Una foto para Bruselas. El lugar escogido, los jardines del Palacio de La Moncloa. El viernes, pasadas las 11 de la mañana, tras un Consejo de Ministros extraordinario y en lugar de la habitual rueda de prensa, el presidente del Gobierno optó por una puesta en escena al aire libre con los líderes de la patronal y los sindicatos. Sin preguntas de periodistas. Solo se admitieron reporteros gráficos para atestiguar los cinco discursos. Pedro Sánchez quería lanzar un mensaje hacia afuera de España, poniendo en valor el diálogo social como adalid de la salud democrática de este país y garante de confianza institucional. A ninguno de los presentes se le escapó que lo que allí se estaba produciendo era una declaración de intenciones hacia Bruselas, con vistas al fondo de recuperación que se negocia en dos semanas y que es vital para apuntalar el proceso de salida de esta crisis.
El documento del compromiso alcanzado con la patronal y los sindicatos es genérico. Se habla de llegar a "acuerdos amplios de país" en torno a la transición ecológica, la digitalización, la reindustrialización, la colaboración público-privada, la formación profesional o la creación de empleo de calidad, así como el refuerzo del Estado de bienestar. "Más que un acuerdo, es un compromiso para afrontar los enormes retos de los próximos trimestres", reconocía durante su intervención el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien enfatizaba que "a nadie se le oculta que esta escena tiene una traslación externa muy relevante", ya que es en la Unión Europea donde "nos va la suerte para la salida de esta crisis".
El propio Sánchez recogía el guante minutos después y admitía que la capacidad demostrada por los agentes sociales para llegar a acuerdos sólidos con regularidad, especialmente durante esta crisis sanitaria, supone un "excelente indicador de salud democrática" y lanza un "mensaje de confianza" a los socios europeos. Con estas palabras, el presidente dejaba entrever que el Gobierno fía gran parte de la recuperación a las negociaciones con Bruselas y que antes de sentarse a hablar en Europa sobre la porción del pastel del fondo de recuperación que corresponde a España resulta vital atraer el máximo consenso posible a la postura del Gobierno. Descartado un acuerdo con la oposición por el lado del PP en materia económica, el colchón del diálogo social se convierte en fundamental.
El mes de julio va a determinar en gran medida el futuro económico de España y por eso el Ejecutivo tiene todas sus expectativas puestas en la cumbre comunitaria que se celebra dentro de dos semanas. "Será la gran batalla", reconoció el presidente el pasado jueves en una entrevista en televisión. Sánchez adelantó que en los próximos días se reunirá con los jefes de Gobierno de Suecia, Portugal y Holanda para explicar la posición del Ejecutivo español, que defiende que necesita más recursos que otros porque ha sido uno de los más afectados por la pandemia. De salir adelante, el fondo que se está negociando será comparable en magnitud y relevancia con la implantación de la moneda única, en opinión del líder socialista.
En una segunda reunión en Bruselas a finales de mes se terminará de definir qué margen tiene el Gobierno español para seguir dedicando dinero público a paliar las dramáticas consecuencias de la pandemia. El Ejecutivo ya ha cambiado de marcha en el planteamiento de medidas económicas ya ha pasado de la fase de "resistencia" a la de "reactivación". La prioridad en estos momentos es reincorporar al mercado laboral a los casi dos millones de trabajadores que continúan inmersos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y dar apoyo a los sectores considerados estratégicos con un nuevo fondo dotado con 10.000 millones de euros. En paralelo, se sigue ampliando la línea de avales públicos con otros 40.000 millones.
La estrategia para recomponer el mercado laboral, una de las principales urgencias, pasa por primar los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos. Asimismo, se busca que las empresas impulsen la contratación de los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizó durante la crisis cuando las circunstancias así lo permitan, potenciando en la medida de lo posible la contratación indefinida. Así consta en el acuerdo alcanzado con empresarios y sindicatos, que apuesta por la creación de empleo de calidad y por evitar el que el despido sea el principal mecanismo de ajuste ante caídas de actividad o cambios del ciclo económico.
En este sentido, en el documento firmado por los agentes sociales se considera que la figura del ERTE ha sido clave en esta crisis para evitar la destrucción de empleo y preservar capital humano y tejido productivo. "Especialmente relevante es el hecho de que una figura cuyo origen está en economías fuertemente industriales y en empresas grandes haya podido ser extendida de forma tan rápida y eficiente a una economía de servicios y pymes como es la española", destacan los firmantes, para añadir que esto "debe servir como importante elemento de análisis para reflexionar acerca de la oportunidad de disponer de instrumentos de flexibilidad interna frente a la destrucción de empleo".
Y aquí el denominado 'Acuerdo por la reactivación económica y el empleo' sí contiene una novedad relevante y es que los agentes sociales se comprometen a negociar un marco permanente de "contribución compartida" para los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (los ETOP). Es decir, adaptar la regulación para que estos expedientes se desarrollen en adelante en condiciones favorables para las empresas en términos de exoneraciones de cotizaciones sociales. Está por ver en qué queda esta iniciativa, pero de momento Gobierno, patronal y sindicatos se comprometen a "proteger el tejido productivo, el empleo y a los trabajadores en un marco de mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y volatilidad y mayor contribución a la estabilidad económica".
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