El Gobierno de coalición trabaja con un escenario de 'alta tensión' de cara a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los rebrotes previstos para otoño se han adelantado y la realidad epidemiológica se complica día a día, especialmente en zonas localizadas que ya se encuentran a la cabeza de Europa en incidencia acumulada de Covid. A ello hay que sumar una situación económica endiablada en determinados sectores que alejan la posibilidad de una recuperación en "uve asimétrica"de la que ha venido hablando el equipo económico del Ejecutivo. El cóctel se completa con casos judiciales, leyes pendientes, una crisis que afecta al exjefe del Estado y unos Presupuestos en el aire con una única solución posible en este momento, la vía de Ciudadanos.
Moncloa sabe de lo complicado de la fotografía. También lo conocen y lo monitorizan día a día en el Ministerio de Sanidad, sin vacaciones, y en la Vicepresidencia económica. Fuentes gubernamentales admiten que la encrucijada no es sencilla pero insisten en señalar que, en este momento, la situación sanitaria no es la misma a la de la semana del 9 de marzo. Esos días, críticos en todo el país, llevaron a Pedro Sánchez y sus ministros a declarar un estado de alarma tras un consejo de ministros de más de siete horas de duración. Hoy el país atraviesa un punto de inflexión preocupante pero no límite como entonces, remarcan.
La situación sanitaria tiene su reflejo en otras derivadas que también complican el inicio de curso político. Una de ellas es la vuelta al cole, aún sin definir y a la espera de un protocolo unificado. El Gobierno asegura que en la conferencia sectorial de este jueves se avanzará en medidas y que se concretarán en la Conferencia de Presidentes aún sin fecha. El retraso en la convocatoria, dicen, se debe a que el avance del virus hace imprevisible conocer con qué situación volverán los escolares a las clases. Especial atención tiene fijada el Gobierno también en las residencias. Este lunes hay convocada una reunión del equipo de Pablo Iglesias con las comunidades autónomas para fijar un protocolo común y evitar que el virus provoque el drama de los meses de confinamiento.
Situación económica endiablada y PGE mirando a Cs
El Gobierno trabaja también con una situación económica límite en los próximos meses. La temporada turística, con casi 100.000 millones perdidos en ingresos según Exceltur, se da por amortizada y no se descarta tener que volver a escenarios restrictivos o incluso cerrar empresas, según está contemplado en el Plan de Respuesta Temprana aprobado por Ejecutivo central y comunidades autónomas a medidas de julio. Ahora la prioridad es ampliar los ERTE, hecho que se confirmará en un acto en Baleares, y desatascar el cobro del Ingreso Mínimo Vital.
La prioridad político-económica para Sánchez es sacar adelante los Presupuestos del próximo año pero las opciones apuntan hacia una dirección: Ciudadanos. Cerrada la vía de ERC hasta que no se solucionen las elecciones en Cataluña (lo dejo claro Oriol Junqueras internamente antes de regresar a prisión) y ratificado el "no es no" del PP en boca de Pablo Casado, la formación naranja es la única dispuesta a negociar unas cuentas con el Gobierno de coalición. Hablan fuentes del partido que pactó ya en varias ocasiones la prolongación del estado de alarma: hay "disposición a sentarnos para que esas cuentas sean sensatas y moderadas". Es decir los PGE de 2019 que pactaron PSOE y Unidas Podemos en 2019 y que naufragaron no deberían ser, para Cs, la guía a seguir.
Ciudadanos afirma que tiene "disposición a sentarnos [con el Gobierno] para que las cuentas sean sensatas y moderadas"
La negociación, confirman desde Hacienda, aún no ha comenzado pero las cuentas saldrían. PSOE y Unidas Podemos tienen 155 diputados. Los 10 de Cs abrirían la puerta a un acuerdo con Coalición Canaria. Y con el PNV también ha habido, con altibajos, cierto entendimiento durante la pandemia. Haría falta buscar otros votos para completar la mayoría con Más País, Compromís, el PRC o Teruel Existe en la recámara. Ahora falta que el proyecto de ley de Presupuestos llegue al consejo de ministros, evento previsto para el mes de septiembre, y que comience la tramitación parlamentaria, si la situación sanitaria lo permite.
El proyecto de Presupuestos irá acompasado al plan de reformas que el Gobierno deberá enviar a Bruselas en las próximas semanas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ultima este proyecto con inversiones y cambios sustanciales "articulado" a los fondos europeos de reconstrucción de los que España recibirá hasta 140.000 millones. Será una de las grandes novedades en consejo de ministros del inicio del curso.
La vicepresidenta Calviño está ultimando un plan de reformas e inversiones "articulado" con los fondos de la UE
En el terreno político el Gobierno está ultimando la nueva Ley de Memoria Democrática en la que se incluyen importantes novedades como la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, aportaciones presupuestarias para las exhumaciones en fosas comunes o un plan para reconvertir el Valle de los Caídos. Fuentes gubernamentales explican que la vicepresidenta primera Carmen Calvo llevará a un próximo consejo de ministros en septiembre el anteproyecto de ley para iniciar su tramitación.
La coalición con Podemos tiene "salud de hierro"
Agosto ha sido un mes de menos descanso del deseado para el Gobierno. Dicen en el gabinete sanchista que "no hemos parado". Otro frente surge de las causas abiertas contra los socios de Sánchez en los tribunales que han emergido y amenazan la entente firmada el 12 de noviembre y concretada el 30 de diciembre. Los veranos no son épocas agradables para PSOE y Unidas Podemos; sólo basta recordar el ingrato estío de 2019, con un acuerdo de Gobierno que acabó en semitragedia y en las segundas elecciones del 10-N. Ahora desde Moncloa son contundentes, hablan de la "salud de hierro" de la coalición y prefieren no manifestarse en relación a causas judiciales extragubernamantales. Cuentan, no obstante, con que la presión política y mediática vaya a más en esto meses.
A esta situación hay que sumar la salida de don Juan Carlos de España y el horizonte judicial para el exjefe del Estado. El Gobierno se remite a la misma explicación que con Unidas Podemos y asegura que es una cuestión que no afecta al Gobierno ni al actual monarca.
En Cataluña la situación también es endiablada. Moncloa sigue de cerca todos los movimientos a la espera de la convocatoria electoral. El pulso por el momento en el que se debería apretar el botón es evidente entre president y expresident. Quim Torra, según fuentes cercanas a la Generalitat, quiere disolver el Parlament antes de que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre su inhabilitación (la vista es el 17 de septiembre) y Carles Puigdemont apuesta por retrasar esos comicios al máximo, con el horizonte puesto incluso en febrero de 2021, con la intención de armar su nuevo partido, JxCat, desde Waterloo. Mientras, la mesa de negociación bilateral con el Gobierno sigue paralizada.
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