La investigación sobre los encargos que hizo Iberdrola al comisario jubilado José Manuel Villarejo continúa durante el nuevo curso judicial. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón prorrogó a finales de julio -antes del parón de la actividad de los tribunales por el verano- esta pieza separada de la macrocausa 'Tándem' otros seis meses, pero con la intención de finalizar la instrucción lo antes posibles. No obstante, aún queda pendiente una decisión que podría dar un vuelco al caso: la resolución que dicte la Sala de lo Penal -instancia superior al instructor- sobre el recurso que interpuso la Fiscalía Anticorrupción contra la exoneración del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán.
Los fiscales encargados del también conocido como 'caso Villarejo' no comparten con el magistrado instructor que el máximo responsable del primer grupo energético a nivel nacional quede fuera de la investigación, en la que ha estado investigado un año. Por ello recurrieron la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que acordó la desimputación de Sánchez Galán el pasado mes de junio, al entender que "han transcurrido más de diez años entre la fecha en que se cometió el último hecho imputado (en 2009) y la de su citación como investigado", el pasado 18 de enero. Ello implica que los delitos de cohecho activo continuado, delito contra la intimidad y delito continuado de falsedad en documento mercantil que se le atribuyeron están prescritos.
Según explicó el juez instructor, la Sala marcó este camino en una resolución en la que concluyó lo mismo con respecto al que era el jefe de Gabinete de Presidencia de la eléctrica, Rafael Orbegozo. Es por ello que parece poco probable que los magistrados de la instancia superior estimen las pretensiones de la Fiscalía, según señalan fuentes jurídicas cercanas a la investigación a La Información, si bien se debe esperar a que la Sala de lo Penal dé a conocer su resolución para ver si da carpetazo definitivo, o no, a la presunta responsabilidad del presidente de la empresa del Ibex 35 en la contratación del comisario jubilado.
Mientras tanto, el juez García Castellón prepara las diligencias que motivaron la prórroga de la instrucción de la decimoséptima pieza de la macrocausa centrada en los negocios privados de Villarejo. Se da la circunstancia de que varias de las partes personadas también han presentado recursos contra la ampliación del tiempo de investigación, pero el estudio de estas impugnaciones y su posterior resolución, que puede marcar el devenir del procedimiento, no paraliza la actuación del magistrado.
Tres testigos
Así las cosas, el magistrado tiene pendiente tomar declaración a tres testigos que pidió la Fiscalía Anticorrupción. Por un lado, al actual jefe de Seguridad de Iberdrola España, Francisco 'Patxi' Blázquez, y que antes era la 'mano derecha' del anterior responsable de dicho departamento, el imputado Antonio Asenjo. Por otro lado, a Mariano Rodríguez, uno de los directores de administración que suscribió el documento que el exdirector de Control Corporativo de Iberdrola, José Antonio del Olmo, registró bajo notario en 2004 y que 2019 fue entregado al juez y en el que se denunciaba una triangulación de facturas de la que era conocedora la cúpula directiva. Y el tercer testimonio será de una empleada del departamento de Seguridad de la compañía eléctrica.
Con estas declaraciones se pretende aclarar si las facturas que la empresa Casesa emitió a Iberdrola en 2004 en realidad escondían servicios prestados por Villarejo, pues en esas fechas comenzó a desarrollar el denominado 'proyecto Arrow', con el objetivo de superar los obstáculos que estaban surgiendo en relación a la construcción y puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).
El 'regreso' de la Abogacía
Asimismo, el juez aceptó una de las peticiones de Asenjo y citó al Estado -lo que se haría a través de la Abogacía del Estado- como posible responsable civil de los delitos que el policía retirado habría cometido con sus espionajes privados mientras se encontraba en la Policía Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ofreció entonces "un plazo razonable" al servicio jurídico del Estado para que tomara conocimiento de las actuaciones y eventualmente presentara alegaciones en su defensa. Cabe recordar que la Abogacía del Estado ya estuvo personada en este procedimiento pero como acusación particular, si bien en septiembre de 2021 decidió retirarse de la investigación al considerar que las actuaciones de Villarejo no ocasionaron ningún perjuicio patrimonial al Estado.
Así las cosas, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, una vez se tome declaración a los testigos y se conozcan los argumentos del Estado no restarán muchas más diligencias por practicar, por lo que la instrucción podría quedar ya finiquitada a finales de este año y quedar lista para su enjuiciamiento, si así lo considera pertinente el magistrado García Castellón. Tras sacar del caso a la alta cúpula directiva, así como a la filial Iberdrola Renovables Energía -también por prescripción del delito-, solo hay tres imputados en la causa: el propio Villarejo, su socio Rafael Redondo, y el exjefe de Seguridad de la eléctrica Antonio Asenjo. No obstante, según indican las mismas fuentes, las declaraciones de los testigos pueden ser relevantes, ya que pueden justificar que Anticorrupción solicite nuevas pruebas que obliguen a prolongar las pesquisas, tal y como ha ocurrido en otras piezas separadas de la macrocausa.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios