Sánchez fichará nuevos funcionarios: cubrirá las bajas y creará más puestos

La crisis económica de 2008, que terminó en 2014, año en el que se vieron las primeras señales de recuperación, obligó al Gobierno de Mariano Rajoy ha tomar drásticas decisiones que perjudicaron al colectivo de funcionarios, desde congelar y limitar sus sueldos durante los años más duros de la recesión a impedir la entrada de nuevos empleados para suplir a los que se jubilaban. Esta medida provocó una sobrecarga de trabajo en diferentes departamentos, como los Servicios de Empleo y la Seguridad Social, en los que la edad media de sus empleados supera con creces los 50 años, y que el número de efectivos cayese en la Administración General del Estado.

La decisión de Rajoy contrasta con la que ha tomado ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez en un escenario en el que todavía se desconoce el impacto real que tendrá la crisis provocada por el coronavirus en la economía, en el que la inflación está desbordada y en que la economía no ha conseguido levantar cabeza, con crecimientos del Producto Interior Bruto (PIB) inferiores a lo previsto. Tan solo el empleo parece recuperarse y descontando los 272.000 trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hay 19,3 millones de trabajadores, 41.100 menos que hace dos años. Pese a todo, buena parte del nuevo empleo se produce en el sector público, fundamentalmente en educación y sanidad.

Hace ahora diez años, el presidente Rajoy decidió poner freno a la entrada de nuevos funcionarios en las administraciones, con el objetivo de que en los años siguientes se redujese la partida presupuestaria destinada a tal fin, y aprobó que las bajas que se produjesen no podían ser cubiertas. Solo en algunas áreas y en departamentos muy concretos, como en la Agencia Tributaria o Inspección de Trabajo y educación, sanidad o cuerpos de Seguridad del Estado, abrió mínimamente la mano, permitiendo que por cada diez efectivos que se retirasen se contratase a uno.

De la reposición cero de Rajoy se pasará a un reemplazo superior a las bajas. Así, la tasa ordinaria de relevo será del 105%, pero en los municipios llegará al 120%

De la reposición cero del Gobierno popular se pasará el próximo año a un reemplazo que facilitará el aumento de funcionarios. Así, la tasa ordinaria de relevo será del 105%, pero en los sectores considerados prioritarios será del 115%. Mientras, por diez militares o policías que se jubilen, entrarán 12, igual que pasará en los ayuntamientos. El año pasado ya se hizo un guiño a los sindicatos para permitir un reemplazo del 100% de manera ordinaria en 2021. Las dos fuentes de información sobre el empleo público, la Encuesta de Población Activa (EPA) y el Registro Central de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, muestran el importante incremento de asalariados públicos frente al desplome del empleo privado. 

En la primera estadística, que recoge el número de asalariados públicos, entre los que incluye a los trabajan para empresas dependientes de las administraciones, sitúa el número de estos efectivos en 3,38 millones a finales del año pasado, mientras que el Boletín, que se elabora a partir de los datos que facilita la AGE, las comunidades y los ayuntamientos, registra 2,7 millones de efectivos a enero de 2021. En diez comunidades ya hay un funcionarios por cada cinco empleados privados y el número de asalariados en las administraciones, según la EPA, logró el pasado su mayor cota histórica, con un 31% de efectivos que hace 20 años. 

Los sindicatos de funcionarios, pero también Feijoo o Almeida, han reclamado poner fin a la tasa de reposición, especialmente en sanidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado de de manera reiterada un refuerzo de las plantillas públicas, un impulso la promoción interna, eliminar la tasa de reposición y garantizar a toda costa el mantenimiento de las Clases Pasivas ante la reforma del sistema público de pensiones. La central reclama 290.000 plazas nuevas en Sanidad entre 2021 y 2031 para alcanzar los parámetros europeos y refuerzos de personal en Educación, Justicia, Administración General del Estado, ya que estima que en diez años se han destruido más de cien mil empleos públicos.

Mientras, Comisiones Obreras planteaba recientemente un nuevo acuerdo para subir el sueldo de los funcionarios, la eliminación de la tasa de reposición, la implementación de planes de empleo para rejuvenecer las plantillas y "procesos de estabilización basados en el compromiso, la celeridad y la seguridad jurídica". Además proponía retomar negociaciones pendientes como la jubilación parcial, la jornada, la carrera y la clasificación profesional, la promoción interna o la provisión de puestos.

También el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han abogado durante el año de la pandemia por poner fin a la tasa de reposición en las administraciones. La plantilla de sanidad de las comunidades autónomas se ha visto muy debilitada en los últimos años por la limitación de los reemplazos. Esa tasa de reposición llegó a ser deficitaria durante los años de la crisis económica, ya que solo se ofertaban el 10% de los puestos amortizados por jubilación. Por su parte, Almeida pidió al Gobierno central que eliminase las tasas de reposición en Madrid Salud y en emergencias, con el objetivo de reforzar las plantillas.