Varapalo para las socimis que amenaza con un parón de la inversión extranjera. Unidas Podemos siempre ha tenido entre ceja y ceja la fiscalidad de estas sociedades y el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2021 ha cumplido con sus amenazas. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, han presentado este martes su batería de medidas, entre las que se incluyen subida de impuestos al Ibex 35, a las rentas más altas y a los grandes patrimonios.... y un golpe fiscal a las socimis.
Los Presupuestos contemplan una tributación mínima del 15% en el impuesto de Sociedades para las socimis que se aplicará sobre los beneficios que no se distribuyan a los accionistas vía dividendos. Una medida que, en la práctica, apenas tendrá efecto recaudatorio y que supondrá un freno a la inversión extranjera. ¿El motivo? La gran incertidumbre jurídica que rodea a estos vehículos y la mala imagen de cara al inversor internacional. Este es, junto a otros motivos como el deterioro de sus activos, lo que hace que muchas de estas sociedades coticen en mínimos históricos.
La mayor parte del accionariado de las socimis, sobre todo entre las más pequeñas o que cotizan en mercados alternativos, está en manos de grandes inversores extranjeros (representan el 72% del capital en 2018). Además, este escenario vendrá acompañado, con total seguridad, de un frenazo en el ritmo de desembarcos bursátiles, que ha copado la mayoría de debuts en el parqué. "Muchas pueden retrasar sus planes de salir a España por el ruido regulatorio", según señala Pablo Fernández de Mosteyrín, analista financiero de Renta 4, a La Información.
El efecto recaudatorio de esta medida será mínimo ya que las más grandes distribuyen una cifra cercana al 100% de su beneficio dentro de su política de retribución o, por el contrario, generan una gran parte de su beneficio fuera de nuestro país, como es el caso de Colonial con Société Foncière Lyonnaise (SFL), su filial francesa. Por tanto, aunque fuentes del sector apuntan a que habrá que conocer la letra pequeña de esta decisión, a priori la medida gubernamental de gravar el porcentaje no repartido no tendrá el menor efecto práctico". Pablo Fernández de Mosteyrín esgrime que "es una vuelta atrás ya que este régimen fiscal de las socimis se creó para incentivar la inversión en el sector".
La regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimis) fue creada en 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. Se hizo con una filosofía muy similar a la de los Real Estate Investment Trust (REIT), surgidos en Estados Unidos en la década de los sesenta del siglo pasado. ¿El objetivo? Dinamizar el mercado del alquiler y reactivar la inversión colectiva inmobiliaria, que llevaba cayendo de forma continuada desde que comenzó la anterior crisis económica en 2008.
No obstante, entre 2009 y 2012 no se constituyó ningún vehículo con esta tipología y, por tanto, la regulación sufrió cambios. Por aquel entonces, el régimen fiscal era de una tributación al 18% en el impuesto sobre Sociedades y, tres años después, esta fue uno de las eliminaciones realizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy ya que no actualmente no tributan sobre los los beneficios obtenidos. No obstante, no fue el único cambio sobre la 'hoja de ruta' inicial ya que se rebajó de tres a uno los inmuebles mínimos para su constitución, el capital mínimo de 15 a 5 millones de euros y la financiación ajena pasó de no ser superior al 70% del activo a no tener límite de endeudamiento.
En un análisis publicado durante este año, los expertos del Banco de España destacan el boom de socimis que han decidido desembarcar en los mercados españoles. Entre 2013 y 2019 el número de empresas cotizadas aumentó de solo dos hasta alrededor de la centena, mientras que su capitalización bursátil creció de 100 millones de euros hasta los 27.000 millones de euros, a cierre de 2019, lo que equivale a alrededor del 2% del PIB de nuestro país.
Al contrario de lo que pudiera pensar cualquier ciudadano, el peso del segmento residencial es muy pequeño en este tipo de sociedades, por lo que no altera demasiado el precio de la vivienda, que ha sido otro de los grandes frentes de Unidas Podemos. A finales de 2019, un 82% de las carteras de las socimis españolas estaba en activos que no son residenciales como puedan ser los hoteles, oficinas, centros comerciales, centros logísticos o locales. La inversión en viviendas es, por tanto, de solo el 11,2% de sus activos (5.800 millones de euros) y solo supone el 0,1% del parque estimado de viviendas en propiedad de las familias y un 1% del stock de viviendas en régimen de alquiler, según datos del Banco de España.
Ante este cambio de fiscalidad, se abre la posibilidad de que las socimis que cotizan en el BME Growth (antes llamado MAB) sean las más perjudicadas. No obstante, para combatir esta nueva regulación podrían elevar su dividendo hasta el 100% de sus beneficios, lo que sería perjudicial para el mercado inmobiliario. "Algunas socimis tienen capacidad de sobra para hacerlo y es probable que opten por esta vía y no sigan invirtiendo parte de sus beneficios para crecer o mejorar y decidan no reinvertir esas cuantías". Esta puede ser la tónica dominante en este mercado alternativo ya que las compañías están copadas por un accionista dominante que, de media, ostenta un 94% del capital de la sociedad.
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