Ingenieros de minas, geólogos y empresas mineras han elaborado un documento de análisis del proyecto de ley de Cambio Climático que carga frontalmente y con dureza contra la enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos para prohibir la investigación y explotación en España de los yacimientos de minerales radioactivos. El informe, enviado a los grupos parlamentarios del Congreso, sostiene que la iniciativa aprobada por los socios de la coalición de Gobierno "vulnera la seguridad jurídica, no cuenta con base legal, su justificación técnica es errónea y no realiza un adecuado análisis de sus consecuencias medioambientales ni económicas". El documento solicita el voto negativo a la enmienda.
El informe está firmado por los decanos-presidentes del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas -Ángel Cámara-y del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados de Minas y de Energía, José Luis Leandro Rodríguez. Figura también el presidente del Colegio Oficial de Geólogos, Manuel María Regueiro y el presidente de la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (Primigea), Javier Targhetta.
Los firmantes comparten la idea de que si el proyecto de ley mantiene la prohibición de explotar minerales radioactivos se estarán planteando "dudas graves de inconstitucionalidad y contra la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo". El documento explica en este sentido que la enmienda pactada por el PSOE y UP vulnera, entre otros, los artículos 31.3 y 128.2 de la Consitución que reconocen el derecho a la propiedad privada y a la expropiación con indemnización y el artículo 132.2 que reconoce como dominio público los recursos mineros. Además, asegura el documento, (la enmienda) "es contraria a la doctrina constitucional que establece como prioritaria para la riqueza nacional la extracción de derechos minerales".
El plan de Berkeley
El informe no menciona en ningún momento al grupo minero australiano Berkeley, directamente afectado por la prohibición contenida en el proyecto de ley. Berkeley impulsa desde hace una década un polémico plan para extraer uranio en Retortillo (Salamanca) que está pendiente de trámites en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Aunque el documento no menciona a la minera australiana sí señala que el plan para prohibir extraer uranio supone em la práctica "una ley de caso único, ya que se refiere en realidad materialmente a un número muy restringido de casos· y por ello "es radicalmente contraria a la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que exige en estos casos, el equilibrio justo, con ineludible indemización".
La mención al Tribunal de Estrasburgo y a la regulación comunitaria a través de EURATOM del comercio del uranio, sirve de pista de por dónde pueden ir las reclamaciones judiciales de Berkeley si se aprueba la ley. La línea de defensa del grupo minero tiene dos puntos clave: un informe favorable al proyecto minero de Euratom, el organismo público europeo encargado de coordinar los programas de investigación de la energía nuclear y un listado con los 120 permisos concedidos desde el año 2010 en España por las Administraciones central, autonómica y local. La multinacional, que ha confiado la batalla legal al bufete Herbert Smith Freehills, ha ganado hasta la fecha los recursos planteados en su contra por las organizaciones ecologistas.
El informe de ingenieros y geólogos concreta el alcance del debate. Detalla que, a fecha de octubre de 2020, existen 29 derechos mineros de uranio vigentes en España, de los que 18 están otorgados y 11 en trámite de otorgamiento. De todos ellos, nueve se refieren a concesiones de explotación, por lo que serían "derechos consolidados preexistentes que deberán ser indemnizados por el Estado por cantidades, sin duda alguna, considerablemente muy superiores a los costes económicos perfectamente evaluables que se pretenden evitar".
Cadena de suministro
En el documento, la pandemia, "que ha puesto de manifiesto la debilidad de la cadena de suministro exterior" también se convierte en argumento a favor de explotar recursos minerales propios para no comprometer "la seguridad de abastecimiento de España y de la Unión Europea para una materia prima mineral (el uranio) crítica y esencial". En este sentido recuerdan que la UE apuesta por la interconexión eléctrica europea "siendo Francia el mayor productor de energía nuclear". Si España prohíbe el uranio, argumentan, se estaría negando a Francia "el posible suministro de materias primas desde fuentes europeas".
Si la enmienda en el proyecto de ley prospera, la batalla legal puede ser larga. Berkeley ha demostrado en el pasado que se mueve al menos tan bien en los tribunales como en Bolsa. En 2012, el grupo australiano llevó a la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) ante la Corte de Arbitraje Internacional por haberse echado atrás en el proyecto de explotación conjunta del uranio salmantino. Entonces reclamó 200 millones de dólares (150 millones de euros). El caso se cerró con un acuerdo sobre derechos de explotación en la zona, pero demostró que Berkeley defiende hasta el final el terreno conquistado.
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