El Gobierno permitirá a los pensionistas ganar poder adquisitivo respecto al Índice de Precios de Consumo (IPC) cuando este sea negativo. Inicialmente, la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, contemplaba que, en el supuesto de inflación negativa, las pensiones se mantendrían inalteradas y en los tres ejercicios siguientes con valores positivos se absorbería la diferencia (salvo en las pensiones mínimas, que no se verían afectadas). Pero ese planteamiento se ha caído este lunes de la mesa de negociación, debido a la presión sindical, según indican fuentes presentes en el encuentro mantenido entre el Ministerio, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme.
La propuesta que había puesto sobre la mesa el ministro José Luis Escrivá la semana pasada es ya papel mojado. En el primer documento entregado a los agentes sociales, respecto a la nueva fórmula de revalorización, se garantizaba "el mantenimiento del poder adquisitivo a través del incremento de las pensiones el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior". Pero también quedaba garantizado que "en el supuesto de inflación negativa -algo muy infrecuente y de escaso impacto incluso en las circunstancias de los últimos años– las pensiones no sufrirían merma alguna, quedando ese año inalteradas". Eso sí, "en los tres ejercicios siguientes con valores positivos se absorberá esa diferencia, salvo las pensiones mínimas que no se verán afectadas".
Ahora la última parte del redactado desaparece, según confirman a La Información distintas fuentes del diálogo social, de manera que esa garantía de revalorización del poder adquisitivo de las pensiones cada año con el IPC ya no va acompañada de esa propuesta para que los años en los que la inflación fuera negativa, la ganancia de poder adquisitivo se devolviera en los ejercicios siguientes siguientes. Desaparece así ese planteamiento de compensación que el ministro Escrivá había introducido en la fórmula para acompasar el mantenimiento del poder de compra de los pensionistas con la contención del gasto del sistema.
Con la fórmula inicialmente planteada, si el IPC era negativo, las pensiones no subían ese año y la ganancia de poder de compra se compensaba descontando parte de la subida de los tres años posteriores (cuando el IPC hubiera sido positivo en ese trienio). Pero el planteamiento final es que si, por ejemplo, el IPC es -0,3%, los pensionistas ganarían la diferencia respecto a cero y no se les descontaría de las subidas de años siguientes en el IPC real positivo que pudiera haber. "De este modo, los años con inflación negativa (previsiblemente pocos), las pensiones ganarían ese poder adquisitivo respecto del IPC", señalan fuentes sindicales.
Los sindicatos interpretan que, con este cambio, "el Gobierno ha atendido una de las demandas sindicales en la mesa de diálogo social sobre pensiones". El secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha revelado que la oposición sindical había sido "muy firme" en esta materia y el Ejecutivo finalmente ha renunciado a ese planteamiento en el encuentro de este lunes. "Era un cambio imprescindible para avanzar en el proceso de negociación en materia de Seguridad Social, pero aún limitado", ha añadido.
Consultados al respecto de este viraje en las negociaciones, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sostienen que, en el marco de las conversaciones para la reforma de las pensiones que el Gobierno va a comprometer con Bruselas para acceder a los fondos europeos de recuperación, la fórmula de revalorización de las pensiones todavía no está cerrada. Insisten, eso sí, en que se está buscando "un acuerdo en todos los aspectos" y en que se está mostrado "mucha flexibilidad para buscar el consenso". "Se aplicará la fórmula que se determine por consenso, lo mismo que si el IPC es positivo", sentencian, sin entrar al detalle.
En cualquier caso, el portavoz de CCOO ha indicado que hay "bastantes materias más que todavía no permiten hablar de un acuerdo", como en lo referente a la forma de acceso a la jubilación anticipada, el factor de sostenibilidad y, en general, la derogación de la reforma de 2013, entre otros asuntos. UGT, por su parte, ha asegurado que la reunión de la mesa de pensiones ha tenido "ligeros avances", sin concretar más, y que continuarán la reuniones el próximo lunes, día 26.
A la reunión ha asistido el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, y el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, por parte del Ministerio. Desde la patronal CEOE, ha acudido la responsable del Departamento de Empleo, Rosa Santos, y desde Cepyme, la directora de Sociolaboral, Teresa Díaz de Terán, mientras que por parte de los sindicatos lo han hecho Bravo y la secretaria de Políticas Sociales de UGT, Mari Carmen Barrera.
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