El actual bloqueo político vuelve a poner en jaque al mercado de la vivienda. Después de las elecciones generales del pasado 23 de julio, la situación de incertidumbre se ha incrementado y España pasa por un momento de parón en el que no hay claridad para la formación de un Gobierno en el corto plazo. Esta condición, sumada al continuo alza de intereses por parte del BCE y la Fed, además de la inseguridad jurídica provocada por la nueva Ley de Vivienda, ha llevado a que el sector se sumerja en una nueva crisis en la que se combina una menor demanda en un escenario de precios ya recalentados.
Este nuevo escenario nacional a nivel político vuelve a desestabilizar el mercado. “Estamos a la expectativa y un poco intranquilos, pero esta situación sí puede generar inseguridad”, comenta a La Información la presidenta de FADEI, Montserrat Junyent. Además, la líder de la patronal inmobiliaria hace alusión a que la situación política presenta posiciones muy diferentes y que la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno dependerá completamente del final que tenga la futura administración.
“Una materia tan sensible como la vivienda necesariamente necesita un consenso de todas las fuerzas políticas. Siempre habrá alguien que no esté contento, pero toda esta situación genera inseguridad”, comenta Junyent. La especialista zanja que el bloqueo político hace “aún más evidente la inseguridad jurídica que se está viviendo” y que, por ahora, la incerteza del resultado los mantiene en una balanza en la que no saben qué ocurrirá. Además, los expertos del sector creen que un cambio en el gobierno podría traer nuevas medidas, como la derogación de la nueva Ley de Vivienda u otros planes, y piensan que movimientos como estos volverán a retrasar los efectos positivos en el mercado.
“La incertidumbre es la peor opción para el mercado”, indica a este periódico la portavoz y directora de estudios de Fotocasa, María Matos. Para ella el sector inmobiliario requiere de estabilidad financiera para poder desarrollarse y también de un clima político que invite a la seguridad jurídica, que genere confianza en el mercado. “Si estas condiciones no se dan, o no están claras, es probable que la inversión se aleje en busca de zonas de menos riesgo”, zanja.
Los distintos partidos en sus programas electorales han propuesto medidas respecto a la vivienda que van desde derogar la normativa lanzada por el Ejecutivo, modificarla, promover las vivienda protegidas, hasta potenciar el uso del suelo, entre otras. Para Matos, el cambio de color político en el Gobierno podría traer cambios en la ley, medidas para reforzar la anti ocupación o el Impulso de una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo, “que serían acogidas positivamente dentro del sector". Si por el contrario, el actual Gobierno continúa en el poder, "la ley de vivienda continuaría en vigor y se sumarían paquetes de medidas que podrían mejorar el acceso en alquiler, según lo planteado en campaña”, dice.
A pesar de ello, recuerda que la mayoría de medidas recogidas en la ley, dependen de la aplicación de las comunidades autónomas. En esta misma línea, una de las ideas planteadas por Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, fue que el mercado de las zonas tensionadas no dependiera de la voluntad política del Gobierno autonómico, por lo que busca que el Estado sea el que lo defina. Al respecto, la presidenta de la patronal indica que sería una invasión de competencias, y que la ley prevé la necesidad de recoger datos para basarse en las realidades de cada CCAA y municipios, porque “quien conoce las necesidades de su territorio son ellos, nadie más”.
Pero esta inestabilidad viene desde antes. España se ha caracterizado por ser uno de los mercados inmobiliarios más atractivos a nivel global. Diferentes inversores, tanto nacionales como internacionales, se han lanzado a hacer negocios en el país. Sin embargo, desde hace algunos años la falta de suelo, la okupación, la escasez de mano de obra, y otros aspectos, han provocado una inseguridad jurídica que pone en duda la posibilidad de inversión. Los expertos indican que esta situación, además de afectar a la vivienda, también afecta directamente a la inversión a nivel general: “Esto frena enormemente las inversiones porque genera incertidumbre”, señala la directora de Fiscal de Ayming España, Sonia Álvarez.
"La dilatación de una formación de Gobierno o uno en funciones retrasa los efectos en el mercado"
La especialista comenta que los inversores extranjeros desconocen las consecuencias y el impacto de las medidas políticas y económicas que se implantarán en el país, y por tanto, “paralizan o frenan sus decisiones de inversión”, añade Álvarez. Por esta misma razón, la directora de Fiscal de Ayming España cree que este periodo de inestabilidad provocada por la ausencia de gobierno podría retrasar la ejecución de los fondos europeos, o de reformas del Plan de Recuperación, dejando en 'stand by' también las inversiones de fondos de capital extranjero o caídas en bolsa.
“Hay escenarios para todos en el sector, pero hay quienes necesitan vender y hay muchas circunstancias que se están afectando. Ya no sabes qué aconsejar, porque entre los tipos y otros factores, todo se hace muy difícil”, añade Yunyent. Aunque también específica que las ventas, por el momento, no se han visto tan afectadas, porque las que tienen mayor movimiento son las franjas de mayor capacidad económica, pero aún así “el escenario para recomendar no es el ideal”. “Pase lo que pase, la dilatación de una formación de Gobierno o uno en funciones, paraliza el impulso de las medidas anunciadas en campaña y retrasa los efectos en la industria, lo que genera reticencias a la hora de interactuar con el mercado”, finaliza Matos.
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