La Audiencia Nacional acogerá el próximo 13 de noviembre una vista para estudiar si mantiene o levanta la prisión provisional acordada contra los siete miembros del ala más radical de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos por delitos de terrorismo el pasado mes de septiembre. Según confirman fuentes de la investigación a este diario, la comparecencia que celebrará el órgano judicial se produce a petición propia de las defensas de algunos de los encarcelados que pedirán al magistrado Manuel García Castellón su libertad.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó el ingreso en prisión de siete de los nueve detenidos en el operativo bautizado como 'Judas' por integración en grupo terrorista, fabricación de explosivos, conspiración para delitos de estragos y los enmarcó dentro de la facción bautizada como Equipos de Respuesta Táctica (ERT). Las investigaciones practicadas hasta el momento y los pinchazos telefónicos pusieron de manifiesto la existencia de un "plan de conspiración contra las instituciones del Estado" que tenía como eje central la ocupación ilegal del Parlamento catalán.
Así lo expuso el magistrado instructor en sus autos de prisión en los que además recogió la planificación de una reunión secreta "in itinere" que tuvo lugar el 15 de septiembre del pasado año con la hermana del expresidente catalán Carles Puigdemont. El objetivo, de acuerdo con los investigadores que llevaban un año tras la pista del grupo de detenidos, era entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre el exmandatario reclamado por la Justicia española y el actual presidente de la Generalitat Quim Torra. Las pesquisas se centran ahora quien está detrás de esta célula que buscaba, siempre según los investigadores, instaurar la república catalana mediante cualquier vía, incluida la violenta.
La defensa de los acusados que ejerce el colectivo Alerta Solidària recurrió el ingreso en prisión alegando que no había riesgo de fuga de los acusados en estas diligencias. Igualmente solicitó a la Audiencia Nacional la posibilidad de celebrar una comparecencia para revisar la medida cautelar adoptada por el magistrado instructor a instancias de la Fiscalía, la cual también pidió cárcel para los siete detenidos por organización criminal. Con todo, la filtración de determinada información relativa a la causa cuando las actuaciones todavía estaban bajo secreto de sumario provocó la reacción de los abogados que pidieron al magistrado que indagara los hechos al poderse haber cometido un delito de revelación de secretos.
Según expusieron en sus escritos recogidos por este diario, la filtración en prensa de las diligencias de entrada y registro de los detenidos conllevó un "linchamiento mediático" y comportó a los encarcelados "serios costes personales" dejando en "saco roto" su derecho a la presunción de inocencia. Unos extremos que muy probablemente expondrán en la 'vistilla' señalada para el próximo miércoles 13 de noviembre. Todo apunta a que en la misma volverán a negar todos los hechos que les imputa la Fiscalía de la Audiencia Nacional como ya hicieron en su comparecencia en sede judicial tras su detención cuando aseguraron que no pertenecían a ninguna organización terrorista.
Las reacciones al 'procés'
No obstante, durante el operativo de detención la Policía Judicial se incautó de sustancias utilizadas para crear material explosivo como la termita mezclada. Consideran los investigadores que el objetivo era actuar en Cataluña con motivo del aniversario del referéndum ilegal del 1-O así como de la publicación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia relativa al 'procés'. De hecho, el magistrado investiga en una pieza separada los altercados ocurridos en toda Cataluña en reacción a las condenas por sedición y malversación de caudales públicos a los líderes independentistas juzgados en el alto tribunal.
A este respecto, una de las primeras medidas que acordó el instructor fue cerrar el acceso a páginas web y perfiles en redes sociales del movimiento 'Tsunami Democràtic', al que atribuyen la autoría de los disturbios vividos en Cataluña y que se prolongaron más de seis jornadas. Los altercados provocaron importantes daños materiales (especialmente en Barcelona capital) y dejaron un total de 148 detenidos, 15 de los cuáles son menores de edad. Un total de 31 de ellos ingresó en prisión provisional mientras que otro centenar quedó en libertad provisional, de acuerdo con las informaciones suministradas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
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