Las plantillas envejecidas elevan los costes de la empresa

Más edad, baja más larga: el retraso del retiro topa con la incapacidad temporal

El 30% de las bajas de los mayores de 55 años dura más de un mes. La empresa paga la incapacidad del trabajador entre los días cuarto y decimoquinto. Abona el 23,6% de la base de cotización del empleado. 

José Luis Escrivá
Más edad, más baja: el retraso del retiro 'choca' con la incapacidad temporal. 
Agencia EFE

El aumento de los coeficientes de penalización a la jubilación anticipada y los incentivos para los trabajadores que retrasen su retiro, que se aprobarán en el cuarto trimestre del año, serán dos de las medidas clave de la reforma de las pensiones diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que la edad real de la jubilación -64,6 años actualmente- se acerque cada vez más a la legal -67 en 2027-.

Su objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema premiando -hasta con 12.000 euros anuales- a los trabajadores que prolonguen su actividad laboral varios años más de lo que lo hacen ahora, con el fin de que sigan cotizando al tiempo que aplazan el cobro de su pensión. Sin embargo, su iniciativa, similar a la que se está aplicando -o se aplicará- en el resto de los países europeos, puede encontrarse con un obstáculo importante: la edad es determinante en el número de bajas por incapacidad temporal y su duración, lo que supone un elevado coste para el sistema y las empresas.

Que los empresarios asuman esos costes, muy importantes, no parece fácil y finalmente podría salir adelante una medida intermedia para aliviar parte de esa carga económica a determinadas edades. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advertía al Gobierno hace menos de un mes, tras conocer la medidas de incentivo para retrasar el retiro, que "si vamos a jubilar a la gente a los 68 años que lo digan, que no lo maquillen".

Durante el pasado año, se produjeron en España casi 4,4 millones de bajas relacionadas con enfermedades comunes -exceptuando a los trabajadores autónomos-. La duración media fue de 49 días, lo que supone un aumento de diez días con respecto a 2019. Mientras, los procesos iniciados a causa de la Covid supusieron casi 2,8 millones, según recoge la Seguridad Social en su estadística sobre incapacidad temporal. En total, se dieron más de 8 millones, incluidas las de autónomos y las de contingencias profesionales.

La duración media de la incapacidad por contingencias comunes por coronavirus rondó los 15 días en los procesos finalizados y se perdieron 38 millones de jornadas en los procedimientos concluidos entre enero y diciembre de 2020. La cifra de bajas a causa de la enfermedad contrastan, muy a la baja, con la que recoge la revista de la Seguridad Social, que las cifra, entre febrero de 2020 y el mismo mes de 2021, en 3,7 millones, 1,2 millones por contagio y 2,5 millones por aislamiento.

El factor edad

Pese a que el ministerio no aporta las cifras por tramos de edad, un reciente informe del servicio de estudios de Adecco proporcionaba algunas respuestas que permiten entender muchos de los temores de los empresarios. Los teletrabajadores tienen menos bajas, aunque más largas, y su absentismo es mayor sin necesidad de solicitar la baja que los que acuden de forma presencial al puesto de trabajo.

La edad aumenta el número de bajas y su duración. Los trabajadores de entre 25 y 44 años son los que, en proporción, se han ausentado más sin coger la baja y el 25% ha tenido que pedir una incapacidad laboral durante el año pasado. En el caso de mayores de 55 años hasta los 65, las bajas médicas aumentan el 24%. Mientras, las ausencias por razones médicas son más cortas cuanto más joven es el trabajador. Entre los 16 y los 24 años la mitad de las bajas no duran más de cinco días, pero una de cada tres incapacidades temporales de los mayores de 55 años se prolonga más de un mes.

El gasto crece el 25%

Durante el pasado año, el gasto total de la incapacidad temporal alcanzó los 11.917 millones, un 25% más que en 2019, debido a que el desembolso en IT por contingencias profesionales registró un aumento del 4,45% por los a los procesos derivados de la Covid-19, que sumaron 1.158 millones de euros. La prestación de las bajas por el coronavirus -aislamiento o contagio- fue asimilada en marzo de 2020, a través de un Real Decreto, a las de enfermedad profesional, por lo que se ha abonado desde el primer día y su cuantía se sitúa en el 75% de la base reguladora. 

El gasto en contingencias comunes fue de 9.621 millones de euros, un 14,8% más, siendo el derivado de la colaboración de las empresas de 0,85 millones. En cuanto a la prestación extraordinaria para autónomos, su importe alcanzó los 4.936 millones de euros. El proceso de incapacidad temporal comienza el día que el médico extiende el parte de baja. Sin embargo, en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral del Régimen General, la prestación económica comienza el día cuatro. Entre los días cuarto al decimoquinto de la baja laboral, corresponde al empresario, y después al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o las Mutuas.

Según el informe titulado 'El absentismo derivado de la incapacidad por contingencias comunes (ITCC)' elaborado por la patronal de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social (AMAT), las empresas pagaron durante 2018 un total de  6.900 millones de euros en salarios de los trabajadores durante los primeros 15 días de baja.

En el Régimen General, tanto el empresario como el propio trabajador están obligados a pagar a la Seguridad Social un porcentaje de la base de cotización por contingencias comunes. Mientras que la empresa paga un 23,6%, el empleado cede un 4,7% de su nómina para este concepto. De un sueldo bruto de 2.000 euros, el empleador aportaría 566 euros y el asalariado abonaría 94 euros.

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