Los trabajadores de la empresa pública Isdefe, que proveen de sistemas de ingeniería al Ministerio de Defensa y a otros ámbitos de la Administración del Estado, tuvieron que esperar a la nómina de junio de este año para percibir la subida salarial que por derecho les correspondía del ejercicio de 2019. Esta vez igual les toca esperar más. El Gobierno ha esperado hasta bien entrado el mes de septiembre para aprobar la orden que habilita a las empresas públicas para empezar a negociar con sus comités de empresa las condiciones en que se abonará la subida salarial del 2% que en virtud del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firmado por los sindicatos mayoritarios de la Función Pública con el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2018 les corresponde como al resto de empleados del sector público para el ejercicio de 2020.
La orden, que recibió la luz verde de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el pasado viernes, supone el pistoletazo de salida para un proceso que como se ha demostrado en años anteriores puede dilatarse durante meses, pero que al cabo abre la puerta para que los más de 80.000 trabajadores de las empresas públicas dependientes del Estado accedan a la mejora retributiva que les corresponde como parte del entramado de la Administración Pública y que la inmensa mayoría de los funcionarios de la Administración General del Estado ya disfrutan desde marzo o abril.
La presión desde las empresas públicas se había intensificado en las últimas semanas. En las más grandes, como Correos, Paradores o Navantia, los sindicatos llevaban meses exigiendo la aplicación de la subida prevista para 2020 y los rumores de congelación salarial en 2021 intensificados en los últimos días habían incrementado el temor a una posible paralización 'sine die' en la aplicación de la subida. El sindicato CSIF circuló un comunicado interno la semana pasada en el que exigía al Ministerio de Hacienda que rompiera su silencio y habilitara de una vez a las empresas públicas para poder aplicar la subida salarial de este año.
Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que, en el caso de las empresas públicas, esta subida no es automática sino que exige de un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores según el procedimiento reglado sobre el particular. Fuentes sindicales aseguran que en muchas empresas esos acuerdos ya existen, pero la regulación establecida exige que antes de abrir de manera formal ese canal de negociación el Ministerio de Hacienda habilite la misma mediante la aprobación formal de unas pautas. Según fuentes ministeriales, este año esas pautas aprobadas el pasado viernes indican que, al igual que ha sucedido en la Administración General del Estado, la subida que se aplique en las empresas públicas no pueda exceder del 2%. Otros años se ha permitido cierto margen de maniobra a las departamentos de recursos humanos de la empresas públicas en beneficios para disponer algún premio extra. Este año no será el caso.
La situación en que la pandemia ha dejado las arcas de las empresas públicas augura una negociación ardua para que los trabajadores de las empresas públicas puedan ver esa mejora retributiva en su nómina a corto plazo. El procedimiento establecido para ello no ayuda. Empresas y representantes de los trabajadores deben abrir ahora una negociación para acordar el modo en que se va a formalizar esa mejora retributiva, que las empresas necesitan encajar en unos balances tremendamente castigados por la Covi-19. Hay que recordar aquí que, por ejemplo, Paradores tuvo cerradas las puertas de sus establecimientos durante un trimestre completo por la crisis sanitaria y que en Navantia también la actividad estuvo al ralentí durante semanas y semanas con un coste elevadísimo sobre su nivel de facturación.
La negociación se desenvolverá además en un contexto particularmente complejo dentro de las empresas públicas. Empezando por la primera empresa pública por número de empleados, el operador postal Correos, que tiene aún pendiente de desarrollo parte de las disposiciones incluidas en el acuerdo laboral firmado a finales de 2018 y que además anda embarcada, no sin dificultades, en el diseño de un Plan Estratégico que aspira a gobernar la mayor transformación de la empresa pública en toda su historia. Un proceso en el que no terminan de estar en sintonía con las centrales sindicales.
Algo similar ocurre en la otra gran empresa pública del entorno SEPI, Navantia, a la que la Covid-19 le ha cogido en pleno desarrollo de su Plan Estratégico y que ahora se afanaba en buscar cómo encajar sus planes para rejuvenecer la plantilla en un entorno presupuestario mucho más restringido, lo que ha provocado ya las primeras protestas en el ala de la crítica industria auxiliar de los astilleros públicos. Paradores, Renfe...numerosas empresas públicas se han visto obligadas a recortar los componentes variables del sueldo en los últimos meses ante la imposibilidad de plantear ajustes de plantilla por la prohibición expresa al respecto formulada desde el Ministerio de Hacienda.
Fuentes sindicales aseguran que algunas empresas públicas les han trasladado el compromiso verbal de aplicarse esa mejora salarial ya este mismo año, aunque la sospecha es que la inmensa mayoría de ellas van a tratar de cerrar acuerdos con los sindicatos sobre la base de demorar el grueso de la subida salarial del 2% que la ley les exige aplicar en este ejercicio de 2020 a 2021 o incluso en varios años a la espera de que la actividad económica se normalice.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios