La reforma del mercado mayorista de electricidad de la Unión Europea y culminar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) marcarán la agenda energética del nuevo Gobierno. El PSOE ha dejado claro cual es su visión y lo apuesta todo al desarrollo de las energías renovables, mientras en el bando del Partido Popular han abierto la posibilidad de alargar la vida de las centrales nucleares y apuestan por una menor intervención, acabando con la 'excepción ibérica' y el tope a a los ingresos extraordinarios de las grandes eléctrica.
Desde Sumar se muestran mucho más contundentes y plantean separar la actividad de las eléctricas para acabar con el "oligopolio". La formación de Yolanda Díaz propone propone separar la actividad de distribución de energía eléctrica de las de generación y comercialización, con el objetivo de "evitar conflictos de intereses y abusos de posición dominante". En Vox hablan de "soberanía energética" y afirman que elaborarán un plan de emergencia para hacer frente a cortes de energía o de suministros inesperados y prolongados.
Sea como fuere, e independientemente de cada ideología, el Ejecutivo que salga de las elecciones del 23-J será la cara visible de la reforma del mercado eléctrico europeo bajo la presidencia española del Consejo de la UE. La actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha capitaneado las reuniones de ministros de Energía europeos y uno de sus mayores deseos es cerrar un pacto antes de que finalice el año (en caso de que se repita Ejecutivo). Desde que comenzara la crisis de precios en verano de 2021, Ribera se hecho fuerte en Bruselas y ha conseguido -junto con Portugal- dar un giro histórico a la postura de la Comisión Europea. Nunca antes se había logrado algo como la 'excepción ibérica'.
Lucha contra los países del norte
Desde Transición Ecológica vienen defendiendo una reforma del mercado dura y acabar con el actual sistema marginalista de precios. Sin embargo, Alemania, respaldada por otros ocho países del norte, vuelve a poner por encima sus pretensiones y la Comisión ha cerrado la discusión argumentando que el 'pool' es la "mejor opción" para usuarios y empresas. El Parlamento Europeo ya ha hecho los deberes y ha pactado una reforma que finalmente no recoge el límite máximo a los ingresos de los productores ('revenue cap').
Ahora, el Consejo tiene todavía que adoptar un posición común ('general approach') para poder negociar la reforma eléctrica en trílogo con la Eurocámara. En los trílogos, el ponente (el español Nicolás González Casares) en nombre del Parlamento y la presidencia de turno (en este caso España) en nombre del Consejo, negocian sobre el texto legislativo para llegar a un terreno común con la Comisión Europea ejerciendo como árbitro. El enfrentamiento entre Francia y Alemania promete traer cola y alargar las negociaciones.
Por otro lado, otro de los grandes retos que enfrentará el nuevo Gobierno será establecer las bases para cumplir con los objetivos que marca la actualización del PNIEC. El texto está abierto a consulta pública hasta el 4 de septiembre, por lo que puede sufrir cambios. El documento definitivo debe enviarse a Bruselas en junio de 2024. El 'nuevo' PNIEC presentado por Ribera eleva al 81% el objetivo de generación eléctrica mediante fuentes renovables para 2030, frente al 74% que establecía el documento anterior, debido a la mayor integración de energías limpias en el sistema eléctrico, el almacenamiento, el crecimiento del autoconsumo y la aportación del hidrógeno 'verde' que permitirá descarbonizar otros usos fósiles existentes. También establece una potencia total instalada en el sector eléctrico de 214 gigavatios (GW) para final de década, entre los que destacan 62 GW eólicos y 76 GW de solar fotovoltaica.
Desde el partido socialista están convencidos de que los objetivos se pueden cumplir pese a su gran ambición. Las inversiones totales se estiman en 294.000 millones de euros, de los que un 85% provendrá del sector privado y el 15% será público, especialmente impulsado por los fondos europeos (11%). Estas inversiones se reparten entre renovables (40%), ahorro y eficiencia energética (29%), redes (18%) y electrificación (12 %) y otras (1%). En lo que respecta a la nuclear, se prevé ya la reducción con el calendario de cierre acordado de plantas (que arranca en 2027 con Almaraz), estando en 2030 todavía operativos 3.181 MW. Sin embargo, este último punto puede dar un giro de 180 grados si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa.
