Nadie ha asumido aún la responsabilidad de lo ocurrido. Esa es la situación en la Comunidad de Madrid tras conocerse que la Consejería de Sanidad envió un protocolo a los hospitales para que rechazaran a los ancianos que vivían en residencias. Una instrucción que ha vuelto a poner patas arriba la relación entre los socios del gobierno en plena pandemia de coronavirus. Y por la que se están produciendo cruces de declaraciones y acusaciones disimuladas de un lado a otro para que alguien 'trague' con la culpa. Por un lado, desde el PP se carga contra el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, por los emails en los que avisaba de las posibles consecuencias legales de esa orden. En el otro lado, Ciudadanos rechaza pedir la dimisión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. A pesar de que el documento lo firmó un alto cargo que dependía de su departamento y que fue destituido hace menos de un mes.
Todo comenzó cuando la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, negó que se enviara dicho protocolo de discriminación de internos ancianos a los centros sanitarios. Según Ayuso, se trataba de un simple "borrador" que en ningún caso se aplicó. Solo unos días después, el responsable de Sanidad, que asumió la competencia sanitaria de las residencias en mitad de la crisis del coronavirus, admitió que sí se había enviado, aunque "por error". Posteriormente, Reyero insistió en que sí se había remitido ese papel para que no se procediera a la derivación de los mayores desde las residencias. Tres versiones distintas que acabaron en una guerra. Y que se desencadenó tras conocerse los correos que el titular de Políticas Sociales envió a su colega Ruiz Escudero donde le advertía de que "muchos residentes podrían fallecer de manera indigna" y que "incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales" si esas medidas se llevaban a cabo.
Ahora, en el Gobierno madrileño se está a la búsqueda de un 'chivo expiatorio' que cargue con las culpas. Ninguno de los socios está dispuesto a asumir ese coste político. Y ni mucho menos las consecuencias legales que puede acarrear esa "discriminación" a la que aludía Reyero. Este último se ha convertido en las últimas horas en la diana de los ataques de Ayuso y del PP que ella lidera en la región madrileña, sobre todo después de que esos emails llegaran a los medios. La presidenta le ha reprochado que "siembre dudas" sobre la gestión de las residencias este mismo lunes, y ha insistido en que no se firmó dicho protocolo. El pasado viernes, el consejero de Sanidad fue mucho más allá y le acusó de "traición" y de "fariseísmo político". Además, le achacó que no hubiera acudido a las 21 reuniones en las que se decidían las actuaciones sobre estos centros.
Estas acusaciones contra Reyero contrastan con los detalles que se pueden en el documento oficial que instaba a no mandar a los ancianos enfermos a los hospitales en las peores semanas de la pandemia. El documento lo firmó Carlos Mur, que entonces era director general de Coordinación Socio-Sanitaria. Un alto cargo nombrado por el lado del PP en el Ejecutivo madrileño y que fue destituido el pasado 13 de mayo, cuando vieron la luz los primeros papeles con membrete de la Comunidad con esa "discriminación". Según el gobierno regional, su cese se produjo por una "reestructuración" que coincidió con la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, por discrepancias en la solicitud de cambio de fase que la Consejería de Sanidad envió al ministerio del ramo. Y la propia Ayuso señaló que contaba con él a pesar de prescindir de sus servicios.
Mientras el PP insiste en público en rechazar la actuación y el papel que juega el consejero de Políticas Sociales en el Ejecutivo regional, Ciudadanos opta por el 'perfil bajo'. Los naranjas no tienen entre sus planes pedir la 'cabeza' de los responsables de Sanidad, según explican fuentes de los naranjas. Ni siquiera aunque su titular sería el responsable principal de esa orden contra los mayores por estar al frente del departamento del que salió el documento. El vicepresidente, Ignacio Aguado, aún no se ha pronunciado sobre toda esta polémica. Y antes de que se produjera, elogió en varias ocasiones el rol desempeñado por Ruiz Escudero durante la crisis de la Covid-19. Además, Cs no teme que Ayuso pueda tomar la decisión de destituir a Reyero, que se ha multiplicado en los últimos días para insistir en su versión de que esa actuación contra los ancianos se realizó. De hecho, ella misma lo ha descartado porque sería incumplir el pacto de gobierno.
Querellas y elecciones
Las "consecuencias legales" a las que aludía el titular de Políticas Sociales serán el siguiente escenario que tendrán que afrontar los socios de coalición. El Tribunal Supremo ya ha recibido una querella contra la presidenta y su 'jefe' sanitario por la gestión de las residencias. Pero esa vía judicial abierta por una asociación de familiares de internos es previa a que se conocieran los mensajes del consejero de Ciudadanos reclamándole a su compañero del PP que se tuviera en cuenta a los ancianos. Pero el propio Reyero puede afrontar posibles consecuencias, ya que aunque ha denunciado la situación, las residencias siguen siendo su competencia. Las acusaciones de que incluso mandó el mismo protocolo que Sanidad, según publicó El Mundo, pueden generarle problemas. A lo que se añaden los reproches de que evitó todas las citas donde se tomaban las decisiones sobre ese ámbito.
Mientras todo esto ocurre, la oposición de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos ya ha reclamado a Ayuso que destituya a Ruiz Escudero por toda esta polémica. Vox no se ha sumado a dicha petición, y de hecho se ha acercado mucho más a Ayuso en las últimas semanas. Algo que no gusta nada en Ciudadanos, que ya está alerta por si la presidenta da un nuevo giro y destituye a todos sus consejeros para apoyarse solo en Vox. Las voces que hablan de un posible adelanto electoral también empiezan a multiplicarse. Los naranjas no quieren ni oír hablar de esa posibilidad. Como tampoco están dispuestos a acordar una moción de censura que, casi con toda seguridad, sería apoyada las fuerzas de izquierda. Todo está en manos de Ayuso, que puede tanto romper el gobierno como llamar a las urnas.
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