El Gobierno ha decidido elevar las subvenciones para mantener los puestos de trabajo de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo y evitar una sangría en las plantillas. El Ministerio de Trabajo y Economía Social prepara una orden por la que se van a incrementar las ayudas públicas a estos centros para, por un lado, paliar los efectos que ha tenido sobre sus costes laborales la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 950 euros en 2020 y, por otro, amortiguar el impacto que ha provocado sobre su actividad la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19.
Las subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo se fijan en el 50% del SMI vigente en cada momento, de manera que estas ayudas se han visto afectadas por los sucesivos incrementos del salario mínimo de los últimos años (22,3% en 2019 y 5,56% en 2020). El Gobierno admite que estos aumentos que han asumido las empresas en sus costes salariales pueden suponer "impedimentos" para el mantenimiento de las plantillas y "obstáculos de acceso" al mercado de trabajo y por ello plantea un alza de cinco puntos en el porcentaje de financiación, hasta alcanzar el 55% del SMI.
"Estos sucesivos aumentos del salario mínimo interprofesional, unidos al impacto económico de las medidas de prevención y contención derivadas de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 pueden suponer dificultades a los Centros Especiales de Empleo para mantener los puestos de trabajo de las personas con discapacidad con especiales dificultades contratadas en los mismos, por el incremento de los costes salariales que no son objeto de la subvención del 50% del SMI", admite el departamento que dirige Yolanda Díaz en la memoria de análisis de impacto normativo.
El Ejecutivo considera que sin perjuicio de que los Centros Especiales de Empleo deban aportar parte de la subida del SMI y hacer frente a los costes ocasionados por la crisis sanitaria y a las "graves pérdidas" de producción, en la situación actual "pueden incurrir en dificultades añadidas" para mantener las plantillas. Por ello, de manera extraordinaria para 2020 se aprobará ese incremento de las subvenciones desde el 50% hasta el 55% del SMI, aunque "únicamente para aquellos trabajadores que presenten un discapacidad severa, que implica especiales dificultades de acceso al mercado ordinario de trabajo", según consta en el proyecto de orden.
Se trata de una mejora en la subvención que está en línea con la que ya hizo el año pasado la entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ante la mayor subida del SMI de la historia. En esta ocasión, esos cinco puntos de diferencia tendrán un coste para las arcas públicas de más de 23 millones de euros (23.104.760 euros), de acuerdo con las cifras arrojadas en la memoria de impacto normativo, donde se especifica que "para financiar este aumento de gasto se tramitará una modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería no afectado del Servicio Público de Empleo Estatal".
Una vez aprobada la orden y la referida modificación presupuestaria, el Ministerio tiene previsto distribuir los fondos entre las comunidades autónomas, a las que corresponde la gestión. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que la subvención del 55% del SMI aplica al supuesto de trabajadores con una discapacidad severa . Por tanto, el colectivo afectado se estima en 40.932 personas consideradas con discapacidad severa (entre un total de 90.862 trabajadores con discapacidad en estos centros) y se reduce a 34.744 si se restan los que prestan servicios en Ceuta, Melilla, País Vasco y Navarra (estas dos últimas se financian a través del cupo).
Demandas del sector
El Ministerio responde así a las demandas de los Centros Especiales de Empleo, que habían reclamado ayudas complementarias desde el inicio del año para poder pagar el nuevo SMI, a cuyo incremento aseguran que no pueden hacer frente. "Este aumento supondrá un impacto directo para los centros especiales de trabajo, que arrastran una situación delicada desde hace más de 10 años, debido a la congelación de la financiación, recortes y problemáticas sobrevenidas", habían advertido las patronales de estos centros que aseguran un empleo remunerado para las personas con discapacidad, a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estos trabajadores en el régimen de empleo ordinario.
Desde las patronales, sin embargo, se había solicitado que la intensa escalada del SMI en los últimos años se vea compensado a través de un aumento en la subvención que como mínimo llegara a alcanzar el 61%, un porcentaje muy por encima del 55% al que está dispuesto a llegar el Ministerio de Trabajo. Los empresarios, además, demandan una revisión del modelo actual de los Centros Especiales de Empleo y una transformación hacia un modelo que garantice un futuro viable tanto para las compañías como para las personas trabajadoras con algún tipo de discapacidad.