Por parte del Partido Popular son más escépticos con los números previstos. "La cifra que recoge el PNIEC es irrealizable. El ritmo que se plantea de instalación de renovables es inasumible, porque la lentitud con la que se está desarrollando el 'permitting' así lo hace, porque la capacidad y los puntos de acceso y conexión están bloqueados. Nosotros hemos presentado una serie de propuestas que pueden gustar más o menos, pero que tienen que ver con la sostenibilidad, la garantía de suministro, que en nuestro juicio es esencial", ha defendido el portavoz del partido, Guillermo Mariscal, en un debate organizado por El Periódico de la Energía.
Actualmente, las fuentes 'verdes' de generación (hidráulica, hidroeólica, eólica, fotovoltaica, solar térmica, residuos renovables y otras renovables) suman una potencia de unos 72.000 MW, lo que supone el 60% del total del sistema eléctrico nacional, según datos de Red Eléctrica. Desde 2018 hasta 2022, se han desplegado alrededor de 27.000 MW de energía eólica, solar fotovoltaica, autoconsumo, solar térmica, hidráulica, biomasa y otras fuentes. En este sentido, y para que no se pierdan miles de megavatios limpios Transición Ecológica otorgó recientemente una prórroga de seis meses para que los promotores de proyectos renovables acrediten la autorización de administrativa de construcción.
La eólica marina, en 'stand by'
La eólica marina también está llamada a ser protagonista durante la próxima legislatura. Sacar adelante los Planes de Ordenamiento del Espacio Marítimo (POEM) costó al Gobierno cuatro años de trabajo y un difícil consenso entre todos los departamentos ministeriales con competencias en la mar, las comunidades autónomas costeras, los sectores implicados y la sociedad civil. Sin embargo, en el sector están preocupados por la deriva que pueda tomar el impulso a esta tecnología tras los comicios y por que España pueda quedar rezagada frente a países como Portugal y Francia ante la falta de un marco regulatorio que permita la celebración d de las primeras subastas de capacidad (el Gobierno se comprometió a lanzar la primera en el primer semestre de este año).
Impuestos temporales
La eólica marina también ha sido motivo de disputas entre el Gobierno y el Partido Popular. Los de Alberto Núñez Feijóo exigieron al Ejecutivo a principios de mayo que rectificara su plan de ordenación de la eólica marina al considerar que no se dio una suficiente participación de los sectores implicados ni que tampoco se aceptaron sus alegaciones. La Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar y alcanzar entre 1 y 3 GW de potencia instalada en 2030 sin comprometer el estado de los mares.
En Génova también se ha rebelado contra los gravámenes temporales a la banca y las energéticas y contra el nuevo tributo a las grandes fortunas, aprobados por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, comprometiéndose a derogarlos en caso de que llegase al poder. El nuevo Ejecutivo tendría margen para eliminar la tributación a las entidades financieras y el mal llamado impuesto a los 'ricos', si bien solo podría retocar el que actualmente afecta al sector energético, recuerdan fuentes próximas al Gobierno.
El motivo es que la Unión Europea ha puesto en marcha su propia "contribución solidaria temporal" sobre los beneficios extraordinarios del petróleo, el gas, el carbón y la refinería que no están cubiertos por el tope máximo de los ingresos inframarginales, lo que se conoce como beneficios caídos del cielo. Esta contribución temporal, que mantiene los incentivos a la inversión para la transición ecológica y a diferencia del gravamen nacional no incluye a las eléctricas, la recaudan los Estados miembros sobre los beneficios de 2022 y/o 2023, cuando estos superen en más de un 20% las ganancias medias de los tres años anteriores.
El actual Ejecutivo cierra ciclo sin sacar adelante una de sus medidas estrella en materia energética y que nació con el objetivo de rebajar un 13% la factura de la luz en cinco años. Su creación fue aprobada en Consejo de Ministros en diciembre de 2020 y, en septiembre de 2021, salvó su primera votación en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la crisis energética lo ha dejado encallado en la Cámara Baja. Sumar recoge en su programa electoral la promesa de recuperar la figura del FNSSE, apostando por revisar tanto las exenciones como el tiempo de aplicación.
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