El Instituto de Crédito Oficial (ICO) facturó durante el año 2020 más de 360 millones de euros a la banca en comisiones por la cobertura pública de hasta el 90% garantizada a los 116.571 millones de euros en préstamos concedidos el año pasado dentro de la Línea de Avales Covid-19, activada por el Gobierno en los primeros compases de la pandemia para hacer frente a lo que entonces se observaba como necesidades transitorias de liquidez de los autónomos, pymes y grandes empresas españolas y ahora constituye una asistencia financiera crítica para garantizar no ya las necesidades de tesorería sino la supervivencia de una parte muy importante del tejido productivo doméstico.
La factura se corresponde con la remuneración de entre el 0,2% y el 1,2% sobre la cuantía total del préstamo - modulada en función de la cantidad concedida, de que sea nuevo préstamo o renovación y del periodo de vencimiento - que el Gobierno estableció por el aval público garantizado a los préstamos concedidos dentro de esta línea y que de algún modo buscan compensar al ICO por el riesgo asumido por el aval prestado a esta financiación. El Gobierno ha decidido que los recursos ya obtenidos por el banco público en 2020 y los que obtenga en el futuro por este cauce no se consolidarán en el balance de la entidad sino que irán a alimentar su Fondo de Provisión al objeto de que sirvan para atender la morosidad y los posibles impagos que se produzcan dentro de la línea de avales, según han confirmado a La Información fuentes gubernamentales.
La normativa de la 'Línea Covid' ya preveía que el ICO cargara a este Fondo de Provisión "los quebrantos por ejecución de los avales, así como los costes financieros y gastos de administración y gestión" que para la entidad suponga la gestión del instrumento, si bien también establecía que las cargas derivadas de esos 'quebrantos' no serían atendidas con fondos propios del ICO sino con la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos dispuesta al efecto en los Presupuestos de 2021.
La maniobra servirá para aligerar el coste de esa morosidad para las arcas del Estado. La cobertura estatal garantizada a los préstamos concedidos por las entidades financieras a través de la célebre Línea de Avales del ICO significa, entre otras cosas, que el Estado tiene que asumir entre el 60% y el 90% de los préstamos fallidos, es decir, de los créditos que los autónomos, pymes y grandes empresas no sean capaces de devolver en todo o en parte por el empeoramiento de su situación financiera en los últimos meses. No hablamos de migajas.
Hace ahora un año el Banco de España estimó en 4.000 millones de euros el coste que tendría para las arcas del Estado el aval público sobre los 100.000 millones de euros en financiación que la Línea Covid-19 del ICO aspiraba a movilizar hacia el tejido empresarial a poco que la morosidad se comportara más o menos en línea con lo que se veían en el resto de préstamos concedidos por la banca y sobre la premisa de que el Estado estaba garantizando de media el 76% de esa financiación.
La acumulación de los fondos procedentes de las comisiones abonadas por la banca al ICO en ese Fondo de Provisión, creado en 1997 para cubrir el balance de la banca pública (y por extensión el del Estado) contra los créditos morosos y fallidos que pudiera ponerse de manifiesto por su actividad crediticia, abre un cauce para aliviar en parte el impacto financiero de esos impagos sobre unas arcas públicas ya suficientemente tensionadas por el efecto de la pandemia. Hay que recordar que el año pasado el déficit de las Administraciones Públicas cerró en el 10,97% del PIB, el tercer dato más alto de la historia, y que la deuda pública ya ha superado el 120% del PIB.
Hasta la fecha, ese Fondo, que tuvo una dotación inicial de 150 millones en 1997 y otra de cerca de 250 millones en 2004, se alimentaba de las aportaciones puntuales con cargo a los resultados del ICO realizadas en estos años y los importes recuperados de los créditos consignados como fallidos por la institución, que hasta ahora han sido más que suficientes para dar cobertura a los 'fallidos' de los créditos del ICO.
Un escudo contra futuros impagos
Con la inyección de los 360 millones de euros procedentes de las comisiones cobradas a la banca y la aplicación extraordinaria de 81,94 millones de euros procedentes del beneficio neto obtenido por el ICO en el ejercicio de 2019, la dotación del Fondo de Provisión cerró el año pasado con una dotación de 626,47 millones de euros sin precedentes desde su creación. En los últimos años, de hecho, la dotación del Fondo ha rondado los 100 millones de euros alcanzando su techo en 2019: 182,61 millones de euros.
Los más de 600 millones acumulados en ese Fondo de Provisión suponen un importante cortafuegos para evitar que los primeros impagos que se produzcan en los créditos concedidos a través de la Línea Covid impacten de forma directa sobre las cuentas del Estado. Fuentes del Gobierno subrayan que será el Estado el que se haga cargo de la factura de los impagos que se produzcan en el futuro, pero este dispositivo facilitará que parte de ese coste sea absorbido por el ICO.
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