoptadas o en vías de aprobación y, por el lado de gasto, a la ejecución ya sí en 2022 de algunas de las medidas de racionalización del gasto planteadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en sus ejercicios de evaluación de la eficacia del gasto público, los célebres 'spending review', según se ha concretado en esos encuentros.
Conviene recordar aquí que las autoridades europeas albergan una especial preocupación por la evolución de las cuentas públicas en España. En su evaluación del plan presupuestario español, Bruselas advirtió el pasado mes de noviembre sobre el repunte del déficit estructural del país como consecuencia de algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno, como el Ingreso Mínimo Vital o las subidas de las pensiones y los sueldos de los funcionarios, con las que fueron especialmente críticos, y auguró una reducción muy tenue del desequilibrio presupuestario español en los próximos años, lo que podría situar a España en una situación de gran vulnerabilidad ante una eventual subida de los tipos de interés de la deuda.
Un foco de inestabilidad política
El debate sobre la orientación de la política fiscal no es un elemento pacífico en el día a día del Gobierno de coalición de las izquierdas. Durante la negociación del proyecto de Presupuestos para 2021, los mensajes a la contención lanzados por Nadia Calviño, con el argumento de los riesgos de elevar los impuestos en un contexto de crisis económica, fueron contestados desde el área de Gobierno de Unidas Podemos con propuestas de nuevos impuestos y maniobras parlamentarias para mantener el debate fiscal en el candelero más allá de lo pactado en el proyecto presupuestario.
Los desencuentros en ese campo han continuado después. Unidas Podemos no presentó enmiendas al proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal en protesta por no haber sido consultados por Hacienda sobre la elaboración de la norma y ese enfrentamiento soterrado mantiene desde hace casi tres meses empantanada en la Comisión de Hacienda una norma clave, no sólo por su relevancia en el plan de ingresos del Gobierno - que esperaba recaudar 828 millones de euros en 2021 por las medidas contenidas en el proyecto legal - sino también porque recoge medidas clave como el impuesto a los beneficios no distribuidos de las socimi, el control de las sicav por la Inspección de Hacienda o la regulación para habilitar las inspecciones sorpresa de la Agencia Tributaria, tras la sentencia del Tribunal Supremo que las declaró ilegales.
Desde el área de Podemos, además, el tiempo de las subidas de impuestos no se considera ni mucho menos acabado. La formación morada lleva semanas reclamando a la ministra de Hacienda abrir una negociación bilateral para empezar a perfilar lo que consideran debe ser la segunda fase de la reforma fiscal, con la mirada puesta en la instauración del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, el desarrollo de la fiscalidad verde, la eliminación de ayudas fiscales a empresas y rentas altas y la subida de los impuestos a los ricos. Por lo que desde Hacienda y Economía se está contando en las reuniones antes mencionadas, esa negociación no parece estar en sus planes.
La estrategia de retrasar las medidas fiscales a 2023, cuando la economía ya habría alcanzado su velocidad de crucero, tampoco convence del todo a algunos expertos. Es el caso del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, el que fuera coordinador del grupo de trabajo de expertos para la reforma de la financiación autonómica. En su opinión, "España necesita una reforma fiscal para que el sistema sea más equitativo y distorsione menos, pero en las circunstancias actuales también la necesita para pagar la factura de la crisis". De la Fuente entiende que se deberán habilitar medidas de naturaleza transitoria para conseguir los ingresos fiscales necesarios para hacer frente al coste de esa factura "y, por supuesto, un mayor control sobre el crecimiento del gasto, empezando por el sistema de pensiones".
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