La primera fase de la reforma de pensiones, ya pactada con los sindicatos y enviada en forma de anteproyecto de ley al Congreso de los Diputados para que sea debatida, contempla, además de medidas de calado como son los incentivos al retraso de la jubilación y las penalizaciones al anticipo, algunas iniciativas que suponen una modernización y transformación radical de la actual estructura organizativa de la Seguridad Social, compleja, burocrática y proclive a errores, retrasos y descoordinación. La principal de ellas, la creación de una Agencia Estatal de la Seguridad Social, busca centralizar en un solo macroente todas las gestiones que ejecutan múltiples organismos, desde la recaudación de las cotizaciones, el pago de las pensiones o los servicios sociales complementarios del sistema público a los procedimientos de tramitación de creación de empresas y altas y bajas de trabajadores.
El idea del ministro José Luis Escrivá de una gran Agencia, que copiaría el modelo de la Tributaria y que agruparía todos los organismos actuales en la Seguridad Social, no es ni mucho nueva y ha estado sobre la mesa de todos los responsables de Trabajo y Empleo desde 2003. Ese año, Eduardo Zaplana, ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el último Gobierno de José María Aznar, anunciaba el proyecto, que tenía el objetivo, además de reducir la burocracia y facilitar la lucha contra el fraude, blindar la caja única de las pensiones ante las crecientes demandas competenciales de los nacionalistas. La iniciativa finalmente no vio la luz en 2004 como estaba previsto, un año electoral, con comicios adelantados y que perdió el Partido Popular frente a José Luis Rodríguez Zapatero.
El macroorganismo asumiría la recaudación de la Seguridad Social, que ronda los 125.000 millones y a más de 30.000 empleados públicos
En un principio, el organismo diseñado por Zaplana no tenía previsto encargarse de abonar las prestaciones por desempleo, aunque el anteproyecto de ley dejaba abierta la puerta a que el Inem se integrase en la agencia en un futuro. También contemplaba la posibilidad de que el 'coloso burocrático' pudiese crear empresas propias para gestionar su patrimonio y configurar su presupuesto y su política de personal. Si en aquel momento el presupuesto de recaudación que hubiera gestionado el macroorganismo superaba los 90.000 millones de euros, en la actualidad rondaría los 125.000 millones, más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB). Bajo su control estarían más de 30.000 empleados públicos.
El plan de Escrivá supondría a la larga una importante reducción de coste, la eliminación de determinados directivos y una mejor gestión de recursos humanos, pero tendría un coste inicial importante. El proyecto de Zaplana, el de 2003, estimó que serían necesarios al menos mil millones de euros con el objeto de afrontar la transformación administrativa que conllevaría la adaptación de oficinas, la compra de material, los cambios de diseño y la adquisición de nuevos inmuebles. Su plan estaba tan avanzado que incluso se había lanzado a la compra de solares en diversas ciudades para instalar las futuras oficinas de la agencia.
El presidente socialista Rodríguez Zapatero, cuando Valeriano Gómez ocupaba la cartera de Trabajo, también estuvo a punto de poner en marcha la gran Agencia e incluso su intención quedó plasmada en octubre de 2011 en el Boletín Oficial de Estado (BOE), donde se recogían plazos y fórmulas de tramitación para crearla. No obstante, el proyecto finalmente no se pudo materializar tras perder las elecciones frente a Mariano Rajoy solo tres meses después de su publicación. El objetivo de Zapatero era unificar todas las gestiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Social de la Marina (ISM), la Tesorería General, la Gerencia de Informática y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social para simplificar y agilizar los trámite. Quedaban excluidas de la iniciativa las prestaciones y subsidios por desempleo, como en el plan de Aznar.
Las incógnitas es si se asumirá la gestión del SEPE y el coste de la puesta en marcha, que en 2003 se calculó que supondría más de mil millones
Mientras, la ministra Fátima Báñez también avanzó un año después su propósito de presentar un Proyecto de Ley específico para la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, ya que consideraba que la precisión y amplitud de la iniciativa de Zapatero resultaba insuficiente. La finalidad de este gran ente, común en los planteamientos de Aznar y Zapatero, era facilitar la plena integración de funciones, la simplificación administrativa, la gestión más eficiente y la cercanía al ciudadano. Tampoco logró sacarla adelante la medida.
Desde USO avalan la agencia, que acabaría con la descoordinación y las ambiciones nacionalistas y evitaría cinco directores generales... y sus equipos
Los sindicatos se han mostrado favorables al proyecto, conscientes de que redundará en la eficacia de la Administración, evitará la descoordinación y simplificará muchos trámites que ahora se realizan en dos o más organismos. Joaquín Pérez, secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), destaca a La Información los aspectos positivos de la iniciativa, que evitaría, gracias a la unificación de organismos, asuntos tan llamativos como los retrasos de meses en el pago del subsidio extraordinario a 380.000 empleadas de hogar, que han ido recibiendo con cuentagotas una ayuda que supone el 70% de la base reguladora y no puede superar los 950 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Además, señala el caos que se genera con las rentas mínimas de inserción de las comunidades o en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que no llegan a muchas de las personas que realmente lo necesitan y que para obtenerlo son necesarios demasiados trámites, una vez superado un duro filtro de acceso. Apenas 300.000 hogares de los 850.000 que se marcaron inicialmente están recibiendo un subsidio, que dependiendo del número de miembros va de 470 euros a poco más de 1.000 euros, cuando la familia está constituida por cinco o más personas. Desde USO denuncian la falta de voluntad política para acometer "esta importante reforma", cuya puesta en marcha contribuiría a superar la "situación caótica" de Seguridad Social.
El sindicato destaca que activar la Agencia Estatal serviría para subsanar bastantes de los problemas que actualmente existen en los organismos de la Seguridad Social, que tienen una plantilla escasa y envejecida, contribuyendo a una mejor gestión de los recursos humanos, a frenar a la externalización masiva de servicios y a un recorte de directivos y de sus equipos, ya que en principio desaparecerían cinco direcciones generales.
Insisten desde el sindicato en que el planteamiento de la Agencia terminaría además con las ambiciones "de algunos" por acabar con el principio de caja única de la Seguridad Social. Desde USO apuestan por incorporar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para garantizar todavía más la coordinación y los cruces correctos de datos, y por blindar el sistema de Seguridad Social, "para mantener la uniformidad de las coberturas sociales en todo el Estado". Por su parte, desde la Unión General Obrera (UGT) aseguran que la Agencia es una reivindicación histórica del sindicato y que la medida, que podría estar plasmada en un proyecto de ley antes de que acabe el año, dotará de una estructura única y renovada a la Seguridad Social.
