Es el rescate de nunca acabar. Cuando todo estaba listo para que Abengoa siguiese adelante con su proyecto empresarial con el acuerdo de los acreedores y la inyección de liquidez extra, la negativa de la Junta de Andalucía a participar ha desbaratado el plan. La reestructuración de la multinacional contaba con el apoyo público a través de tres patas: Instituto de Crédito Oficial (ICO), CESCE y el Gobierno de Juanma Moreno.
El Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos se ha dado de baja a última hora del triunvirato de entes públicos que respalda la reestructuración de Abengoa. Esto coloca a la multinacional sevillana al borde del abismo a tanto solo una horas de que venza el plazo previsto para que salga adelante su rescate. La compañía que dirige Gonzalo Urquijo, ejecutivo de consenso que lidera la compañía tras la etapa de los Benjumea, negoció con bancos, proveedores y bonistas la fecha del 30 de septiembre para dar a luz a la nueva compañía (Abenewco 1) que dé continuidad al proyecto empresarial.
Miles de empleos en juego
El desmarque del Gobierno autonómico andaluz, donde tiene su sede social y fiscal Abengoa, pone en riesgo la viabilidad de la mayor multinacional de la región, especializada en energías renovables e ingeniería. El grupo cuenta con más de 14.000 empleos en todo el mundo, 2.500 de ellos en España y la mayoría de ellos en Andalucía. El golpe instantáneo al empleo directo en Sevilla es equivalente en términos cuantitativos al cierre de Nissan en Barcelona, pero indirectamente su dimensión es mayor. Abengoa es una de esas corporaciones con efecto tractor para la región, con empleo de valor añadido e innovaciones a nivel mundial, según los expertos.
La Junta de Andalucía ha alegado a última hora que no tiene los “mecanismos legales” para proceder a inyectar 20 millones de euros y tampoco las garantías jurídicas suficientes para afrontar el rescate. Abengoa ha mostrado su sorpresa por que no se haya honrado el compromiso mostrado en público y en privado cuando se selló el rescate. Recuerda además que la participación del ente autonómico era una condición suspensiva del complejo y sofisticado acuerdo que se alcanzó este verano.
El golpe a la banca
La operación 'Salvar a Abengoa' involucra varias fuentes de dinero público. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), que avala el 70% de una línea inmediata de crédito de 203 millones de euros. La aseguradora pública Cesce que cubrirá el 60% de una línea internacional de avales de hasta 300 millones vinculados al desarrollo de sus proyectos en diversos puntos del planeta. La Junta de Andalucía solo tenía que aportar otros 20 millones en liquidez. Abengoa le acusa de dinamitar el rescate a 24 horas para el ‘deadline’.
Las consecuencias de no haber sellado el rescate pueden suponer un gran problema para el sistema financiero español. Pese a las dos reestructuraciones ya realizadas, la deuda financiera de Abengoa sigue siendo gigantesca y se acercaba a los 4.000 millones de euros a finales de marzo, periodo al que se refieren sus últimos resultados.
Los principales acreedores de la compañía están comandados por Banco Santander, pero también participa un pool de bancos entre los que se encuentran BBVA o Caixabank, entre otros. La quiebra de la empresa dejaría un roto de grandes dimensiones en este grupo de bancos, que ya preveían cuantiosas pérdidas en sus créditos y deuda como consecuencia de las quitas. Sin embargo, la insolvencia no era una un opción ni se contempla en los planes de los bancos, que esperaban un acuerdo.
El nuevo accionariado
Según los términos del acuerdo, Abengoa SA será sustituida por Abenewco 1 como nueva cabecera del grupo, aunque el accionariado quedará enmascarado por un trabalenguas societario que dejará a los verdaderos dueños en la sombra. El 52% de las acciones de esa empresa, por tanto, la mayoría, estará en manos de uno de los tres contenedores jurídicos que se creó en rescates anteriores y que se llama Abenewco 2 Bis.
Esta sociedad agrupa a los fondos de inversión y bancos que aportaron la mayor parte del dinero en forma de capital y canjes de deuda en las reestructuraciones anteriores. Son los acreedores denominados por la compañía como SOM (Senior Old Money) y JOM (Junior Old Money), con un 95% y 5%, respectivamente, de la propiedad del vehículo Abenewco 2 Bis.
El 14,5% de la propiedad de esta sociedad recaerá en el tramo de acreedores con bonos convertibles emitidos en 2019. El 4,3% de las acciones pertenecerá al subgrupo denominado New Money 2 que tiene bonos emitidos en 2017 y el 2,7% a los acreedores de los rescates anteriores que se vinculen de nuevo a esta reestructuración (New Bonding). Este subgrupo suma una deuda de 590 millones de euros en diferentes tramos, según la documentación de la compañía.
En penúltimo lugar, el 23% de Abenewco 1 estará en manos de inversores que vinculados a la deuda del proyecto A3T, una planta de cogeneración de energía que Abengoa desarrolló en México. Solo un 2,7% del capital pertenece a los accionistas de la actual Abengoa SA, aunque para ello deben sufrir otro proceso propio de canje de préstamos para esquivar la causa de disolución. La empresa cerró 2019 con un patrimonio negativo de 388 millones de euros y también debe salvarse por su cuenta.
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