Los trabajadores que sigan en ERTE tras el verano tendrán solo el 50% del sueldo

Las prestaciones de los trabajadores que siguen inmersos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) desde que estalló la pandemia de la Covid-19 el pasado mes de marzo se van a ver reducidas considerablemente a partir de septiembre. Esto es así porque la regulación actual establece que transcurridos seis meses del cobro de la prestación, esta se recorta inexorablemente. En concreto, desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) advierten de que el importe de la prestación durante los 180 primeros días se corresponde con el 70% de la base reguladora, pero a partir del día 181 pasa a ser del 50%. Una rebaja que afectará a todos los trabajadores que hayan permanecido en un ERTE desde que se activó el estado de alarma.

Septiembre será el séptimo mes en ERTE para muchos de los que todavía no se han podido reincorporar a sus puestos de trabajo con motivo de la crisis y, en consecuencia, pasarán de cobrar el 70% de la base reguladora (que no se corresponde exactamente con el salario, sino con la media de las bases de cotización de los seis meses anteriores al ERTE) a percibir el 50%. La rebaja no es baladí y ha encendido las alarmas en los sindicatos, que van a pedir a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social que no se recorten las cuantías de las prestaciones durante los próximos meses y hasta fin de año.

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Para los sindicatos es condición necesaria para llegar a un acuerdo sobre la nueva prórroga de los ERTE que a los beneficiarios (quedan unos 800.000 trabajadores afectados por estos procedimientos y el grueso proceden de las primeras semanas del estado de alarma) se les mantengan las cuantías vigentes actualmente. Ese será el nuevo caballo de batalla de UGT y CCOO en las negociaciones con el Gobierno que se van a poner en marcha en apenas dos semanas para determinar hasta cuándo y en qué condiciones se van a poder extender estos mecanismos salvavidas del empleo.

Será el día 4 de septiembre cuando los agentes sociales acudan a una reunión oficial en Mallorca, epicentro del golpe económico sin precedentes que ha recibido el turismo patrio. Aunque fuentes del diálogo social revelan que los contactos ya se están sucediendo estos días -el propio secretario general de UGT, Pepe Álvarez, hablaba ayer mismo de "principio de acuerdo", no será hasta pasadas las vacaciones cuando los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz, y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se citen con los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Todo se está preparando para llegar a ese destino -minuciosamente escogido por el Gobierno para escenificar el respaldo de las instituciones al vapuleado sector turístico- con un acuerdo prácticamente cerrado que permitiera una nueva foto de los agentes sociales, esta vez en la isla balear. Los sindicatos van a presionar para mantener las cuantías de las prestaciones, algo a lo que podría abrirse el Ministerio de Trabajo, según vaticinan fuentes del diálogo social, mientras los empresarios van a poner el foco en las exoneraciones de las cotizaciones sociales, que ya se han ido reduciendo progresivamente desde marzo y que consideran esenciales para poder mantenerse a flote.

Otro de los puntos conflictivos, como en anteriores negociaciones, va a surgir al determinar si deben prorrogarse las condiciones favorables de los ERTE, tanto para las empresas como para los trabajadores, en todos los sectores o solo en aquellos más golpeados por la crisis sanitaria, como los relacionados con el turismo, la hostelería o los transportes. Inicialmente, la idea del Ejecutivo es priorizar a las actividades que están mostrando un ritmo más lento de reactivación, especialmente con las nuevas restricciones impuestas para frenar los rebrotes, si bien tanto la patronal como los sindicatos defienden que la prórroga debe ser universal para evitar discriminaciones y porque muchos sectores están interrelacionados.

En este sentido, fuentes del dialogo social auguran dos escenarios diferentes: una prórroga universal hasta final de año y el mantenimiento de determinadas condiciones favorables para los ERTE en sectores como el turismo hasta el primer trimestre de 2021, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa. No hay que olvidar, además, que en el anterior acuerdo los agentes sociales pactaron la figura del ERTE por rebrote, que permite a las empresas afectadas por restricciones en sus regiones y que, en consecuencia, vean impedido el desarrollo de su actividad, tramitar un expediente con una rebaja del 80% en las cotizaciones a la Seguridad Social en empresas de menos de 50 trabajadores y del 60% en las más grandes. Está por ver si esta herramienta se mantiene en un eventual nuevo acuerdo.

Hacia un modelo permanente

Lo que a estas alturas parece asumido en el diálogo social es que los ERTE han venido para quedarse, tal y como ya adelantó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es más, en el 'Pacto para la reactivación económica y por el empleo' el Gobierno se comprometió con la patronal y los sindicatos a explorar la transición hacia un "modelo permanente" de "contribución compartida", con el fin de consolidar el papel de los ERTE "para la adaptación de nuestra economía, en línea con otros países europeos, protegiendo el tejido productivo, el empleo y a los trabajadores en un marco de mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y volatilidad y mayor contribución a la estabilidad económica".

"La figura del ERTE ha sido clave en la crisis Covid, evitando la destrucción innecesaria de muchos empleos y contribuyendo a preservar capital humano y tejido productivo que habría sido difícilmente sustituible de otra forma", reza el documento consensuado entre los agentes sociales, que considera especialmente relevante el hecho de que una figura cuyo origen está en economías fuertemente industriales y en empresas grandes haya podido ser extendida de forma tan rápida y eficiente a una economía de servicios y pymes como es la española, "lo que nos debe servir como importante elemento de análisis para reflexionar acerca de la oportunidad de disponer de instrumentos de flexibilidad interna frente a la destrucción de empleo".