La cuerda que sostiene el tira y afloja de la Comunidad de Madrid con los médicos residentes, está a punto de romperse. Este miércoles, la Consejería de Sanidad puso sobre la mesa el último giro de guión que ha acabado por quemar todos los puentes con los MIR: la decisión de imponer unos servicios mínimos para el 100% del colectivo, a cinco días de su huelga indefinida. En el marco de la negociación de un convenio que concrete la irregular situación de estos profesionales -médicos en formación que blindan centros de salud y hospitales de toda la región-, la autoridad ha optado por una estrategia sin precedentes en la historia de la sanidad madrileña.
Nunca antes en la región, la Administración había llegado a este punto sin retorno. Como en todo conflicto, aquí también hay dos relatos. Fuentes del departamento que encabeza Enrique Ruiz Escudero han trasladado a La Información los motivos que han guiado una determinación que, a todas luces, dinamita cualquier acercamiento y aboca a una huelga que, en plena eclosión de rebrotes y con la plantilla de consultorios y hospitales en horas bajas, pone en jaque la labor de 5.115 pijamas blancos.
"El comité de empresa, con un representante de la organización sindical Amyts y la Consejería de Sanidad, iniciaron el 2 de julio negociaciones para alcanzar pactos y acuerdos sobre mejoras de las condiciones laborales del personal residente en formación. El comité de empresa se sentó a negociar, habiendo registrado previamente convocatoria de huelga a partir de día 13 de julio, vulnerando claramente la buena voluntad de las partes que ha de guiar cualquier negociación y demostrando su falta de interés para acordar y evitar el conflicto".
La respuesta de la consejería señala la convocatoria de huelga por parte del colectivo, como el principal escollo para la negociación. Un vistazo rápido al calendario cuestiona una argumentación que no llega a mencionar el 'quid' de las conversaciones: la consolidación de un convenio colectivo histórico. El documento, un borrador fruto de tres años de trabajo, llegó a las manos de la consejería el viernes 22 de mayo. Tras casi veinte días de silencio institucional, el 8 de junio, los residentes anunciaron que irían a la huelga si no se llegaba a un acuerdo sobre el citado convenio antes del 2 de julio. El anuncio dejaba un mes por delante para sacar la bandera blanca y atajar la cuestión antes de un frenazo cuyo efecto podría ser demoledor. Hicieron falta solo tres encuentros para despejar cualquier duda: los MIR irían a la huelga.
La primera tuvo lugar el 22 de junio (catorce días después de los primeros tambores de huelga). "Entonces no se llegó a nada porque de entrada no querían llamarlo convenio, sino establecer algún tipo de acuerdo o pacto", señala Diego Boianelli, presidente del Comité de Huelga MIR y presente en la reunión. A esa primera toma de contacto no acudió el consejero, sino la directora General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del SERMAS, Raquel Sampedro, en la que desde entonces ha recaído el peso de la negociación. La siguiente cita se marcó el 2 de julio, el día en que vencía el ultimátum que establecieron los residentes para convocar la huelga. "Se levantaron de la mesa", asegura el MIR. La línea temporal -que recogen las actas de cada encuentro- confirma que la huelga, más que el escollo, fue el empujón que necesitaron las instituciones para iniciar el diálogo.
La tercera y última reunión tuvo lugar la mañana de este miércoles 8 de julio, cuando las autoridades sanitarias madrileñas optaron por decretar esos servicios mínimos al amparo de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) -aún pendientes de casación-, que avalaron que los médicos internos residentes del Servicio Navarro de Salud (SNS) podían ser designados como servicios mínimos en una huelga de facultativos, al estar bajo un contrato con obligación asistencial. Los residentes, a través de la Asesoría Jurídica del sindicato Amyts, ya han presentado "cautelarísimas inaudita parte" contra la decisión, al abrigo de la jurisprudencia del propio TSJN y del Tribunal Supremo.
"Somos personal no estructural, se supone que el hospital debe funcionar sin nosotros"
¿Qué dice el Alto Tribunal? La jurisprudencia del TS -hasta en cuatro sentencias, en relación a otras huelgas de 2018 y 2019-, respalda que la labor de asistencia de los MIR es solo una actividad requerida para su formación y especialización, es decir, que su participación en la huelga no requiere de servicios mínimos, servicios que deberían ser asumidos por el personal de plantilla. "El trabajo asistencial del colectivo es de carácter instrumental para obtener los títulos de especialistas; mientras que para los adjuntos, esta es de caracter esencial por la propia naturaleza de sus contratos", incide Sheila Justo, presidenta del Sector MIR del sindicato Amyts, también presente en la reunión.
La Consejería de Sanidad regional insiste a este medio que "estaría dispuesta a reiniciar nuevamente las conversaciones, siempre y cuando procedan, inmediatamente, a la retirada del aviso de huelga y se comprometan a poner fin a cualquier intento de conflicto, un compromiso que deberá mantenerse durante toda la negociación". Los residentes insisten en que las autoridades madrileñas no han cedido un ápice: "En vez de convocarnos para negociar, lo hacen para imponernos estos servicios mínimos que nunca han tenido los residentes en Madrid. Somos personal no estructural, y se supone que los hospitales deberían funcionar sin nosotros". En plena cascada de rebrotes, con los sanitarios planeando vacaciones y las consultas bajo mínimos, los residentes preparan las pancartas para un frenazo histórico.
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