Si hace cuatro años, cuando el Reino Unido decidía materializar el Brexit, Boris Johnson hubiera sabido que la Unión Europea iba a destinar 750.000 millones de euros a programas de transición energética y lucha contra el cambio climático, tal vez hubiera previsto retrasar un par de años la salida del espacio económico y comercial más importante del planeta.
Con su salida de Europa, el Reino Unido también ha renunciado a la financiación de programas y proyectos medioambientales y energéticos, como los que proporciona el Banco Europeo de Inversiones o la Comisión Europea. Ahora Londres debe afrontar sola cualquier medida dirigida a financiar iniciativas públicas o privadas en su particular y aislada transición energética.
A este fin, el Gobierno de la isla se comprometió a presentar su visión sobre el cambio climático en la próxima COP26, prevista para noviembre de 2020, pero que, debido a la pandemia, tendrá lugar en Glasgow en 2021. La respuesta del Ejecutivo británico sobre el cambio climático pasa por la descarbonización más que por la electrificación que parece abrazar Europa. Sin embargo, su plan de incentivos dista mucho de ser efectivo. Hasta el momento, la aportación británica se ha centrado en la limitación de la financiación de proyectos de energías contaminantes en el exterior, así como el establecimiento de la prohibición de venta de vehículos de gasolina y diésel en 2030. Unos anuncios que Boris Johnson aplazó para "el próximo otoño" y que duermen en la actualidad el sueño de los justos.
Las compañías energéticas que operan en el Reino Unido esperan las instrucciones del 10 de Downing Street para lanzarse a presentar proyectos dirigidos a cambiar de una vez el mix energético británico. El sistema anglosajón es aún excesivamente dependiente de energías contaminantes y tiene en la energía eólica, principalmente 'offshore', la panacea para equilibrar una balanza que hoy en día se encuentra profundamente inclinada a favor del carbón. La aventura británica de Iberdrola, implementada a través de ScottishPower, se encuentra así con un obstáculo para poder desplegarse completamente en las islas y mares británicos y, en este caso, puede llegar a suponer un freno al mayor despliegue 'offshore' de Europa, algo que "pone de los nervios" a más de un trabajador de la filial de la empresa española.
La española es la primera empresa renovable en el país. A través de ScottishPower, invierte, según sus propios datos, cuatro millones de libras al día en Reino Unido, en un compromiso para "acelerar la transición hacia un modelo de transporte eléctrico más limpio, mejorando la calidad del aire y, con el paso del tiempo, lograr reducir las facturas de sus clientes".
Desde el inicio de su apuesta verde, Iberdrola se ha mostrado como una fiel aliada de los distintos gobiernos británicos, en muchos casos impulsando el futuro económico del Reino Unido con la "optimización de los activos existentes y futuros", ayudando a combatir el cambio climático con la "reducción del coste de la energía eólica marina y terrestre", así como impulsando el almacenamiento y las redes del país.
La alianza entre el Gobierno y ScottishPower en las islas viene de largo e incluso se antoja envidiable con respecto a su integración en otros países. Las cinco prioridades de ScottishPower en Reino Unido pasan por garantizar que las empresas británicas accedan a precios competitivos a la energía limpia, asegurar el suministro energético a través de la construcción de nuevas plantas de gas, apoyar a que el Reino Unido prospere en el mercado global, apostar por el transporte de energía mediante el desarrollo de redes inteligentes, la introducción de un nuevo operador del sistema y desarrollar el almacenamiento de energía, un elemento imprescindible si se quiere aprovechar eficientemente el potencial de la energía 'offshore'.
La financiación siempre se ha antojado como el principal problema de la política energética británica. La última iniciativa de Boris Johnson pasó por la idea de crear un banco de inversión nacional destinado en exclusiva al apoyo financiero de iniciativas que acompañen la estrategia del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático. Una idea que carece, de momento, de ningún tipo de recurso económico, ya que los conservadores han supeditado el montante total de la financiación a los nuevos presupuestos que se espera sean presentados a finales de mes.
La nueva entidad vendría a sustituir al Green Investment Bank, creado por el Reino Unido en 2012 y privatizado en 2017, pero el ojo regulador de Downing Street se está centrando en paliar los efectos económicos de la pandemia en lugar de financiar proyectos energéticos. Las nuevas restricciones anunciadas para contener la Covid-19 llevarán aparejadas partidas presupuestarias para rebajar los efectos económicos de la crisis.
La tarta presupuestaria está próxima a repartirse en un mercado acostumbrado a que empresas y gobierno vayan de la mano cuando se trata de alcanzar un objetivo común y con una fórmula que hasta el momento ha funcionado y que no consiste en otra cosa que establecer un suelo a precio del carbono (Carbon Price Support) por el que las empresas emisoras pagan una tasa igual a la diferencia entre el precio del mercado y el valor del suelo. Una práctica que ha permitido a Reino Unido reducir a más de la mitad sus emisiones de CO2.
Sin embargo, la sustitución de plantas de carbón por plantas de gas, la optimización de las redes y la digitalización del mercado exigirán no solo fórmulas magistrales. También deben contener medidas presupuestarias que en este caso están lejos de aparecer en un país azotado por la pandemia y sin los recursos que antes aportaba la Unión Europea.
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